Critican que el Gobierno de España dedique subvenciones a algunos desaparecidos del Franquismo y no garantice los derechos de todos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que inició la búsqueda de desaparecidos por la represión franquista en el año 2000, ha registrado un escrito, dirigido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el que muestra su frontal oposición a la política de subvenciones para exhumaciones y la forma en que el Gobierno comunica sus políticas hablando permanentemente de cantidades económicas y no garantizando derechos.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificada genéticamente en España, “es incomprensible que el Gobierno trate de presumir de unas subvenciones que no garantizan los derechos de las víctimas, que no investigan la verdad, que no denuncian los crímenes y que no reparan a familias que después de sufrir asesinatos y saqueos de bienes a punta de pistola, tuvieron que vivir gobernados por los asesinos durante cuarenta años y nunca han sido reparados por el Estado”.

En el escrito pasado por registro la ARMH exponen haber: «leído la nota de prensa de la reunión en Zaragoza del Consejo Territorial de Memoria Democrática. Su titular ya es una agresión a la dignidad de las víctimas de la dictadura. Dice así: «El Gobierno de España distribuye tres millones de euros entre las CCAA para la exhumación e identificación de víctimas de la Guerra y la dictadura». Resulta lamentable escuchar la comunicación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática hablando de dinero de subvenciones para poner parches en los derechos de millas de familias que deben haber tenido acceso a la justicia, haber visto sentenciar a los responsables de las desapariciones de sus seres queridos, haber leído los hechos en una sentencia judicial y haber sido reparadas con indemnizaciones equivalentes a las de otras víctimas de hechos violentos como las del terrorismo, con el agravante de que las familias de los desaparecidos por la represión franquista vivieron cuatro décadas bajo una dictadura absolutistas gobernada por los asesinos de sus seres queridos Resulta escandaloso que el Ministerio de Política Territorial haga una nota de. prensa donde habla de llevar a cabo exhumaciones y no se mencione la palabra verdad, ni la palabra justicia, ni las palabras verdugo o asesino y en ninguno de sus renglones se escriba la palabra desaparecidos. Se habla de exhumaciones como si fueran meros actos administrativos, como si las millas de desapariciones forzadas de la dictadura no fueron parte de gravísimos crímenes de lesa humanidad. Ese lenguaje centrado en cifras de subvenciones económicas para Comunidades Autónomas degrada la dignidad de las víctimas, convierte sus complejos problemas en algo que parece que se resuelve con unas subvenciones y las exponen a las críticas políticas que las vínculan con intereses meramente económicos, cuando las víctimas del franquismo sufren una tremenda discriminación con respecto a otras víctimas, como las del terrorismo”.

Silva añade que “la nota de prensa del ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática parece el resumen de una especie de subasta; “en su comunicación, el Gobierno no menciona a los desaparecidos, ni a los verdugos, ni utiliza palabras como verdad, o justicia porque no es lo que busca”. Y concluye: “Todas estas informaciones oficiales se las enviamos al Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU para que haga seguimiento de cómo España tiene la peor política de búsqueda de desaparecidos y reparación de víctimas del mundo; unas subvenciones que hacen competir a unos familiares con otros, porque los recursos son limitados, y ni siquiera cuenta con una oficina que atienda a las víctimas. No tienen nada de lo que presumir”.

La ARMH exige al Gobierno que España deje de ser el único país del mundo que utiliza subvenciones para erradicar desapariciones forzadas y que se cree de una vez por todas una institución, con delegaciones en todas las provincias españolas, que atienda a familiares, que los escuchen y que garantice verdaderamente sus derechos. Que el Gobierno de España deje de financiar exhumaciones en las que hay poca investigación y mínimo o nulo contacto con familiares que buscan a esos desaparecidos. Que se cumple estrictamente la Convención Contra la Desaparición Forzada en Involuntaria de Naciones Unidas, ratificada por España en el año 2009, que no dice nada de subvencionar las exhumaciones porque habla de garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, algo que está muy alejado de las políticas que promocionan cantidades económicas.