Veinte años del 4F -Ciutat Morta-: la herida abierta de la violencia policial y la impunidad
En junio de 2013, un grupo de 800 personas ocupan un cine abandonado del centro Barcelona para proyectar un documental. Rebautizan el antiguo edifcio en honor a una chica que se suicidó dos años antes: Cinema Patricia Heras. ¿Quién era Patricia? ¿Por qué se quitó la vida y qué tiene que ver Barcelona con su muerte? Esto es exactamente lo que se quiere dar a conocer con esta acción ilegal y de gran impacto mediático: que todo el mundo sepa la verdad sobre uno de los peores casos de corrupción policial en Barcelona, la ciudad muerta.
Ayer se cumplieron 20 años del caso conocido como 4F, uno de los episodios más indignantes de la historia reciente de Barcelona y eje central del documental Ciutat Morta. Dos décadas después de los hechos, el caso sigue siendo un símbolo de abusos policiales, graves irregularidades judiciales y una falta total de rendición de cuentas por parte de las instituciones implicadas.
Los hechos se remontan a la noche del 4 de febrero de 2006, cuando un agente de la Guardia Urbana de Barcelona resultó gravemente herido tras la caída de un objeto desde un edificio ocupado en la calle Sant Pere Més Baix. En las horas posteriores, varias personas jóvenes fueron detenidas sin pruebas concluyentes y sometidas a un proceso penal que, con el paso del tiempo, ha sido ampliamente cuestionado.
Según relataron las personas encausadas, durante su detención y custodia policial se produjeron torturas físicas y psicológicas, así como presiones para forzar declaraciones inculpatorias. Estas denuncias no fueron investigadas de forma efectiva. A pesar de las contradicciones en los testimonios policiales y de la ausencia de pruebas materiales sólidas, el caso avanzó con condenas que posteriormente fueron señaladas como injustas por juristas, periodistas y organismos de derechos humanos.
El documental Ciutat Morta, emitido en 2015, supuso un punto de inflexión al sacar a la luz documentos, testimonios y grabaciones que evidenciaban irregularidades graves en la instrucción del caso y en el juicio. Lejos de cerrar la herida, su impacto reforzó una pregunta que sigue sin respuesta: cómo fue posible que un proceso con tantas sombras terminara en condenas firmes.
La impunidad policial, veinte años después
Uno de los elementos más persistentes del caso 4F es la ausencia de responsabilidades policiales. Ninguno de los agentes implicados ha sido condenado por las torturas denunciadas ni por las irregularidades detectadas en los informes y declaraciones. Las causas abiertas contra miembros de la Guardia Urbana fueron archivadas o nunca prosperaron, consolidando una sensación de impunidad que aún hoy genera indignación.
Esta falta de consecuencias contrasta con el impacto devastador que el caso tuvo en las personas condenadas. La más trágica de ellas fue Patricia Heras, poeta y una de las jóvenes sentenciadas, que se suicidó en 2011 durante un permiso penitenciario. Su muerte se ha convertido en el símbolo más doloroso del coste humano de un sistema que no solo falló en garantizar un juicio justo, sino que tampoco ofreció reparación alguna.
Veinte años después, el caso 4F sigue siendo citado como ejemplo paradigmático de violencia institucional y de la dificultad de investigar a los cuerpos policiales cuando existen denuncias de abusos. La ausencia de una revisión judicial efectiva y de un reconocimiento oficial de los hechos mantiene vivo el debate sobre la necesidad de mecanismos independientes de control policial.
Recordar el 4F no es solo un acto de memoria histórica, sino una exigencia de justicia y transparencia. Mientras las denuncias de torturas sigan sin esclarecerse y la impunidad continúe intacta, el caso seguirá siendo una mancha en el sistema democrático y judicial.
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