Exigen en Chile la continuidad del Plan de Búsqueda de Desaparecidos que Kast amenaza con desmantelar

Creado en 2023 por la administración de Gabriel Boric, en ocasión del 50 aniversario del golpe de Estado, el programa tiene como objetivo encontrar a mil 469 personas cuyo paradero se desconoce, esclarecer las circunstancias de su desaparición y garantizar el acceso a la información a los familiares.

Sin embargo, el 31 de marzo último el gobierno del presidente José Antonio Kast decidió despedir a dos abogadas y una socióloga que tenían cargos estratégicos en esa instancia.

Tras advertir que las funcionarias desvinculadas son profesionales destacadas, la CCHDH emitió un comunicado donde exige que el plan nacional no se vea afectado por debilitamientos en sus equipos, restricciones operativas o cambios que comprometan su continuidad.

La comisión de derechos humanos alerta que recientes medidas y anuncios dan cuenta de una orientación regresiva en materias que conciernen a aspectos esenciales de la construcción democrática del Estado y de la sociedad en Chile.

Como ejemplos cita el intento de indultar a condenados por graves violaciones cometidas durante el estallido social de 2019, que dejó más de tres mil 700 víctimas, muchas de ellas con secuelas irreparables, como el trauma ocular.

También se refirió al proyecto para beneficiar con prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad, o al retiro desde la Contraloría del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029.

Frente a este escenario, la CCHDH rechaza cualquier medida que implique impunidad y pide transparencia en las decisiones respecto a los equipos encargados de implementar el plan de búsqueda.

Además, demanda el pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías efectivas de no repetición.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos es una organización no gubernamental, fundada en 1978, que jugó un rol importante en la documentación de violaciones a las garantías fundamentales y la defensa legal de perseguidos políticos.