Llega al Consejo de Ministros la ley para reconocer y equiparar a víctimas de crímenes de agentes del Estado español
- El Consejo de Ministros debatirá hoy la ley impulsada por Izquierda Unida, que lo considera un paso histórico para reconocer a las víctimas de la violencia policial durante la Transición y hasta 1983.
- Izquierda Unida ha defendido que esta reforma corrige una injusticia histórica, mientras que la familia de García Caparrós y colectivos memorialistas han subrayado que su lucha simboliza la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad histórica con las víctimas de la represión estatal.
Izquierda Unida (IU) llevará el próximo martes 3 de marzo al Consejo de Ministros la Proposición de Ley para el reconocimiento y equiparación de víctimas de crímenes de agentes del Estado, una iniciativa registrada en el Congreso que busca reparar jurídicamente a quienes sufrieron violencia institucional, especialmente durante la Transición.
La propuesta pretende modificar la legislación vigente para que las víctimas de actuaciones ilícitas cometidas por agentes del Estado puedan acceder al mismo reconocimiento, derechos y reparaciones que otras víctimas de violencia política. Desde IU defienden que se trata de una “cuestión de justicia democrática” pendiente desde hace décadas.
Justicia para el Caso Almería
Uno de los ejemplos que IU pone sobre la mesa es el conocido Caso Almería, en el que tres jóvenes —Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo— fueron detenidos, torturados y asesinados por agentes de la Guardia Civil en mayo de 1981 tras ser confundidos con miembros de ETA.
Desde Izquierda Unida en Almería se ha reclamado reiteradamente que estos hechos sean reconocidos como violencia policial y que sus víctimas obtengan reparación plena. La formación subraya que, pese a las condenas judiciales que se produjeron en su momento, el Estado no ha otorgado a las familias el reconocimiento equiparable al de otras víctimas del terrorismo.
En la misma línea, distintos colectivos y representantes políticos han insistido en que estas muertes deben ser consideradas oficialmente como casos de violencia ejercida por agentes del Estado, una reivindicación que vuelve a cobrar fuerza con la tramitación de esta proposición de ley.
Ampliar el marco de la memoria democrática
La iniciativa también contempla ampliar el alcance temporal del reconocimiento hasta el 1 de enero de 1983, cubriendo así casos ocurridos en los primeros años de la Transición que actualmente quedan fuera de determinados marcos normativos.
IU sostiene que el objetivo es cerrar una “laguna legal” que ha dejado a numerosas familias sin reconocimiento institucional, pese a tratarse de vulneraciones graves de derechos humanos cometidas en un contexto democrático.
La iniciativa legislativa impulsada por IU plantea:
- Modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y la Ley de Memoria Democrática para incorporar de manera clara los crímenes cometidos por agentes del Estado hasta el 1 de enero de 1983 como hechos susceptibles de reconocimiento oficial.
- Equiparar legal y económicamente a estas víctimas con las víctimas de otras formas de violencia política o terrorista, con acceso a prestaciones, indemnizaciones, asistencia jurídica y derechos sociales.
IU, junto con organizaciones memorialistas defienden que estas modificaciones son clave para atender casos que han quedado excluidos por lagunas legales y para cerrar heridas históricas pendientes de reconocimiento estatal.
García Caparrós: reconocimiento e indemnización tras décadas de lucha
Un elemento central de la discusión es el caso de Manuel José García Caparrós, trabajador malagueño de 18 años asesinado por un disparo de la Policía Armada durante una manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977.
La familia de García Caparrós lleva décadas reclamando que su muerte sea reconocida oficialmente como víctima de terrorismo de Estado o, en su defecto, que se le otorguen las mismas indemnizaciones que a las víctimas del terrorismo. Aunque inicialmente el Ministerio del Interior denegó la condición de víctima del terrorismo y, por tanto, el derecho a recibir indemnización bajo la Ley 29/2011, alegando que los hechos no encajaban en el marco legal vigente, esta decisión fue ampliamente criticada por la familia y colectivos memorialistas como injusta y contraria al espíritu de la memoria democrática.
En respuesta a estas críticas y al impulso legislativo anunciado, el Gobierno ha dado un paso adelante: el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un decreto-ley que reconozca a García Caparrós como víctima en el marco de la memoria democrática y permita que sus hermanas tengan derecho a recibir la indemnización correspondiente, equiparándola con las que reciben otras víctimas de terrorismo de Estado.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha llamado personalmente a la familia para transmitirles disculpas por la forma en que fue gestionada su solicitud inicial y ha defendido que se ha encontrado “la fórmula más adecuada de dar una respuesta justa, necesaria, y diría que obligatoria al reconocimiento y dignidad” de García Caparrós.
Este reconocimiento en forma de decreto ley no solo busca reparar el caso concreto de García Caparrós, sino abrir la puerta a que otras víctimas de violencia institucional durante los años de la Transición también puedan acceder a un marco jurídico claro que reconozca sus derechos y garantías de reparación.
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