El control de las importaciones de la UE no está logrando mantener los productos pesqueros ilegales fuera de los platos europeos, advierte un nuevo informe

29 de octubre de 2025, 09:00, Bruselas.

Un nuevo informe de la EU IUU Fishing Coalition, integrada por la Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts y WWF UE, revela que los controles de importación de la UE y la aplicación inadecuada de la legislación vigente por parte de los Estados miembros están permitiendo la entrada de productos pesqueros ilegales en el mercado de la UE. 

El análisis, que examinó la aplicación del Reglamento de la UE sobre la pesca INDNR entre 2020 y 2023, revela que algunos países han incumplido sistemáticamente incluso los controles más básicos sobre las importaciones de productos pesqueros. Por ejemplo, en 2022 y 2023, Italia solo verificó un certificado de captura cada año. Portugal verificó cinco al año entre 2020 y 2023, rechazando solo dos envíos.

Esto les expone a un alto riesgo de importar productos asociados a delitos contra las personas y el medio ambiente. Varios Estados miembros están descuidando la investigación adecuada de los envíos de productos pesqueros procedentes de países de alto riesgo, al no verificar continuamente los certificados de captura destinados a demostrar que el pescado ha sido capturado legalmente. 

Thomas Walsh, coordinador de la EU IUU Fishing Coalition, afirmó: «En toda la UE, el número de importaciones a las que se ha denegado la entrada al mercado sigue siendo sorprendentemente bajo, incluso en los principales países importadores de productos pesqueros, como Italia y Portugal. A esta situación se suma el incumplimiento generalizado por parte de algunos Estados miembros de su obligación legal de inspeccionar al menos el 5 % de los desembarques directos de buques no pertenecientes a la UE. El caso más preocupante es el de los Países Bajos, que siguen recibiendo grandes volúmenes de productos pesqueros procedentes de Estados del pabellón de alto riesgo, como Rusia, y aún así no cumplen este requisito mínimo de inspección».

Según el informe, aunque España, por el contrario, inspecciona más del 70 % de los desembarques directos, su buen rendimiento se ve socavado por el enfoque laxo de otros Estados miembros. Este mosaico de medidas de control crea oportunidades para el «control shopping», por el que los productos pesqueros ilegales se introducen en el mercado de la UE a través de los puntos de entrada más débiles.

Steve Trent, CEO y fundador de la Environmental Justice Foundation, dijo: «Estas debilidades crean peligrosas lagunas jurídicas que los operadores ilegales aprovechan. Quince años después de la entrada en vigor del Reglamento de la UE sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aunque ha tenido múltiples efectos positivos, los Estados miembros siguen sin hacer lo suficiente para proteger a los consumidores, a los pescadores legales y a nuestros océanos. Cada fallo en el control de las importaciones de alto riesgo es una invitación abierta a los operadores ilegales, y cada punto débil socava a los países que se toman en serio sus responsabilidades. La Comisión Europea debe utilizar todas las herramientas a su alcance para exigir responsabilidades a los Estados miembros rezagados».

La Coalición destaca que, aunque la digitalización de los controles de importación mediante el sistema CATCH es un paso positivo, las soluciones tecnológicas por sí solas no pueden resolver fallos sistémicos, como la necesidad de aumentar las inspecciones físicas de los desembarques directos. 

Nikolas Evangelides, funcionario de The Pew Charitable Trusts, afirmó: «Las normas contra la pesca ilegal solo son tan eficaces como su aplicación, y los Estados miembros de la Unión Europea no están cumpliendo sus compromisos. Si no utilizan plenamente las herramientas descritas en el Reglamento de la UE sobre la pesca INDNR, los gobiernos corren el riesgo de debilitar la cadena de suministro de productos pesqueros, permitir que las capturas de alto riesgo lleguen al mercado y dejar que continúen las operaciones de pesca ilegal sin control. Para proteger los ecosistemas oceánicos, la seguridad alimentaria mundial y a las personas que dependen de una pesca saludable y sostenible, estos gobiernos deben tomar medidas inmediatas para mejorar las inspecciones de los buques pesqueros, aumentar la transparencia de los datos y detener el desembarque de capturas ilegales».

Notas

El informe destaca la importancia de que la Comisión Europea exija responsabilidades a los Estados miembros iniciando procedimientos de infracción contra aquellos que incumplan sistemáticamente sus obligaciones. En junio, la Comisión Europea incoó un procedimiento de infracción contra Portugal por no aplicar adecuadamente las normas de la UE contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), alegando importantes deficiencias en la aplicación del régimen de certificación de capturas de la UE. También recomienda mejorar la transparencia mediante la publicación de datos completos sobre la aplicación y el fomento de una mayor notificación para identificar a los Estados miembros con malos resultados. Los Estados miembros también deben aumentar las inspecciones y asignar recursos suficientes para aplicar eficazmente los controles de importación. Deben denegar la entrada a los envíos relacionados con la pesca ilegal y dejar de censurar gran parte de los informes bienales, que deben ser accesibles a las partes interesadas y a la sociedad civil.

La carta de misión del nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, insta a tomar medidas para mantener la igualdad de condiciones y proteger la pesca de la UE de la competencia desleal. Garantizar que todos los Estados miembros apliquen correctamente el Reglamento sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una de las formas más eficaces de cumplir este compromiso y proteger a los consumidores de la UE de los productos pesqueros relacionados con delitos medioambientales y abusos de los derechos humanos.

Cifras clave

• La UE es el mayor importador mundial de productos pesqueros, ya que el 69 % de estos proceden de fuera del bloque. En 2023, las importaciones procedentes de fuera de la UE alcanzaron un valor de 30 100 millones de euros. Se estima que uno de cada cinco productos pesqueros a nivel mundial está relacionado con la pesca INDNR, que a menudo se asocia con la destrucción del medio ambiente y el trabajo forzoso.
  
• A pesar de contar con las normas más estrictas sobre el papel, los Estados miembros no las están aplicando. Entre 2020 y 2023, solo el 0,29 % de los casi 800 000 certificados de captura recibidos de países no pertenecientes a la UE se verificaron con los Estados del pabellón, y solo el 0,01 % fueron rechazados.
  
• Mientras que los principales importadores, Italia y Portugal, apenas realizaron controles de verificación y rechazaron casi ninguna importación, España y Alemania fueron los países que aplicaron los controles más estrictos. Los Países Bajos, punto de desembarque clave para los buques rusos, inspeccionaron menos del 4 % de los desembarques directos no pertenecientes a la UE, por debajo del mínimo legal del 5 %.
  
• A partir de 2026, el nuevo sistema digital de certificación de capturas (CATCH) de la UE será obligatorio. Si bien mejorará la eficiencia, no podrá resolver fallos sistémicos como la debilidad de los procesos de verificación, inspección y rechazo. Existe una necesidad urgente de que los Estados miembros y la Comisión Europea refuercen su aplicación.

Acerca de la EU IUU Fishing Coalition

La EU IUU Fishing Coaltion, integrada por la Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts y WWF UE, trabaja conjuntamente para promover el liderazgo de la UE en la mejora de la transparencia y la gobernanza de la pesca a nivel mundial con el fin de poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR).

Acerca de EJF

Nuestro trabajo para garantizar la justicia medioambiental tiene como objetivo proteger el clima global, los océanos, los bosques, los humedales y la fauna silvestre, así como defender el derecho humano fundamental a un entorno natural seguro, reconociendo que todos los demás derechos dependen de ello. EJF trabaja a nivel internacional para informar sobre las políticas y promover reformas sistémicas y duraderas que protejan nuestro medio ambiente y defiendan los derechos humanos. Investigamos y denunciamos los abusos y apoyamos a los defensores del medio ambiente, los pueblos indígenas, las comunidades y los periodistas independientes que se encuentran en primera línea de la injusticia medioambiental. Nuestras campañas tienen como objetivo garantizar un futuro pacífico, equitativo y sostenible. Nuestros investigadores, cineastas y activistas trabajan con socios de base y defensores del medio ambiente en todo el mundo. Para obtener más información u organizar una entrevista con uno de los miembros de nuestro equipo, póngase en contacto con media@ejfoundation.org.