Prensa Latina •  Internacional •  28/09/2017

Una prórroga de ley para los pueblos originarios en Argentina

Una sesión especial el Senado argentino finalmente dio luz verde a la prórroga de la ley de emergencia territorial, la 26.160, que suspende los desalojos de tierras ocupadas por los pueblos originarios hasta que se realice un relevamiento de esos terrenos.

Una prórroga de ley para los pueblos originarios en Argentina

Mientras los parlamentarios debatían el futuro de los grupos ancestrales, en las afueras del Poder Legislativo, representantes de al menos 40 comunidades indígenas acamparon con el alma en vilo en la lucha porque la vigencia de esta ley continuará en pie.

Desde hacía días estos pueblos, nucleados en el colectivo Tierra y Territorio, habían instalado una carpa frente al Congreso a la espera del debate e incluso fueron recibidos por un grupo de diputados de distintos bloques políticos.

Con 62 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, los senadores dieron media sanción a la extensión de esta norma suscrita en 2006, que ahora quedará en manos de la cámara de Diputados para su aprobación final.

De acuerdo con lo aprobado, hasta 2021 queda prohibida todo tipo de acción legal que tuviera como objetivo despojar a los pueblos originarios de las tierras en donde están establecidos.

La normativa, que fue prorrogada en 2009 y 2013 y se vencía en noviembre, adquiere significativa importancia en estos tiempos con un caso latente y delicado que ha sacudido al país: la desaparición de Santiago Maldonado.

El joven cumplirá el próximo domingo dos meses desde que el 1 de agosto se le vio por última vez precisamente en la localidad de Cushamen, en la provincia de Chubut, apoyando la lucha de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, donde alrededor de cinco familias con niños viven en un predio de tierras desde marzo de 2015.

El lugar donde fue visto Maldonado tras la represión de fuerzas de gendarmería en otro intento de desalojo a esa etnia, pertenece al italiano Carlo Benetton, el hermano menor de la adinerada familia del famoso imperio textil.

Con el tema en el tapete y el reclamo unánime de referentes de los mapuches, qom, wichis, villela, sanavirones, guaraníes, warpes y kollas de extender la vigencia de la ley por cuatro años, el Senado había convocado a esta sesión especial que arrancó la víspera pasado el mediodía.

El oficialismo había anticipado que respaldaría extender la Emergencia Territorial pero solo por dos años y medio, propuesta que no encontró eco entre la bancada del Frente para la Victoria y otros bloques de la oposición.

Finalmente los senadores de Cambiemos acompañaron la decisión de extender el plazo por otros cuatro años.

‘Este proyecto no es una concesión, sino un imperativo de derechos humanos’, resaltó durante la jornada parlamentaria la senadora Norma Durango, quien insistió en que ‘es una obligación del Estado reconocer la propiedad del territorio de las comunidades ancestrales’.

Durango sostuvo que ‘el reclamo por la tenencia de la tierra y la necesidad de evitar desalojos es motivo más que suficiente para sancionar la prórroga, garantizando así los derechos consagrados de los pueblos originarios’, reportó El Parlamentario.

Otro de los que alzaron sus voces en respaldo del proyecto fue el parlamentario Luis Naidenoff, quien señaló que según el informe presentado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), hay mil 532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento culminado.

Asimismo, resaltó que, a más de una década de creada esta ley, hoy el 30 por ciento solamente de las comunidades originarias cuenta con un relevamiento real y efectivo y están en condiciones de avanzar en la eventual titularidad del dominio.

Por su parte, la representante de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, Magdalena Odarda, enfatizó que si no se extiende la ley antes de tiempo, ‘más del 65 por ciento de las comunidades quedarán en estado de vulnerabilidad’.

Otro de los que salió con fuerza a defender la extensión de la ley fue el senador Fernando Pino Solanas, quien de manera enfática subrayó: ‘no queremos más desalojos ni desapariciones forzadas como la de Maldonado’.

‘No queremos más campañas amarillas con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo para desinformar sobre las causas del conflicto. Esto no le hace bien a Argentina’, dijo.

agp/may


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