Maduro presenta declaración ante tribunal por bloqueo a defensa

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó una declaración jurada fechada el 18 de febrero de 2026, firmada bajo pena de perjurio, donde señaló que el 4 de enero de 2026 contrató al abogado Barry J. Pollack y a la firma Harris St. Laurent & Wechsler LLP para que lo representen en el proceso. 

Afirmó que, según las leyes y prácticas de la República Bolivariana de Venezuela, tiene derecho a que el gobierno venezolano pague su defensa legal, que está dispuesto a financiarla y que ha confiado en esa expectativa, pues no puede costear su defensa por sí mismo.

En la reciente declaración jurada que presentó la defensa del Presidente @NicolasMaduro se expone las razones por las cuales se le están vulnerando el derecho constitucional a la defensa y debido proceso al obstaculizar que se puedan sufragar los gatos de la misma.

Dato… pic.twitter.com/ptZlL3Y6lY

— Indhriana (@indhriana) February 27, 2026

Añadió que, si la Corte lo solicita, presentará una declaración jurada financiera para demostrar su incapacidad de pago.

De igual forma, en la parte final del documento indicó que Pollack compareció formalmente en el caso el 5 de enero de 2026, que desde entonces han trabajado en la defensa y que es su abogado de elección, por lo que desea que continúe representándolo.

Por su parte, el abogado Pollack solicitó a un juez federal de Manhattan que anulara la acusación, alegando que el gobierno de Estados Unidos ha violado inconstitucionalmente el derecho de su cliente a defenderse al bloquear fondos venezolanos destinados a pagar sus honorarios legales.

Según el escrito presentado, la medida impediría que Maduro ejerza plenamente su derecho constitucional a la defensa, al no permitir  que el gobierno venezolano financie los costos asociados al proceso penal que enfrenta en Estados Unidos.

Este bloqueo se enmarca en el régimen de sanciones financieras administrado por la OFAC, dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de aplicar medidas coercitivas unilaterales contra países y funcionarios sancionados, por lo que bajo este esquema, cualquier transacción vinculada a fondos venezolanos requiere autorización específica de esa oficina.

Pollack advirtió además que podría solicitar la intervención del tribunal ante lo que califica como una interferencia directa en el derecho constitucional a la defensa.