Interponen demanda de inconstitucionalidad contra Gobierno de Panamá

Abogados panameños informaron este martes que interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 27 emitido por el Gobierno del presidente Raúl Mulino, que suspende las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro con la implementación del estado de emergencia.

El estado de emergencia, declarado por el Gobierno, incumple y suspende el artículo 23 de la Constitución sobre el habeas corpus. Esto ha llevado a una acción de inconstitucionalidad, según informaron los abogados Félix Paz Moreno, Manuel Castro y Carlos Bichet Nicoletti a teleSUR.

Este anuncio se produce tras la declaración del estado de emergencia en Bocas del Toro, mediante el cual cortaron los servicios de internet y telefonía móvil, lo que ha generado fuertes críticas tanto en la sociedad como en organismos internacionales.

Demandan constitucionalidad del decreto 27 que implantó estado de urgencia en Bocas del Toro.
Abogado @CJBICHET explica motivo: violaría principio de convencionalidad (Convenios int. son parte del cuerpo legal panameño) y la Carta Americana de DDHH, entre otros. @teleSURtv pic.twitter.com/gZ1PRwrOZn

— Rekha Chandiramani (@rekhapacitando) June 24, 2025

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, prevén que esta medida podría extenderse como parte de la operación Omega, iniciada el 14 de junio, destinada a desbloquear carreteras y enfrentar a grupos que demandan la derogación de la Ley 462 de la Caja del Seguro Social (CSS), la cual incluye cambios importantes en el sistema de seguridad social panameño, afectando a trabajadores, empleadores y jubilados.

Los juristas argumentan que los estándares del sistema interamericano de derechos humanos prohíben, por ser incompatibles con la Convención Americana, la suspensión tanto del habeas corpus como del amparo de garantías constitucionales.

En este contexto, Bichet también señaló que dicho «decreto infringe los artículos 4 y 17 de la Constitución, que establece que Panamá debe acatar las normas de derecho internacional. Además, el segundo párrafo del artículo 17 indica que se nacionalizan las normas de derechos humanos dentro del sistema panameño».

Bichet subrayó que la norma tiene fecha de caducidad hasta el 25 de junio, pero es fundamental que la Corte se pronuncie al respecto, tomando como referencia su postura en 2015 en el fallo contra la CEP por la suspensión de telecomunicaciones en Orconcitos, lo cual representa una grave violación a las garantías fundamentales.