Christian Zampini •  PL •  Internacional •  24/11/2019

Bolivia aprueba la ley que convoca nuevas elecciones tras el acuerdo negociado entre el MAS y el gobierno de facto

La ley, aprobada con el apoyo de la bancada del MAS, establece que el expresidente Evo Morales no podrá concluir a las elecciones y establece la conformación del Tribunal Supremo Electoral en un máximo de 20 días.

Bolivia aprueba la ley que convoca nuevas elecciones tras el acuerdo negociado entre el MAS y el gobierno de facto

El Parlamento de Bolivia ha aprobado este sábado la denominada Ley de Régimen Excepcional y Transitorio, un mecanismo para sortear la situación de irregularidad que vive el país tras el golpe de estado perpetrado el pasado 10 de noviembre y permitir la convocatoria a elecciones generales. La ley se establece tras las negociaciones mantenidas entre el gobierno de facto liderado por la autoproclamada presidenta Jeanine Añez y el Movimiento al Socialismo, que cuenta con mayoría en las Cámaras.

Según establece la ley, las elecciones tendrán que convocarse antes de febrero de 2020, tras la conformación de un Tribunal Supremo Electoral en los próximos 20 días. En la misma se establece un bloqueo a Evo Morales y al ex vicepresidente García Linera, que no podrán presentarse a los comicios como candidatos presidenciales, como parte del acuerdo establecido entre los dos bloques.

Los acuerdos alcanzados con el gobierno de facto han llevado a la bancada del Movimiento Al Socialismo a apoyar por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado la promulgación de la ley.

«Estamos dando un paso que responde a la expectativa ciudadana de pacificación y salida de la situación de crisis», declaraba la senadora Adriana Salvatierra, una de las caras más visibles del Movimiento Al Socialismo desde la dimisión de Evo Morales.

Negociaciones apoyadas por Naciones Unidas

Las negociaciones entre los dos bloques que han conducido a los acuerdos concretados en la aprobación de la ley que permite nuevas elecciones han estado auspiciadas por representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y la iglesia católica. Tras la aprobación de la Ley de Régimen Excepcional, Jean Arnault, enviado especial de Naciones Unidas, declaraba que los acuerdos suponían un marco para «superar la crisis, proteger la vida contener la violencia y respetar los derechos humanos».

Sin embargo, a pesar de las esperanzas que permiten abrazar los resultados de las negociaciones de cara a la reconducción pacífica de la situación en el país, la persistencia de las persecuciones a líderes políticos y sociales, así como la presión represiva de las fuerzas armadas y policiales ponen en riesgo la solución negociada.

El gobierno de facto liderado por Jeanine Añez continúa dando pasos en su aparente intención de imponer su voluntad mediante la represión de las protestas y la persecución política. A las más de 30 muertes registradas hasta el momento en la represión de las protestas, se suman las órdenes de detención contra algunos líderes políticos del MAS como Gerardo García y Ramón Raúl Caro decretadas desde el autoproclamado ejecutivo.

En semejante contexto, cabe preguntarse si los acuerdos establecidos en las pasadas hora y el establecimiento de un mecanismo para la convocatoria de unas nuevas elecciones servirá para dar salida a la situación que vive el país o, de lo contrario, el gobierno de facto continuará manteniendo una actitud que sostiene una escalada de violencia.


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