El Congreso de Perú archiva el caso contra la presidenta Boluarte por las muertes en protestas
- Un grupo de trabajo parlamentario desestimó hoy tres denuncias constitucionales contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que la responsabilizaban, junto a cuatro exministros, por muertes registradas en protestas sociales.
La decisión fue tomada en los tres casos, presentados por las congresistas de izquierda Silvana Robles y Ruth Luque con los votos de solo 11 integrantes de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sin debate y con dos votos en contra y dos abstenciones.
El archivamiento alegó que los hechos denunciados no constituyen infracción a la Constitución o delitos de función y tampoco permitió que las denuncias, que reúnen los resultados de pesquisas preliminares, se mantengan inmovilizadas para profundizarlas cuando Boluarte deje el Gobierno.
La edición de Internet del diario Correo califica el desenlace como respaldo político de bancadas de derecha extrema y centro-derecha a la jefa de Estado, en un contexto marcado por la desaprobación casi unánime a Boluarte y al Congreso, en las encuestas.
El dictamen coincidió con un informe del semanario “Hildebrandt en sus Trece” que revela contenidos de tres agendas de quien fuera ministro de Defensa, general retirado Jorge Chávez, durante las primeras semanas de manifestaciones reprimidas con un saldo de 50 muertos.
Las agendas contienen anotaciones sobre operaciones contra las protestas desatadas por las movilizaciones contra el ascenso de Boluarte a la Presidencia, en diciembre de 2022, que se prolongaron en los dos meses siguientes, y pueden abrir el caso a nuevas evidencias que permitan replantear las denuncias.
Chávez es uno de los exgobernantes señalados en las denuncias archivadas, que incluían además a los ex primeros ministros Luis Alberto Otárola y Pedro Angulo; y los titulares del Interior, Cesar Cervantes y Víctor Rojas, y de Justicia, José Tello.
También fue archivada la denuncia del parlamentario izquierdista Jaime Quito contra Boluarte y Otárola, por los delitos de usurpación de función pública y aceptación ilegal del cargo, por haber asumido, respectivamente, la Presidencia y la función de primer ministro, tras la detención y destitución del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
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