A medida que la guerra de Sudán se acerca a su cuarto año, las agencias humanitarias piden apoyo para las personas refugiadas 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y 123 organizaciones socias solicitan con urgencia 1.600 millones de dólares para brindar asistencia vital y un apoyo más digno a 5,9 millones de personas en los siete países vecinos de Sudán de aquí a final de año.

El Plan Regional de Respuesta para los Refugiados de Sudán 2026 (RRRP) seguirá priorizando la asistencia a unos 470.000 nuevos refugiados cuya llegada se  prevé a los países vecinos durante este año, así como a los miles que permanecen en las zonas fronterizas y que desde su llegada solo han recibido la asistencia más básica. La necesidad de un cuarto llamamiento anual de esta magnitud subraya el impacto implacable de la guerra en Sudán y una respuesta humanitaria desbordada.

Casi tres años después del estallido del conflicto, Sudán continúa siendo la mayor crisis de desplazamiento y la peor crisis humanitaria del mundo, desarrollándose además en un contexto de la mayor falta de financiación global en décadas. Los combates persisten en varias zonas del país, donde los servicios esenciales se han desplomado. El acceso humanitario sigue siendo limitado en muchas regiones. Miles de personas continúan huyendo cada semana a través de las fronteras, llegando a regiones ya vulnerables —aunque solidarias— donde los servicios públicos y las oportunidades económicas eran escasos incluso antes de la crisis.

Mientras los gobiernos de acogida y las comunidades locales siguen mostrando una solidaridad admirable, su capacidad está al límite. Egipto acoge hoy al mayor número de personas que huyen de Sudán, con el registro de refugiados casi cuadruplicado desde 2023. Sin embargo, los recortes severos en la financiación han obligado a ACNUR a cerrar dos de sus tres centros de registro, afectando el acceso a servicios de protección esenciales. En 2025, la financiación disponible por refugiado al mes era de 4 dólares, una drástica caída respecto a los 11 dólares de 2022.

En el este de Chad, más de 71.000 familias refugiadas necesitadas no han recibido asistencia para acceder a cobijo, lo que las deja sin un refugio adecuado y seguro. Cerca de 234.000 personas siguen a la espera de ser  reubicadas, viviendo en condiciones precarias en la frontera.

El cierre de clínicas y la suspensión de programas críticos de nutrición han puesto en mayor riesgo de enfermedades a miles de refugiados sudaneses en el asentamiento de Kiryandongo, en Uganda.

Pese a estas limitaciones, el llamamiento regional de este año seguirá apoyando a los países de acogida en la provisión de servicios básicos esenciales, como alimentos, refugio, atención sanitaria y protección para las nuevas llegadas y los refugiados más vulnerables.

El plan también prioriza soluciones a más largo plazo, apoyando a los gobiernos para que integren a los refugiados en los sistemas nacionales, amplíen el acceso a documentación y servicios públicos, y fomenten la autosuficiencia mediante la colaboración con actores del desarrollo y el sector privado. También se dará prioridad a las inversiones en asentamientos más adaptables, como en Chad y Etiopía, para ayudar a las personas desplazadas y a las comunidades anfitrionas a construir entornos más seguros y estables.

Sin embargo, la creciente brecha entre las necesidades en aumento y los recursos en retroceso amenaza con socavar tanto los esfuerzos de respuesta de emergencia como las soluciones a medio plazo. Sin un horizonte claro de paz y con un apoyo menguante, cada vez más refugiados pierden la esperanza y optan por emprender trayectos aún más peligrosos. El año pasado, el número de refugiados sudaneses que llegó a Europa prácticamente se triplicó.

ACNUR pide un mayor apoyo internacional y reclama abordar la financiación insuficiente de las operaciones humanitarias en los países que acogen a las persons que huyen de Sudán, mientras se espera una paz duradera.