La Tienda Republicana

Fuente militar alerta que crecen divisiones entre policía y Fuerzas Armadas en Bolivia

De acuerdo a lo que Misión Verdad pudo saber gracias a la fuente, a contrapelo del intento (no exitoso) de revestir al golpe de Estado de la legitimidad que no consigue todavía, la maquinaria represiva encargada de aniquilar el contragolpe comienza a agrietarse. Lo que ante el público «de bien» pareciera un nuevo gobierno que presuntamente las tiene todas consigo, detrás de las cámaras las señales de malestar y desaprobación con los últimos acontecimientos es un signo común tanto de las FFAA como de la policía, en una maraña de conflictos internos, intrigas y desgajamientos en los que se entrecruzan las diferencias históricas de ambos cuerpos y los cuestionamientos del desborde represivo.

«En este momento (noche del 17 de noviembre), se están desarrollando tres operaciones represivas en el país», alertó. La primera en Senkata, en El Alto; la segunda en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, «en un lugar llamado Sebastián Pagador (una villa del distrito 14 de la ciudad), que es una zona de migrantes mineros donde ya se han registrado más de cuatro o cinco heridos; y la tercera en la localidad de Achocaya, entre la ciudad de La Paz y El Alto, en un municipio intermedio». Denunciaba que en este último, para ese momento, habían cinco heridos, y la probabilidad de una persona fallecida.

Senkata, de los tres teatros represivos, es el que más cobertura ha recibido. Está en El Alto (hay posibilidades de un poco más de cobertura), y ahí se encuentran depósitos de gasolina y diésel críticos para el abastecimiento de las ciudades de El Alto y La Paz, en un momento en el que comienza a escasear dramáticamente, y el gobierno golpista importa combustibles desde Chile y Perú, y según el diario Los Tiempos de Cochabamba, se está levantando un puente aéreo para «distribuir” alimentos en La Paz y El Alto.

Pero lo que ocurre en la villa de Sebastián Pagador y en especial Achocaya no gozan de la misma cobertura (de por sí escasa). Pero eso no impidió confirmar lo que una fuente, perteneciente al mundo militar que contactó a Misión Verdad (y que, por motivos de seguridad, su nombre se mantiene en reserva), que, como muchos, rechazan el golpe y la actuación que han tenido las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia en el derrocamiento del gobierno y los días de instalación del golpe, ahora representado por la autoproclamada Jeanine Áñez.

«El escenario en el que hoy día se están desarrollando estas operaciones represivas es muy confuso, pero todo indica que el gobierno ha decidido radicalizar su comportamiento represivo, en un comportamiento absolutamente arbitrario, violatorio de los derechos humanos y que va a desatar en las próximas horas una gran operación de persecución política contra ministros, viceministros o funcionarios públicos de alto nivel», alertaba, en consonancia con el tono alebrestado que el flamante Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha desplegado desde que asumió la cartera en el gabinete de facto.

El 14 de noviembre, Murillo hablaba de ir a la cacería de altos dirigentes, y el 18 de noviembre, acentuando las detenciones y la búsqueda y captura de dirigentes sociales o figuras del gobierno de Evo Morales. «Puede haber 100 detenidos esta tarde también porque hay gente que está hostigando, y vamos a seguir deteniendo a gente que está hostigando, después no vengan a decirme no estaba haciendo nada», recogió el diario Página Siete.

«Están buscando a dirigentes, ministros, directores de empresas, para detenerlos y por supuesto acusarlos de un conjunto de delitos que forman parte de la puesta en escena política para justificar las condiciones en las que nos encontramos», revela la fuente en otro contacto al día siguiente, confirmando que «ya existen procesos que se han abierto por sedición, por atentados contra la seguridad del Estado, por otros delitos».

Al parecer, el encargado de esta faceta del trabajo sucio le corresponde, entre otros, al diputado Rafael Quispe, de Unión Democrática (UD), el mismo partido de Áñez y Murillo. Quispe ya elevó una denuncia ante la fiscalía boliviana acusando a Evo Morales de terrorismo, entre otra serie de denuncias, expedientes y acusaciones contra figuras del MAS en el presunto auspicio de actividades «sediciosas». Y es que, según la fuente, existen varios motivos de peso para que la administración golpista acelere el paso y logre transmitir la idea de que el apuro con detenciones y otra serie de acciones políticas recientes, difícilmente corresponden a un gobierno que solo se encargará de «la transición», no se debe a la urgencia por controlar la situación o que, eventualmente, se les vaya de las manos.

Porque, de acuerdo a lo que Misión Verdad pudo saber gracias a la fuente, a contrapelo del intento (no exitoso) de revestir al golpe de Estado de la legitimidad que no consigue todavía, la maquinaria represiva encargada de aniquilar el contragolpe comienza a agrietarse. Lo que ante el público «de bien» pareciera un nuevo gobierno que presuntamente las tiene todas consigo, detrás de las cámaras las señales de malestar y desaprobación con los últimos acontecimientos es un signo común tanto de las FFAA como de la policía, en una maraña de conflictos internos, intrigas y desgajamientos en los que se entrecruzan las diferencias históricas de ambos cuerpos y los cuestionamientos del desborde represivo.

A nueve días (hoy 19 de noviembre) del golpe de Estado en Bolivia, cada vez se sabe más de lo que no se dijo o se encubrió, una vez que la operación de desestabilización, y sobre todo el momento de cambio de régimen, se puso en marcha. La ventana que abre la fuente, describe un escenario mucho más complicado, sobre todo para quienes hoy en día dicen detentar el poder político en el Estado Plurinacional.

Malestar, rechazo y deserciones en las Fuerzas Armadas

«Esta es la primera vez que se están realizando operaciones conjuntas de naturaleza represiva entre Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía en los últimos 20 años. Normalmente, las decisiones políticas para el uso tanto de una como de la otra en actos represivos solía hacerse de manera independiente; esta es la primera vez que se están llevando a cabo operaciones represivas conjuntas», algo que «ha generado tanto en una institución como en la otra un malestar debido a un largo conflicto interinstitucional que viene de hace más o menos un siglo».

El inicio de esta operación conjunta, lo sabemos, fue cuando el propio 11 y 12 de noviembre efectivos de la policía en La Paz y Cochabamba hacían peticiones públicas al ejército para que se incorporase en tareas represivas, puesto que las fuerzas policiales estaban siendo rebasadas por las movilizaciones de los movimientos sociales y la gente en la calle en rechazo al golpe.

«A través del general [Williams] Kalimán las FFAA se han incorporado al control represivo a lo largo y a lo ancho del país, pero en particular en la ciudad de La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. En general, los mandos intermedios han asumido esta decisión de Kalimán con bastante reticencia por varias razones. La primera, porque sienten que ingresaron en un momento en el que la policía estaba viviendo una crisis de capacidad operativa y por lo tanto las fueron a salvar de la situación crítica. Consecuentemente, en este conflicto, las FFAA se han visto obligadas a resolver la incapacidad de la policía que durante todos estos años ha estado involucrada en prácticas mafiosas, corrupción generalizada y violaciones de derechos humanos; la policía es una de las instituciones más desprestigiadas y desacreditadas por las que desafortunadamente tuvieron que salir a apoyar en el marco de este régimen golpista», puntualiza la fuente.

La actitud de las FFAA en la represión es «muy poco comprometida» y está generando «fisuras internas». «Se están produciendo deserciones de soldados, particularmente en la ciudad de Cochabamba y en el Departamento de La Paz. En el caso de Cochabamba son soldados que provienen del Trópico (las zonas calientes y selváticas del Departamento), y en el caso de La Paz provienen de El Alto: soldados que están desertando para no disparar contra sus propios hermanos», sostiene.

«Por otra parte, los oficiales que están al mando de la tropa han dispuesto que los soldados retiren las agujas percutoras de sus fusiles porque no se sienten seguros de que los soldados puedan intervenir de acuerdo a las órdenes de sus mandos, sino que esta sensación de inseguridad y desconfianza de los soldados ha hecho que solamente salgan para mostrar sus armas en una actitud más disuasiva».

En redes sociales ha comenzado a emerger a la superficie cómo en otros sectores del país, como en Oruro, unidades militares con apresto se han incorporado a las marchas y movilizaciones de campesinos e indígenas, al menos en los departamentos andinos, lo que de por sí representó la primera señal de que no todo estaba bajo control dentro de las FFAA.

Otra veta del conflicto interno lo representa también el juego del control de las instituciones en río revuelto. Al parecer, uno de los factores de malestar inmediato en este plano se expresó con el desplazamiento de la Unidad de Seguridad Presidencial (USP), encargada de la seguridad de la Casa Grande del Pueblo (el palacio presidencial), compuesta por oficiales del ejército. «Al intervenir la policía en el golpe de Estado, prácticamente se cobró esta factura», produciendo «un sentimiento muy agudo de insatisfacción y malestar».

Pero el patrón de la policía en desmedro de las instituciones que pasaron a manos de las FFAA o civiles no se detiene en quién controla la seguridad de la Casa Grande, «al mismo tiempo que los militares fueron a salvar a la policía de su crisis de capacidad operativa, la policía estaba recuperando algunas instituciones que pasaron a manos de civiles, como por ejemplo el Servicio de Identificación Nacional», sostiene la fuente.

No solo el cúmulo de políticos que encontraron sentido de oportunidad para dejar su nombre rubricado en esta página aciaga de la historia boliviana: así como arriba se reparten las palancas del Estado (y sus presupuestos), abajo, la policía reproduce el mismo esquema de rebatiña clientelar haciéndose con lo que pueda, así vaya en desmedro de tal vez la institución más sensible de todo el concierto estatal. «La polícía estaba encargándose de recuperar los espacios perdidos que el gobierno de Evo Morales le había quitado prácticamente por la corrupción generalizada», redondea la fuente.

Pero otro fantasma de mayor peso y calado recorre el ánimo de las filas de la tropa: «Estos días la población los están llamando ‘militares asesinos’. Esta es una categoría despectiva que están recibiendo en gran parte del país, algo que el presidente Evo había resuelto después de la masacre sangrienta de octubre de 2003. Evo Morales reconcilió a las FFAA con la sociedad, y particularmente con la ciudad de El Alto, después de que fueron usadas por Gonzalo Sánchez de Losada» en la represión que produjo más de 70 muertos y más de 500 heridos, en la llamada «guerra del gas».

Los están tratando de asesinos en las calles y esto está desembocando en que se cuestione la decisión del general Kalimán de haber pedido al presidente Evo su renuncia, resume la fuente.

Celos, intrigas y miedo en la Policía Nacional

«No es menor» el tema de la policía, afirma la fuente. «Están agotando sus reservas de agentes químicos; están agotando la munición anti-motines y están llegando al límite del agotamiento en la policía, particularmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los días de uso intensivo del personal, pero además sin relevo».

Un documento de la policía que llegó a la redacción de Misión Verdad, fechado el 14 de noviembre, confirma lo que afirma la fuente. Se trata de un memorándum (número 02467/2019) que el Comando General de la Policía Boliviana le envía al despacho del coronel Franklin Hernán Prado Alconz, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza del ente.

«Debido a la coyuntura social que atraviesa nuestro territorio nacional y con el propósito de contar con recursos humanos para restablecer el orden público, su autoridad, en el marco de sus atribuciones, deberá realizar un informe sobre la factibilidad para que los cursantes de los Centros de Formación Policial de Pre y Post Grado de la Universidad Policial ‘Mcal. (sic) Antonio José de Sucre’, egresen a la brevedad posible, para reforzar a incorporarse a los servicios policiales», reza el documento (el subrayado es de MV).


De alguna manera un poco forzada, dicha petición resuena con el despliegue de menores y novatos del ejército alemán cuando el gobierno nazi, próximo al colapso por el avance del Ejército Rojo, lanzó a la defensa de Berlín a niños y menores, por más que en esta oportunidad se trata de policías en proceso de especialización.

No es la caída de Berlín en el 45, pero todo pareciera ir apuntando al inicio de un ciclo aún menos predecible y volátil. Porque aquí no se detienen los problemas de la policía, a.k.a. la institución más desprestigiada del país. El miedo, la inseguridad y el temor a represalias en la calle medra en los barracones policiales. Muchos han hecho conciencia de lo que significó agredir a la whiphala (la emblemática bandera de los pueblos indígenas de América y la que oficialmente es la otra bandera de la nación boliviana).

La fuente enfatiza que «están siendo expuestos, están sobre-exponiéndose durante estos más de 20 días [de motín y represión], hay un malestar también generalizado debido a esta sobre-exposición». Bajar la wiphala del Comando General en La Paz «generó una gran reacción contra la policía que se ha convertido en una verdadera bandera de lucha de la población que vive en la parte occidental del país», la región andina, generando además «conflictos y controversias dentro del mando policial y el personal de suboficiales, sargentos y de tropa de la policía».

Ya es público, notorio y comunicacional que después de 23 muertos y cientos de detenidos, el régimen de Áñez firmó un Decreto Supremo (el DS 2082) autorizando la transferencia de 34,7 millones  de bolivianos (4 millones de dólares, aproximadamente) señalando de forma escueta que están siendo «destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas», excluyendo el alcance que esa mezquina frase de legajo encierra. La fuente asegura que la función esencial del decreto es «para pagar los gastos de movilización, la logística y, lo que la policía sospecha, son gastos en lo que ellos llaman ‘bonos de lealtad’. Es decir, la policía está acusando a las FFAA de que el gobierno le estaría pagando un bono de lealtad para mantenerse en este despliegue represivo».

La policía ve este decreto como la confirmación de que el componente armado del Estado recibe un trato preferencial que no reciben los cuerpos policiales (ya no digamos el solo hecho de que para mantener a los soldados en la calle requiere de un incentivo de millones de bolivianos). Pero, además, junto al DS 2082, el gobierno de Áñez emitió otro decreto, cuatro días antes, en el que absuelve a los militares de «cualquier responsabilidad penal», tal como se refleja en el DS 4078.

«La policía hoy día está tremendamente preocupada por los resultados del despliegue represivo. Fundamentalmente por la cantidad de muertos, heridos y detenidos que están llevando adelante las agencias de inteligencia y seguridad de la propia policía. Esto está generando un temor en la policía de que la gente nuevamente retorne a incendiar las unidades policiales, a perseguir a policías que viven en la ciudad de El Alto o en áreas urbanas. Está creando un enorme temor y ya se siente dentro de la policía dudas razonables para salir a reprimir todos los días», acota la fuente, que ostenta claros conocimientos del mundo militar y de seguridad en su país.

Y en esta última afirmación, se hace indispensable retener un dato crucial para más adelante en esta nota: son las agencias de inteligencia, no tropa regular de la policía, la que está llevando a cabo la mayoría de detenciones, forzando al resto del cuerpo a sentirse comprometido por las acciones de sus servicios, sin necesidad de que la actuación específica de un grupo absuelva al otro.

Tanta oscuridad contrasta con el supuesto tono «conciliador» con el que el nuevo jefe de la Policía Nacional, coronel (ej.) Rodolfo Antonio Montero Torricos, trata de dirigirse a los movimientos sociales y los integrantes del MAS en todo el país. «Si yo tengo que doblegarme a cualquier persona de mi amada Bolivia y pedirle perdón si es que hemos ofendido a alguien, no tiene nada más que llamarme y yo voy a estar ahí. Quiero paz, queremos tranquilidad, ya no quiero más ofensas”, o «si hemos hecho algo, si hemos ofendido a la ciudad de El Alto, discúlpennos», como si se tratara de una riña comunitaria, y no de la «política de Estado» del régimen de Áñez.

Esas declaraciones las da el mismo día en el que el antiguo comandante general, Yuri Calderón, fuera relevado de sus funciones (14 de noviembre): el mismo día del decreto 4078 y de la circular de la Comandancia solicitando que fueran a la calle los estudiantes de la academia policial. Todo esto un día después de que el régimen de facto relevara a los mandos militares, todos cursantes de la Escuela de las Américas, así como los mandos policiales, con probados vínculos con el FBI y otras agencias federales estadounidenses, tal como lo reveló el investigador Jeb Sprague en The Grayzone.

Para agravar las capas del conflicto interno, «hay una disputa entre policías y militares respecto a quién le corresponde los más de 20 muertos que se han producido hasta el día de hoy. La policía acusa a las FFAA de haber utilizado sus armas letales, las FFAA acusan a la policía de usarlas ellos y por lo tanto hay un fuego cruzado de acusaciones entre ambas instituciones», alerta la fuente.

La DEA, narcoabogados, paracos y narcodelatores: ¿la arteria del golpe?

Volvamos al dato que en unos párrafos más arriba se dejó constancia: la (muy conflictuada) policía ejecuta represión, excesos y esquiva probables responsabilidades en el conteo de vidas sesgadas desde que el régimen instalado librara toda su carga contra la población movilizada contra el golpe. Pero las detenciones, donde se ha evidenciado nocturnidad, asaltos a domicilios, filas de detenidos y un amplio cúmulo de registro fotográfico y audiovisual que hace rimar lo que ocurre ahora con los terribles años de dictadura militar en los 70 y 80 del siglo pasado, que, de acuerdo a la fuente, han sido acciones de los servicios de inteligencia policiales.

Esto pareciera sugerir una estructura operativa paralela a la cadena de mando formal.

«Las operaciones policiales están desarrolladas por las agencias de inteligencia, en algunos casos están acompañadas de cuerpos no oficiales, de equipos no oficiales, es decir, que no forman parte de la estructura orgánica de la policía. Y, por lo tanto, esto nos hace presumir que está en desarrollo toda una estrategia de trabajo con el paramilitarismo», señala la voz informante.

Y ante lo descrito más arriba, tiene sentido que para evitar que las contradicciones y fisuras del cuerpo policial impacte en su eficacia, o, incluso, dadas las circunstancias dé un vuelco político perjudicial al régimen, las fuerzas del golpe necesiten de un órgano al servicio exclusivo de la razzia golpista que garantice resultados favorables (por su miopía y falta de talento político, Áñez es claramente una de las figuras-fachada, probablemente carente de incidencia concreta y real sobre la situación).

¿Pero cuáles actores sugieren formar parte de esta línea de acción (posiblemente) no declarada?

«Fundamentalmente en la parte del oriente, y específicamente en el caso de la ciudad de Santa Cruz, nos han informado que hay grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista y otros provienen de sectores que trabajan en la ilegalidad. Están acompañando el trabajo de la policía». Afirmación de la fuente que parece estar en consonancia con las imágenes que se vieron durante los días en los que se consuma el derrocamiento de Morales, cuando en redes sociales comenzaron a publicar videos en los que se veía a policías, militares y gente armada y con diversidad de uniformes, o de civiles pero con aprestos militares (chalecos antibalas, fusiles de asalto), luego de que el ejército atendiera al llamado de asistencia de la policía para contener las protestas: los «yijadistas» cochabambinos gritaban «¡Sin miedo!» entre otras consignas matonas, un probable lapsus público que destaca el temor que sentían cuando comenzó el contragolpe en la calle y no tenían el aplomo de enfrentarlo por sí mismos. La gavilla es un signo de los golpes neoliberales.

De confirmarse todo lo afirmado por la fuente, la especulación sobre un organigrama y una estratagema aún más oscura que el propio proceso que le dio inicio al cambio de régimen en Bolivia comienza a hacerse patente, uno que avanza y actúa detrás de la operación de relaciones públicas con el que se arma la fachada de «gobierno», una combinación de figuras oportunistas o inoperantes (¿la propia Áñez?) con otros que, en áreas estratégicas, sean efectivamente los encargados de conducir la agenda hasta su concreción, por lo visto, cueste lo que cueste.

Pero lo descrito hasta ahora, luego de un intento de homogeneidad tratado de transmitir, acrobáticamente encajado en medios bolivianos e internacionales, en realidad se trata de una facción que trata de reaccionar rápidamente contra las fisuras generales, que, por supuesto, no solo se atestiguan en lo contado hasta ahora por la fuente a Misión Verdad, sino a otros errores de cálculo que solo por eso pareciera acentuar aún más el papel de los Estados Unidos en el proceso antes, durante y después del golpe.

Por ejemplo, «el Ministro de la Presidencia (Jerjes Justiniano) ha desarrollado intensa actividad en su bufet defendiendo a narcotraficantes, y es uno de los hombres más fuertes, políticamente hablando, de Luis Fernando Camacho». Narcotráfico y secesionismo ultra cruceño, algo que ya traza a la vez un signo de la composición del gabinete del régimen y una de las fuerzas «superiores» a la estructura de gobierno que lo conduce.

Por otro lado, queda claro que la repentina disminución del foco sobre Luis Fernando Camacho no lo aleja ni lo exime de esta fase del golpe. «Hay una penetración de equipos informales, ilegales, que están operando en los servicios de inteligencia apoyados políticamente por tanto Luis Fernando Camacho, como por el propio Ministro de la Presidencia».

El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha dispuesto un «aparato especial de la Fiscalía» para detener a los senadores del MAS. En declaraciones dadas el 18 de noviembre, Murillo desarrolla que para capturar a las figuras políticas del MAS (etiqueta que se empleará contra todas las formas que el régimen considere oposición al golpe) se están empleando además de los servicios de la policía y el ejército, «sistemas de emergencia que hemos armado los días anteriores, privados que están trabajando conmigo y sistemas de inteligencia de la zona», por lo que la factibilidad de una estructura paralela, o paraestatal, ejecuta, suministra y colabora con acciones muy específicas dentro del golpe.

«No hay que olvidar que el actual Ministro de Gobierno es un soplón de la DEA. De hecho, su patrimonio se ha construido sobre la base de transferir información sobre actividades de narcotráfico en el Chapare, y la DEA lo convirtió en uno de los soplones más importantes de la región. Consecuentemente, lo financió en sus actividades privadas, que básicamente eran actividades de fachada», dijo la fuente. «Eso explica la ferocidad, la brutalidad con la que se refiere a funcionarios públicos, el lenguaje que utiliza para proferir amenazas e insultos, y los adjetivos que utiliza como si este tipo estuviera en un safari en el África».

No es entonces de extrañar que sea en voz de Murillo que se revele el rostro más violento del golpe desde las instituciones. El lenguaje que emplea, su perfil, el afán con el que enfatiza el «papel» que están jugando Venezuela, Cuba, Rusia y hasta las FARC en «la sedición» contra el golpe. Murillo ha detenido médicos cubanos, ciudadanos venezolanos a los que los acusa de tener uniformes de la policía venezolana y carnets del PSUV, así como es difícil divorciarlo de las acciones que en paralelo ejecuta la ministra de Comunicación, hostigando y acusando a la cobertura internacional (y no precisamente de medios castrochavistas) también de sedición, acusación que por supuesto alcanza a los medios rusos dentro del «plan macabro» que inserta a la lucha contra el golpe dentro de las «brisas bolivarianas» que ya «denunciaron» Luis Almagro, Lenín Moreno, Iván Duque y varios funcionarios del gobierno chileno de ser los responsables de la inestabilidad en sus respectivos escenarios.

«Esa es la naturaleza [de Murillo], está entrenado por la DEA, justamente para hacer el papel que está haciendo en este momento, y este es un tipo que no tiene ningún escrúpulo para participar con equipos extralegales. Por supuesto, está abriendo las puertas de par en par para la incursión informal de la DEA. En este momento y en el futuro, su papel será el de legitimar la presencia de la DEA ante un escenario de aparente desborde del narcotráfico, del terrorismo, de ‘las fuerzas violentas de las FARC’, etcétera, etcétera. Este es un personaje que seguramente va a construir la narrativa para facilitar el reingreso de la DEA, de la CIA o de otras agencias norteamericanas» al país.

Ser narcodelator al servicio de la DEA (expulsada de Bolivia por el presidente Evo Morales en 2008) podrá otorgarle a Murillo varios privilegios de línea directa con esa agencia (o la CIA, puesto que en estos asuntos no existe, en realidad, un límite claro sobre dónde empieza operando una y dónde termina la otra), pero también, dado en el terreno que juega, los mismos gringos pueden tener archivos y expedientes que hacen a estos personeros vulnerables o hasta extraditables de voltearse la tortilla en su contra. Lo mismo se puede decir de las conexiones que también alcanzan a Áñez y su entorno familiar, tan lejos de dios y tan cerca del uribismo en Colombia. Esto, también, pareciera destacar el patrón común de líderes vulnerables judicialmente que alcanzan el poder. Confirmando otro elemento que se ha hecho hábito en los grupos de poder que le interesan a los Estados Unidos que lleguen a los distintos gobiernos de la región. Gente con el agua penal al cuello.

Pasan los días y cada paso pareciera ser más agónico para el régimen de Áñez en su periplo por consolidar un gobierno que ya se otorga más atributos que uno de transición. Naturalmente, todo ese juego con las formas legales y políticas es el intento de fachada pública que manipula sobre el vaciado de sustancia política de los reglamentos que rigen al Estado que apenas conquistan. Otro elemento más que certifica indirectamente la presencia de los Estados Unidos es la mediocridad de cálculo con la que se tomó en cuenta desalojar a Evo y el «después vemos» con el resto del Estado, la sociedad que se opone al golpe o silenciosamente no lo avala, el país en particular y la región en general que se vio a lo largo de 2019 con el caso venezolano: solo se consideraba un elemento que supuestamente desencadenaría todo para facilitar el ascenso de Juan Guaidó.

Más cruento y menos tragicómico es el caso boliviano, donde el MAS sigue controlando los dos tercios de las dos cámaras del poder legislativo, el poder encargado en designar al nuevo Tribunal Electoral que llame a elecciones (por ley, la presidencia no puede hacerlo), por lo que ya hay peticiones de que «las fuerzas vivas» del golpe armen algún ornitorrinco jurisprudencial de última hora que baipasee al Senado y al Congreso, puesto que el régimen necesita la exclusión y proscripción del MAS, forzando a trabajar a las dos instituciones armadas y de seguridad del país mientras intenta omitir el contexto conflictivo que desde hace tiempo está presente entre ambas fuerzas, el mismo que desestimando la fuerza de calle ahora se ve obligado a emplear cuerpos irregulares y monta en la autopista de la impunidad el desempeño de las operaciones represivas (al menos de la institución castrense), y ahora, a pesar del inmenso apoyo nacional e internacional de medios para normalizar el relato de cara al público, comienzan a filtrarse informaciones sobre el conflicto interno del propio régimen golpista, como la información que llegó a la redacción de este medio.

Lo revelado hasta ahora a Misión Verdad no debe tomarse como un signo esperanzador que automáticamente se inserte en el tono celebrador con el que (naturalmente) se espera cualquier señal de progreso del contragolpe sobre las líneas ya conocidas en Venezuela en 2002; la historia es opaca, y obedece al cauce contextual donde se desarrolla.

Todo esto pareciera, por otro lado, certificar que el relato del golpe no está cerrado, que la situación permanece abierta y que el flamante (¿narco?)régimen representado por Jeanine Áñez no la tiene todas consigo. Esta otra versión muestra que las fisuras dentro de las FFAA y la policía son mayúsculas y están dando en el centro del funcionamiento de las operaciones represivas. Y confirma de forma aún más dramática que la batalla más grande que se está dando es por la propia alma de Bolivia.

Añadir nuevo comentario

Comentarios

Plain text

  • No se permiten etiquetas HTML.
  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.