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Asesinan a la activista ambiental Diana Isabel Hernández en Guatemala

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian el incremento exponencial del riesgo de seguridad para los activisitas desde que se decretó el estado de sitio en diversas regiones del país centroamericano.

Diana Isabel Hernández Juárez fue asesinada el pasado sábado / Alianza por la Solidaridad

Organizaciones sociales y comunitarias de Guatemala denuncian que el estado de sitio, decretado hace una semana, en seis de los 22 departamentos del país por presidente del país, Jimmy Morales, y ratificado por el Congreso, aumenta el riesgo de acoso y de violencia contra líderes y lideresas comunitarias y ambientales bajo la excusa de perseguir a los narcotraficantes.
 
La última víctima de la escalada de violencia en el país ha sido la maestra Diana Isabel Hernández Juárez, de 35 años, coordinadora de Medio Ambiente de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el departamento de Suchitepéquez. Diana Isabel fue asesinada el pasado sábado por la tarde al ser atacada con armas de fuego cuando participaba en una procesión en la comunidad de Monte Gloria,  dónde vivía, por unos desconocidos que huyeron del lugar. La profesora lideraba iniciativas para promover la protección del medio ambiente y había dedicado gran parte de su vida a la sensibilización y a la recuperación de especies nativas para la reforestación comunitaria, para paliar los problemas ambientales que se enfrentan en la región, sobre todo por falta de agua.
 
Alianza por la Solidaridad se solidariza y se suma a la Asociación de Mujeres Madre Tierra de Suchitepéquez para expresar su repulsa por su “cobarde asesinato”, que se añade a los muchos casos de ataques a líderes y lideresas que trabajan por el bien común y qué hasta el momento, son crímenes que no han sido esclarecidos. Sólo entre 2017 y 2018 fueron asesinadas 39 personas relacionadas con el activismo ambiental en el país centroamericano. Desde la Asociación, han exigido a las autoridades que investiguen a fondo para encontrar a los responsables y la muerte de la joven no quede, como tantas, impune, petición a la que se suma Alianza.
 
La situación en gran parte de Guatemala es caótica, sobre todo después de que el pasado 5 de septiembre se decretara el estado de excepción y, con él, la presencia del Ejército en los departamentos de Izabal, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén.
 
Alianza por la Solidaridad, así como numerosas organizaciones sociales guatemaltecas, teme que se produzcan abusos en unas zonas que, precisamente, se caracterizan por una alta conflictividad social generada por grandes megaproyectos empresariales, como grandes hidroeléctricas, minería o agronegocios.
 
Julio González, del Colectivo Madreselva, que trabaja en colaboración con Alianza por la Solidaridad, explica en qué se fundamentan los temores: “El Gobierno ha utilizado la excusa de la muerte de tres militares en un enfrentamiento en Izabal para hablar de narcotráfico e imponer un estado de sitio que sirve para atacar resistencias, capturar liderazgos y así saquear los recursos, ahora sin que pueda actuar la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de la ONU), cuyo mandato finalizó al no ser renovado el pasado 3 de septiembre”.
 
Por lo pronto, el estado de sitio en un total de 21 municipios supone una restricción en la libertad de acción, la de locomoción, el derecho a reunión y permite la detención legal, si bien un estado de excepción como éste se aplica cuando está en riesgo la nación en su conjunto.
 
Si bien debe investigarse el asesinato de los militares, desde las organizaciones defendemos que el combate contra el narcotráfico en Guatemala requiere investigaciones coordinadas de forma integral en las instituciones del Estado, incluyendo también el lavado de dinero y la corrupción que impera en el país centroamericano.
 
Alianza por la Solidaridad exige a las autoridades españolas y europeas que presionen al Gobierno de Guatemala para que cumpla escrupulosamente la normativa internacional y resuelva el grave problema del tráfico de drogas sin vulnerar los derechos humanos.
 
Alianza por la Solidaridad tiene activa la campaña TieRRRa de apoyo a las comunidades afectadas por la llegada de grandes inversiones a sus territorios cuando vulneran derechos sociales y ambientales, así como para promover la responsabilidad de las empresas en sus inversiones en el extranjero.

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