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Latinoamérica es la región más peligrosa para los defensores de la tierra y el ambiente

Global Witness indicó que la cifra de activistas asesinados podría ser más mayor  porque a menudo no se registran los casos y rara vez se investigan.

Latinoamérica resulta ser la región más peligrosa para los defensores ambientales y de la tierra durante el 2018, al reportarse 83 muertes según lo revelado por el último informe de la organización Global Witness (GW).

De acuerdo a Global Witness el pasado año fueron asesinados al menos 164 defensores de la tierra y el ambiente, 37 menos que el año anterior, ante la disminución de muertes en Filipinas y Brasil.

GW resalta que más de la mitad de los asesinatos ocurridos fueron en Latinoamérica, siendo "el continente más afectado de manera constante" desde que en 2012 la organización iniciará el análisis sobre defensores ambientales.

Partiendo de los datos divulgados por la organización Colombia lidera la estadística con la cifra de 24 asesinatos, seguido por Brasil con 20, Guatemala (16), México (14), Honduras (4) y Chile (2).

En Guatemala, los asesinatos se incrementaron al pasar de tres en 2017 a 16 en 2018, situación que, según un cálculo per capita, convierte al país centroamericano en "el más peligroso del periodo analizado".

Filipinas lidera la estadística global al reportar  al menos 30 asesinatos. Otras naciones con un alto índice de homicidios contra defensores ambientales son India con 23 asesinatos y la República Democrática del Congo con ocho.

Global Witness indicó que la cifra de activistas asesinados podría ser más mayor  porque a menudo no se registran los casos y rara vez se investigan.

Para la organización las agresiones contra activistas vienen sobre todo de la industria de la minería e industrias extractivas (43), la agroindustria (21), la protección de las fuentes de agua y las represas (17) y la explotación forestal (13).

GW sostiene que los ataques no suelen documentarse y, en muchas ocasiones, los gobiernos y las multinacionales suelen utilizar equipos de  abogados, tribunales y sistemas judiciales para silenciar a quienes atentan contra sus intereses.

El estudio de la organización documentó por primera vez los casos ligados al uso y abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a los defensores, sus familias y comunidades, así vincula a las fuerzas de seguridad del Estado con al menos  40 de los asesinatos.

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