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Perú: La policía reprime violentamente manifestaciones contra el proyecto minero de Tía María

El gobierno ha respondido a las protestas que han tenido lugar durante las últimas dos semanas contra el proyecto minero en el departamento de Arequipa militarizando la región.

Enfretamiento entre policías y manifestantes se produjeron hoy en el valle de Tambo el pasado 21 de julio / El Búho

Unidades de la Policía de Perú han reprimido duramente una concentración de mujeres que protestaban contra el polémico proyecto minero de Tía María en la zona occidental de los Andes. La oposición a este macro proyecto de explotación de cobre ha movilizado protestas tanto en la región de Arequipa como en Lima durante las últimas dos semanas, convirtiéndose en el centro de atención de la política peruana y el mayor quebradero de cabeza del presidente Martín Vizcarra.

Las protestas comenzaron a mediados de este mes, cuando el jefe del ejecutivo firmó la autorización para construir estas polémicas explotaciones de cobre a la corporación Southern Peru Copper Corporation, dependiente de la gigante mexicana Grupo México.

Colectivos ambientalistas, líderes políticos locales y organizaciones ciudadanas señalan que el proyecto atenta contra el derecho constitucional tanto en la omisión del gobierno de proteger los recursos naturales del país como en el ámbito democrático, ya que la población jamás fue consultada sobre el proyecto. Según indican desde las plataformas de oposición a la mina, el establecimiento de esta explotación afectaría a la producción agrícola de la región, que proporciona productos a más de cuatro millones de personas.

Entre los principales opositores al proyecto se encuentra el propio gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, el cual exigió al comienzo de las movilizaciones la inmediata suspensión de la concesión de obra y advirtió que promovería la destitución del presidente Martín Vizcarra en el caso de que hubiese víctimas por la represión policial de las protestas.

Frente a la avalancha de voces críticas, escasas pero muy poderosas entidades patronales como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Sociedad Nacional de Industria o la la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, presionan al gobierno de Martín Vizcarra para facilitar el inicio de las obras, criticando duramente las vacilaciones del ejecutivo que le condujeron el pasado 19 de julio a aceptar una revisión de la licencia concedida apenas diez días antes.

El proyecto minero en la zona se remonta al año 2003, cuando, tras una evaluación de los recursos explotables en la zona, el gobierno de Alejandro Toledo (recientemente detenido en Estados Unidos tras años prófugo de la justicia y pendiente de repatriación) alcanzó acuerdos con la multinacional mexicana de cara a la instalación de dos minas, Tía María y La Tapada.

Durante la segunda etapa presidencial de Alan García (recientemente fallecido por herida de bala auto infligida cuando iba a ser detenido por corrupción) se ralentizó, mientras el gobierno y la multinacional trataban de responder a las críticas y quejas sobre los efectos ecológicos del proyecto mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado en el año 2009. Tras la publicación del estudio, el entonces ministro de energía Sánchez Gamarra, declaró nula la concesión.

Sin embargo, Grupo México no se dio por vencido, volviendo a la carga durante la presidencia desarrollista de Ollanta Humala (el cual se enfrenta a nuevos cargos por corrupción que podrían devolverle a la cárcel en las próximas semanas). En aquel momento la oposición ciudadana al proyecto ya generó numerosas protestas, cuya represión por parte de la Policía Nacional causó siete muertes entre 2011 y 2015, a pesar de lo cual en 2014 el Ministerio de Energía y Minas volvió a dar su visto bueno al proyecto tras un segundo EIA.

Con la concesión de la licencia de construcción por parte de Martín Vizcarra, que parece abrir la puerta definitivamente y de forma irrevocable al proyecto, regresan las protestas y las movilizaciones en contra. De momento, la presión social ha conseguido que el ejecutivo acepte revisar las condiciones, poniendo en duda esa irrevocabilidad. Sin embargo, mientras tanto, a pie de calle la respuesta parece limitarse a la militarización de la región, con el despliegue de más de 400 efectivos.

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