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Gran Bretaña. Acusan a May de intento de soborno previo a nuevo voto sobre Brexit

05/03/2019

La primera ministra británica Theresa May enfrenta acusaciones de soborno, tras su decisión de otorgar un fondo multimillonario a comunidades pobres que en 2016 votaron mayoritariamente por abandonar la Unión Europea (UE).

Según sus críticos, resulta sospechoso que la entrega de los mil millones 600 mil libras esterlinas se anuncie una semana antes de que la Cámara de los Comunes decida si apoya o no el nuevo plan del Gobierno para la salida del Reino Unido de la UE el 29 de marzo próximo.

En opinión del prominente parlamentario laborista John McDonnell, se trata de un intento desesperado de soborno para tratar de obtener el respaldo de los diputados de ese partido en la votación del martes próximo.

La vocera del Grupo Independiente integrado por exlaboristas y exconservadores, Anna Soubry, también consideró que se trata de una medida desesperada de May, cuyo plan inicial para el Brexit, como se le conoce al divorcio pactado entre Londres y Bruselas luego del referendo de 2016, fue rechazado por el Parlamento en enero pasado.

Los votantes no serán engañados, especialmente aquellos de zonas donde se votó por el Brexit, pero que ahora quieren un segundo referendo porque saben que de cualquier forma la salida afectará su futuro, afirmó.

May, por su parte, defendió el otorgamiento de la ayuda gubernamental, y aseguró que esas comunidades votaron a favor de salir del bloque europeo como expresión de su deseo de ver cambios.

La Cámara de los Comunes deberá decidir el 12 de marzo si apoya el plan de salida acordado por May con sus pares europeos, o si vota por aplazar el divorcio hasta que se negocie un nuevo acuerdo con la alianza de 27 países.

El principal punto discordante en la propuesta del gobierno conservador es una salvaguarda diseñada para evitar el establecimiento de una frontera física entre las dos Irlandas.

Para los euroescépticos, esa cláusula amenaza la integridad constitucional británica, toda vez que el país no podrá renunciar unilateralmente a ella, sino que tendrá que esperar a que una comisión conjunta decida su levantamiento.

Por otro lado, se teme que un Brexit sin acuerdo provoque escasez de medicinas y alimentos, un incremento del desempleo y la inflación, el desplome de la libra esterlina y una reducción del 10 por ciento del Producto Interno Bruto británico.

También se tiene en cuenta los retrasos monumentales en puertos y aeropuertos europeos, debido a la imposición de medidas aduanales y migratorias por ahora inexistentes. La eventual celebración de un segundo referendo, por el cual abogan el Grupo Independiente y un gran número de laboristas, podría, a su vez, dañar los pilares de la democracia británica, resquebrajar la confianza del electorado y hasta desatar protestas sociales, según analistas.

tgj/nm

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