La Tienda Republicana

Human Rights Watch hace una denuncia ‘suave’ de la represión marroquí en el Sáhara Occidental

  • Activistas y periodistas saharauis son golpeados en la calle y en comisaria

  • HRW cita únicamente algunos casos de violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental

  • No incluye la expulsión de doce observadores internacionales y activistas de DDHH

Policía marroquí desplegada en una manifestación en 2016, las imágenes de los acontecimientos en los territorios ocupados son muy escasas, en un signo más de la opacidad en que se desarrollan los acontecimientos / Archivo

Human Rights Watch (HRW) denuncia en su último Informe Mundial que en el Sáhara Occidental las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente las manifestaciones por la autodeterminación y golpean a activistas y periodistas saharauis, tanto en la calle como cuando están detenidos.

En su análisis anual sobre los Derechos Humanos en el mundo, en el apartado referente al Sáhara Occidental HRW cita solamente algunas de las muchas violaciones de los DDHH que se cometieron en 2018 en el Territorio No Autónomo ocupado por Marruecos. No dice nada, por ejemplo, de la expulsión de doce observadores internacionales y activistas de Derechos Humanos.

HRW reseña los “golpes” que recibieron siete activistas saharauis en una manifestación en El Aaiún el 28 de junio, coincidiendo con la visita del enviado de la ONU, Horst Kohler, y aunque esto fue denunciado ante la fiscalia por la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (ASVDH), no se  investigó.

Relata, también, la detención de los periodistas Mohamed Salem Mayara y Mohamed El Joumayi, de Smara News y corresponsales de RASD TV, a la que HRW califica de pro-Polisario, acusados ​​de tirar piedras y bloquear una calle, cargos que se produjeron meses después de publicar imágenes de un policía con su arma en la ciudad de Smara. Detenidos el 27 de marzo, fueron golpeados por la policía en el vehículo que les llevó a El Aaiún.

Sobre los presos políticos saharauis menciona la huelga de hambre en la cárcel de Kenitra de cuatro integrantes del grupo de Gdeim Izik, tres condenados a cadena perpetua y uno a 30 años, para exigir su traslado a prisiones cercanas a sus familias, en el Sáhara Occidental, ya que están a unos 1.200 kilómetros, petición que no fue atendida. Recuerda HRW que los dos juicios de Gdeim Izik fueron “injustos” y que se basaron casi por completo en confesiones a la policía, rechazadas por los acusados por haber sido firmadas bajo tortura y sin haber sido leidas.

Lo que no cuenta HRW

Esto son los únicos casos de violacion de los Derechos Humanos señalados por Human Rights Watch, que no relata otras largas huelgas de hambre de los presos de Gdeim Izik, su dispersión por diferentes cárceles marroquíes, el crítico estado de salud de muchos de ellos, las torturas, malos tratos y castigos que padecen, como es el caso deMbarek Daoudi, que ha sufrido continuos acosos  o los 45 días de aislamiento impuestos a Mohamed Tahlil en una celda insalubre y tan pequeña de la cárcel de Bouzakaren en la que no se puede dormir estirado. Todo por negarse a vestir la ropa de los presos comunes.  Y así con el alrededor de medio centenar de presos políticos saharauis, casi todos en cárceles de Marruecos. HRW no hace referencia a esta cifra ni a las extremas circunstancias de vida de los presos politicos saharauis.

En el Informe de HRW no hay ni una palabra sobre las siguientes expulsiones del Sáhara Occidental de activistas de Derechos Humanos u observadores internacionales: la investigadora británica Lore Purroy Sánchez, los observadores de Suecia Caroline Nord y Juan Abergon, los activistas de DDHH de Suiza Laura  Kleiner y Tullio Togni, y los españoles  Ana Sebastián y Pablo Jiménez, juristas observadores internacionales , y Patricia ibáñez e Irati Tobar, que viajaron como turistas a El Aaiún

Otras tres expulsiones se produjeron desde territorio marroquí, pero  relacionadas con la causa saharaui: las abogadas francesas Ingrid Metton y Olfa Ouled, defensoras de los presos de Gdeim Izik, y la francesa Claude Mangin-Asfari, esposa del preso saharaui Naama Asfari, condenado a 30 años de cárcel, a la que se echó por cuarta vez sin poder visitar a su marido.img-20180629-wa0035 (1)

Detención de periodistas

Los casos de Mohamed Salem y Mohamed El Joumayi, condenados a dos años de cárcel, no fueron las únicas detenciones de periodista registradas en el Sáhara Occidental: en mayo fue detenido Laaroussi Ndour, fotógrafo y editor del Bentilli Center; en junio, durante la visita de Kohler, las periodistas Zahara Essin y Khadi Essin mientras grababan una manifestación desde un coche, y en diciembre la corresponsal de RASD TV en El Aaiún, Nazha ElKhalid, a la que confiscaron el teléfono móvil y golpearon en comisaría;  ese mes también fue detenido Brahim Dihani mientras documentaba protestas en un barrio de El Aaiún.

Otro periodista que tampoco ha merecido la atención de HRW ha sido Mohamed Banbari, de 48 años, condenado a doce años de cárcel y que lleva tres de reclusión, para el que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas pidió a Marruecos en 2018 su inmediata puesta en libertad, una indemnización y tratamiento médico,  al considerar que su situación es consecuencia del trabajo que realizaba como periodista en la ciudad de Dajla.

Entre otros casos de violación de los DDHH que no merecen la atención de HRW, como numerosas manifestaciones reprimidas con violencia y con decenas de heridos y detenciones, se encuentra la confirmación, en abril, de la sentencia a 16 estudiantes saharauis por el Tribunal de Apelación de Marrakech, con cinco penas de 10 años de cárcel y tres años de reclusión al resto, o el secuestro policial que sufrieron en El Aaiún ese mismo mes, durante 16 horas, una docena de jóvenes a los que tras torturar en dependencias policiales y abandonaron en diferentes descampados.

También el acoso policial a la familia de Mohamed Lamín Haidala,  que murió a los 21 años a manos de colonos marroquíes en El Aaiún, en febrero de 2015; la ausencia de investigación por la muerte, en mayo, del estudiante saharaui Abdel Rahim El Badri, de 24 años, en la Facultad de Letras de Agadir (Marruecos) a manos de un grupo de encapuchados, o la presión de la policía a la familia de Eyub Ali Buyema, de 18 años, atropellado por un coche policial y herido de gravedad, para que no pidiese responsabilidad al Estado marroquí;  los agentes gravaron en el hospital al joven una declaración bajo los efectos de un sedante diciendo que había sido atropellado por un vehículo civil.

Human Rights Watch señala que aunque su personal pudo operar en Marruecos y en el Sáhara Occidental “de manera relativamente libre”, las autoridades marroquíes continuaron en 2018 restringiendo las actividades de otras ONG, incluida la mayor organización independiente de Derechos Humanos de Marruecos. El gobierno prohíbe desde 2015 las misiones de investigación de Amnistía Internacional y obstruye el trabajo de algunas ONG de Derechos Humanos del Sáhara Occidental, hasta el punto de llegar a bloquear su registro legal.

La agencia de periodistas saharauis Equipe Media rechazó en agosto reunirse con la delegación de Human Rights Watch que se encontraba en El Aaiún para elaborar un informe sobre los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, al integrarla los marroquíes Fayrouz Yousfi y Reda Benchemsi, un periodista conocido por sus escritos contra el Frente Polisario.

Antes de la visita, el Ministerio saharaui de las Zonas Ocupadas dijo a HRW que para acceder al Sáhara Occidental debía contar con el permiso del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui, pero la organización solo se dirigió a las autoridades marroquíes.