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Honduras. Empantanado diálogo político donde se acomodan los dueños del país

Las representaciones de Salvador Nasralla, el Partido Liberal y el régimen de Juan Orlando Hernández continúan en las reuniones y discusiones para lograr instalar su diálogo político, con el que creen se solventará la crisis post electoral y de institucional hondureña.

En ese sentido, Salvador Nasralla, ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, asegura que no va a permitir que el diálogo sea eterno y no se van a dejar mangonear para que se esté hablando por meses.

“Por el bien de Honduras debe de haber resultados a más tardar el 31 de octubre, el diálogo tiene que tener una fecha, el pueblo hondureño me comenta que no debemos estar en este diálogo porque saben que Juan Hernández es mentiroso, pero nosotros queremos comprobarlo por nuestras propias pistolas”, asegura el excandidato a la presidencia.

El ex candidato a la presidencia por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, manifiesta que continúa participando en las mesas del prediálogo político porque es la víctima del robo en el pasado proceso de Elecciones Generales; agrega que no lo hace por él ni por su futuro político sino para que el pueblo hondureño conozca la verdad de lo ocurrido el 26 de noviembre de 2017.

De su lado, Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal, dice que el primer punto de arranque de la mesa de derechos humanos será exigir un proceso expedito para los presos políticos de la crisis post electoral.

El diputado nacionalista (fascista), Antonio Rivera Callejas, en nombre de toda su bancada, dijo que están graníticamente unidos para tomar las mejores decisiones en favor del país, al referirse al diálogo político.

Rivera Callejas afirmó que darán todo el apoyo incondicional al Comité Central del Partido Nacional, que participa en el diálogo político entre liberales y representantes de Salvador Nasralla.

Decreto Ejecutivo no es vinculante

La coordinación del Partido Libertad y Refundación –LIBRE- señaló que el decreto ejecutivo firmado por Juan Orlando Hernández no tiene carácter vinculante, porque no menciona ni asume ningún compromiso con el Congreso Nacional para aprobar los acuerdos dentro del diálogo político.

Luego de más de una docena de reuniones, la administración nacionalista decidió hacer público un decreto en el que dice aceptar el diálogo político con la facilitación técnica de la Organización de las Naciones Unidas, y además reconocer los acuerdos que se estimen necesarios.

Manuel Zelaya Rosales, coordinador de LIBRE, comenta que la propuesta de diálogo político es un pacto de gobernabilidad del bipartidismo para mantener la dictadura.

Zelaya Rosales anunció que iniciarán un proceso de asambleas a nivel nacional que dé paso un verdadero diálogo nacional. “LIBRE no participa en esta burla al pueblo, el régimen ha tomado la determinación de no tomar en cuenta nuestras posiciones y dejarnos fuera de las posibilidades de buscar construir el sistema democrático en el país”, dijo Zelaya.

Propone plebiscito

Como una de las salidas a la crisis post electoral, que debería ser abordada durante el diálogo político, el diputado del Partido Innovación y Unidad –PINU-, David Reyes, propone un plebiscito para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo que se repitan las elecciones general del pasado 26 de noviembre.

Reyes recuerda que su propuesta ya fue introducida a la Cámara Legislativa, sin embargo hasta la fecha ni siquiera ha sido turnada a la Comisión de Asuntos Electorales.

“Deberían de aprobarlo o improbarlo. Yo digo por qué tenerle miedo al pueblo hondureño, ellos dicen que el pueblo ya votó pero todos sabemos que ocurrió un fraude, ellos saben que nunca ganarían este Plebiscito porque el pueblo hondureño repudia a Juan Orlando Hernández que violentó a la Constitución de la República”, comentó Reyes.

Mientras los actores políticos continúan acomodando sus intereses, los entes de investigación siguen sin presentar los requerimientos fiscales contra las fuerzas policías y militares que participaron en los 22 crímenes, denunciados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras –OACNUDH-, de personas que participaron en las manifestaciones de rechazo a los resultados electorales del domingo 26 de noviembre del año 2017.

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