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Protestas en todo Perú por la llamada “Ley del esclavo juvenil”

El polémico proyecto de ley de “Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”, presentado por el partido fujimorista Fuerza Popular, permitiría a las empresas emplear a alumnos de los institutos tecnológicos sin remuneración hasta durante tres años.

Enfrentamiento entre estudiantes y policía durante las protestas / Sara Mier @vidapazlibertad

Las principales ciudades de Perú han asistido este fin de semana a las multitudinarias protestas de estudiantes que se oponen a la denominada ley de Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, apodada ya popularmente como “Ley del esclavo juvenil”. La norma, aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el pasado miércoles, permitiría a las empresas mantener a jóvenes en situación de prácticas sin remunerar durante hasta tres años.

Presentada por la legisladora Rosa Bartra del partido fujimorista Fuerza Popular, la norma pretende que bajo el manto de convenios de prácticas, las empresas puedan emplear hasta 20 horas semanales a los “estudiantes en prácticas”. Los defensores de la norma sostienen que los jóvenes deben adquirir experiencia en un entorno laboral real y que los centros educativos no cuentan con la infraestructura necesaria para aportar esta clase de conocimientos prácticos.

La reacción de sindicatos y organizaciones de estudiantes no se ha hecho esperar. Calificando como “una explotación camuflada” y una herramientas para que las empresas obtengan “fuerza laboral gratuita”, las organizaciones civiles han convocado marchas y movilizaciones durante todo el fin de semana.

Bartra y otros parlamentarios de Fuerza Popular no han dudado en condenar las protestas llegando a calificar a los manifestantes de “terroristas”. Las organizaciones sindicales apuntan al agravamiento de la precariedad en el empleo juvenil y señalan que el establecimiento de la norma solo responde a intereses de las empresas sin ninguna justificación educativa. Así mismo, señalan el interés de los centros educativos privados, que, a diferencia de los estudiantes empleados, sí percibirían una contraprestación establecida en convenios.

La presión en las calles ya ha conseguido un primer objetivo, paralizando de momento su aplicación hasta que la norma pase por una votación en pleno parlamentario. En un primer momento, la Comisión Permanente había votado una exoneración de la segunda votación, lo que habría establecido su aplicación sin pasar por su votación parlamentaria. Sin embargo, el viernes, ante el inicio de las protestas populares, varios de los grupos parlamentarios retiraron su firma de dicha exoneración.

Sin embargo, la ley aún podría aprobarse, estableciendo un precedente difícil de ignorar en un contexto en el cual la precarización del empleo juvenil ocupa el centro de atención de las economías de buena parte del mundo.

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