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Un recordatorio del CETA: La minera canadiense Gabriel Resources demanda al Estado rumano 4.400 millones de dólares por su fracasado proyecto en Rosia Montana

La Asociación Alburnus Maior, en la categoría de amicus curiae en el caso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial anuncia que tiene intención de presentar un informe complementario al caso (en septiembre de 2018 a más tardar) donde se detallan informaciones "que han sido pasadas por alto" por ambas partes. 

Paisaje de Rosia Montana / Stefan Angelescu

Según informa el colectivo en una nota de prensa, Rosia Montana Gold Corporation es propiedad al 80% de Gabriel Resources (TSX:GBU) y coparticipada al 20% por el Gobierno de Rumanía. Para realizar la mina de oro más grande de Europa, "ambas planeaban desarraigar la población" de la zona de Rosa Montana, localidad situada en los Montes Apuseni (distrito de Alba, Transilvania). Aunque desde el principio, el proyecto "se vió azotado" por la corrupción, los problemas operativos y la oposición vehemente de las comunidades, fue a partir del 2007 cuando la propuesta fue bloqueada por diversas sentencias judiciales derivadas de las acciones de varias ONGs rumanas y la Alburnus Maior, como asociación formada por propietarios de la zona.

En 2013 el Gobierno rumano quiso darle consideración al proyecto de "interés nacional", -indica la entidad- pero "este movimiento tan irregular, así como la amenaza de Gabriel Resources de demandar por daños y perjuicios al Estado si la mina no era finalmente aprobada", llevó a una protesta nacional e internacional sin precedentes que echó abajo los planes del Ejecutivo.

Finalmente, en 2015, la minera canadiense Gabriel Resources inició de manera efectiva la demanda de arbitraje contra el Gobierno rumano ante el CIADI y tanto Alburnus Maior, como Greenpeace Rumanía y el Centro Independiente para el Desarrollo de Recursos Ambientales (ICDER) contactaron a los responsables del CIADI a través de sus representantes legales para solicitar acceso al caso como posibles amici curiae, respondiendo este con la publicación de varios documentos, incluyendo un cronograma que permite a estas organizaciones presentar su informe hasta septiembre de 2018.

Ante esto -apuntan desde Alburnus Maior-, "el Gobierno tiene todos los argumentos para defender con éxito a Rumanía" y la justificación para actuar en pro de los intereses del país en su conjunto, "dado que es el dinero de los contribuyentes" el que tendría que hacer frente a una hipotética indemnización a la transnacional canadiense.

Por eso, la asociación ha anunciado el lanzamiento de una sección dedicada en su web, www.rosiamonana.org, para proporcionar información, actualizaciones y alertas de acción. "Esperamos que la gente se registre y actúe porque hay mucho que podemos hacer ahora para presionar al Gobierno para que se defina el caso y su papel con el objetivo de ganar. Lo hicimos antes y podemos hacerlo de nuevo", ha afirmado Roxana Pencea Bradatan, coordinadora de la campaña internacional Salvemos Rosia Montana.