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Honduras. Alto comisionado de DDHH condena acciones contra estudiantes

En un comunicado, la Oficina refiere que el modelo de delito de usurpación, está siendo utilizado para proceder con una acción penal a quien ejerza la protesta social. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, ha hecho un llamado a las autoridades de la Universidad Nacional sobre la condena de los estudiantes Moisés Cáceres (izq.), Sergio Ulloa (cent.), Cesario Padilla (der.).

Tegucigalpa.  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, se alarmó por la condena emitida el pasado miércoles contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Los jóvenes Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, fueron declarados culpables por el delito de usurpación de bienes en perjuicio del Estado de Honduras durante las protestas que se realizaron en la UNAH en julio de 2015.

“La Oficina expresa su grave preocupación por el fallo condenatorio emitido por el delito de usurpación, considerando que en reiteradas ocasiones, la Oficina ha señalado públicamente y en nuestra interlocución con operadores de justicia que la utilización de este tipo penal en contextos de criminalización de la protesta social presenta graves problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos” dicta el comunicado que emitió el organismo.

Y prosigue: “Esta práctica es una restricción excesiva al ejercicio legítimo de la libertad de reunión y libertad de expresión, sobre todo considerando que los propios tribunales hondureños en la interpretación y aplicación de este tipo penal han señalado que su configuración requiere la intencionalidad del autor de apropiarse del lugar, es decir, permanecer en él con la intención de incorporar dicho inmueble o espacio público a su peculio o patrimonio personal”.

Según la entidad internacional este tipo de acciones judiciales están siendo utilizadas “en procesos penales incoados particularmente contra defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, garífunas y campesinos, alentando su criminalización y enjuiciamiento”.

La Oficina ha reclamado por los términos firmados entre la UNAH y el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) del 20 de julio de 2016, para poner fin a la problemática que paralizó las clases por varias semanas.

En ese sentido se destacó que las autoridades de la UNAH se comprometieron para solicitar la extinción de procesos penales contra todos los estudiantes universitarios.

Sin embargo, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, explicó que el tratado con el MEU era válido únicamente para los hechos ocurridos en 2016 y arremetió contra el organismo defensor de derechos humanos.

A continuación la carta de la rectora de forma íntegra:

Como Rectora de la Universidad Nacional Autónoma Honduras (UNAH) acuso recibo a su Oficio OHCHR-2017-000130 recibido en la Oficina de la Rectoría el día 8 de junio, adjuntando como respuesta el comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el mismo día 8 de los corrientes.

Entendemos perfectamente las funciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la función constitucional de la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

Tanto el OACNUDH como el CONADEH exhiben en este caso, por un lado, un desconocimiento del procedimiento penal, y por otro, desconocimiento de las acciones que de forma tripartita: UNAH, Ministerio Público y Defensores de los estudiantes ejecutaron para la extinción de la acción pena/acordada entre las partes en Julio 2016, fase que concluyó en septiembre del mismo año. De su Oficina señora Pazo observó todo el proceso el Señor Félix Gómez. Por el CONADEH estuvo presente el Abogado Manuel Salcedo.

Habiendo estado la OACNUDH presente en todo el proceso a través del Señor Félix Gómez, y habiendo recibido la explicación de Autoridad Competente del Tribunal de Sentencias, claro quedó, qué los estudiantes Félix Alejando Cesáreo Padilla Figueroa, Sergio Luis Ulloa Rivera y Moisés David Cáceres Velásquez no eran parte de los Acuerdos por Ustedes aludidos.

Las posiciones de las instituciones solo expresan el rechazo a la sentencia emitido por Tribunal competen, lo que implica una Injerencia inadmisible que rebasa los límites de su mandato como Representante Residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y de la función Constitucional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Ningún organismo supranacional ni nacional está por encima de las leyes nacionales ni tiene mandato para instruir como debe ser dictada una sentencia, y lo que se espera de Ustedes es un desempeño de acuerdo a la alta representación que ostentan.

Saludos atentos

Julieta Castellanos. Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

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