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Perú: Exigen juzgar por lesa humanidad a Fujimori por las esterilizaciones

 Mujeres campesinas y ciudadanas en general realizaron en la mañana de ayer un plantón denominado “Somos 2074 y muchas más” para exigir a la Fiscalía que denuncie por crímenes de lesa humanidad a los responsables de las esterilizaciones forzadas cuyas víctimas son mujeres campesinas quechua hablantes.

La fiscal del caso decidirá el tema. Hubo plantón y Verónika Mendoza dice que miles de víctimas siguen esperando justicia.

Fue exitosa la manifestación, tanto que la lideresa del Frente Amplio, Verónika Mendoza, exigió justicia para las víctimas que esperan justicia desde los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori.

“Miles de víctimas de esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo siguen esperando justicia. Hoy (ayer), tras 14 años de investigaciones, se cumple el plazo para que el Ministerio Público formule su acusación contra los responsables. Ya la fiscal a cargo del caso solicitó prórrogas anteriormente, esta vez tiene que haber un pronunciamiento claro. Basta de mecidas, basta de impunidad”, escribió Mendoza en Facebook.

EN MANOS DE LA FISCAL

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La fiscal se tomó todo el tiempo ayer y recién hoy decidiría si denuncia o no a los responsables de las esterilizaciones forzadas. La fiscal se llama Marcelita Gutiérrez y su denuncia alcanzaría al expresidente Fujimori y a tres exministros de Salud: Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, así como a operadores de salud.

Milton Campos, abogado de la ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), indicó que “es preciso que la fiscal Gutiérrez denuncie por lesa humanidad a los implicados, porque sería terrible que, después de tantos años, decida archivar el caso o ampliar aún más la investigación; en ambos casos impugnaríamos su fallo; porque lo que estamos buscando es justicia y lo encontraremos”.

Demus lleva apenas tres casos de las 2074 denuncias de esterilizaciones forzadas. Se trata de los casos de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y Victoria Vigo.

Campos dijo que al menos en los tres casos existen suficientes indicios para que la fiscal formule denuncia y que en proceso judicial se ventilarán todas las pruebas que existen.

PRONUNCIAMIENTO DE LA CIDH
Asimismo, indicó que la fiscal Gutiérrez debe tomar en cuenta que ya en el caso de Mamérita Mestanza, existe un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado a un acuerdo de solución amistosa e incluye sanción a los responsables: autor intelectual, material, mediato u otra condición. Es por esta razón que el caso alcanzaría al exmandatario.

Campos precisó que, como parte de los indicios, están los testimonios de las víctimas de las esterilizaciones forzadas, las historias clínicas de miles de mujeres entregadas a la Fiscalía en las que se verifica que no existió consentimiento informado de las mujeres para ser sometidas a esas operaciones.

Además, dijo, hay testimonios de operadores de salud que afirman que les exigían cuotas de cumplimiento obligatorio de esterilizaciones y que se les ofrecía incentivos laborales por atenciones quirúrgicas a las mujeres.

Explicó que se han presentado a la fiscal “testimonios de médicos que han revelado que existió una reunión de lineamientos y evaluación de esterilizaciones forzadas disfrazadas como programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, en la que participó el propio Fujimori cuando era presidente de la República”.

Marcha o protesta por esterilizaciones forzadas

MÁS SEÑALES
Indicó que otros indicios se consideran a “las comunicaciones entre el despacho de viceministro de Salud, al ministro de Salud y al despacho presidencial dando reportes específicos de metas alcanzadas por semestres en relación al programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria y oficios de la Casa Militar de Palacio de Gobierno comunicando la autorización para entrega de móviles y logística para ser usada en este programa”.

“Existe abundante material periodístico que da cuenta de muertes y testimonios de mujeres sometidas de manera delictiva a practicarse esterilizaciones, además del informe de la Defensoría del Pueblo en el que constan más de 400 quejas de que no se garantizó el consentimiento informado como parte de la política, y el informe de la subcomisión del Congreso que investigó el caso”, añadió Campos.

ENTRAMPAMIENTO
En enero de 2014, el fiscal Marco Guzmán Baca archivó el caso de las esterilizaciones, pero fue reabierto en mayo del año pasado ante una queja presentada por las víctimas.

En febrero de este año, la fiscal Gutiérrez debió pronunciarse, pero pidió una prórroga de 150 días que se cumplió ayer; y recién decidiría hoy. Las organizaciones de las víctimas informaron que realizarán manifestaciones de protesta si la fiscal decide archivar el caso.

MUERTES
Según información de la Defensoría del Pueblo, por lo menos 18 de mujeres esterilizadas murieron por complicaciones.

 

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