Presidenta (E) de Venezuela promulga Ley de Amnistía que «abre puerta para el reencuentro»
“Estamos garantizando un futuro de paz y convivencia para nuestros jóvenes. Es un acto de desprendimiento y grandeza», dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó este jueves la Ley de Amnistía y refirió que la legislación abre una puerta para el reencuentro de Venezuela.
“Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre y aprenda a vivir democráticamente y se despoje del odio; que primen el entendimiento, el reconocimiento. La Ley de Amnistía va más allá”, declaró Rodríguez.
Al indicar que los que aprobaron la ley están portando esperanza para el país, la mandataria encargada sostuvo que “estamos garantizando un futuro de paz y convivencia para nuestros jóvenes. Es un acto de desprendimiento y grandeza».
Al saludar a los diputados de la oposición y del chavismo y señalar la presencia de muchos actores políticos con trayectoria, y jóvenes, afirmó que “nos estamos desprendiendo de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”.
#ENVIVO | Presidenta Encargada de #Venezuela 🇻🇪, Delcy Rodríguez, pide activar la revisión de casos no contemplados en la Ley de Amnistía para curar heridas y re encausar la convivencia democrática
— teleSUR TV (@teleSURtv) February 20, 2026
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Recordó que “venimos de un 3 de enero de 2026 que quedará registrado en la historia como una agresión histórica de una potencia”, señalando que “nos tocó el alma y la conciencia”.
El 30 de enero —recordó Rodríguez—, “fuimos a la apertura del año judicial y anuncié la Ley de Amnistía”. Agregó que “nos alegra muchísimo tenerlos acá, porque refleja un proceso profundo de reflexión”.
“Es un paso importante para mostrarle a Venezuela de lo que somos capaces”, subrayó la presidenta encargada.
De igual manera, señaló que la violencia con fines políticos llevó a crímenes de odio y a justificar agresiones externas contra Venezuela, y consideró que la aprobación de la ley “ha demostrado una madurez política de todos los que participaron”.
Pidió a la Comisión de la Revolución Judicial, al Parlamento venezolano y al Programa para la Paz y Convivencia Democrática activarse para la revisión de casos no contemplados en la Ley de Amnistía.
“Pido que nos aboquemos a esa tarea”, añadió, y afirmó: “Necesitamos la paz para Venezuela”.
Los 13 hechos políticos que cubrirá la Ley de Amnistía
Primero — Golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002
La ley amnistía los delitos cometidos en el contexto del golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas. Fue el quiebre más agudo que Venezuela registró en el inicio del siglo.
Segundo — Paro y sabotaje empresarial y petrolero (diciembre 2002 – febrero 2003)
Quedan comprendidos los hechos vinculados al paro y sabotaje empresarial y petrolero que paralizó la actividad económica durante casi tres meses. El sabotaje a Petróleos de Venezuela (PDVSA) supuso uno de los golpes más severos a la economía del país.
Tercero — Manifestaciones en torno al referendo revocatorio presidencial de 2004
La norma cubre los delitos derivados de las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos con motivo de la convocatoria y realización del referendo revocatorio presidencial de 2004, proceso que polarizó a la sociedad venezolana en torno a la continuidad del gobierno.
Cuarto — Hechos violentos de mayo de 2007
Quedan cubiertos los delitos vinculados a las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en mayo de 2007, período marcado por tensiones alrededor de decisiones institucionales que agitaron la agenda pública en Venezuela.
Quinto — Disturbios políticos entre julio y septiembre de 2009
La amnistía alcanza los hechos relacionados con las manifestaciones y actos de violencia política ocurridos entre julio y septiembre de 2009, en un clima de agitación que se extendió por varias regiones del país.
Sexto — Conflictividad tras las elecciones presidenciales de abril de 2013
Se incluyen los delitos vinculados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos generados tras las elecciones presidenciales de abril de 2013 y la proclamación de sus resultados. La disputa sobre los cómputos abrió una herida política que tardó años en cicatrizar.
Séptimo — Protestas de febrero a junio de 2014
La ley amnistía los delitos relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio de 2014. Ese ciclo de protestas dejó un saldo severo: decenas de fallecidos, centenares de detenidos y una fractura social que marcó a toda una generación.
Octavo — Actuaciones de la Asamblea Nacional 2016-2020
Quedan comprendidas las conductas relacionadas con la Asamblea Nacional instalada para el período 2016-2020 y el desconocimiento de instituciones y autoridades públicas; una crisis de legitimidad institucional que llevó a Venezuela a operar, durante años, con dos parlamentos en pugna.
Noveno — Protestas de marzo a agosto de 2017
La norma ampara los delitos vinculados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre marzo y agosto de 2017, lapso que concentró uno de los ciclos de mayor conflictividad registrado en el país en las últimas dos décadas.
Décimo — Hechos de enero a abril de 2019, salvo rebelión militar
Se cubren los delitos relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos entre enero y abril de 2019. El texto incluye una salvedad precisa: quedan fuera los actos constitutivos del delito de rebelión militar, distinción que refleja el cuidado con el que el legislador trazó los límites de la norma.
Décimo primero — Procesos internos de selección de candidatos presidenciales en 2023
La ley abarca los hechos relacionados con la convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas presidenciales que tuvieron lugar en 2023, marcados por controversias procedimentales que derivaron en sanciones y inhabilitaciones.
Décimo segundo — Violencia política en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024
Quedan amparados los delitos vinculados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024, comicios cuya disputa sobre los resultados generó una ola de detenciones que la ley ahora busca resolver.
Décimo tercero — Conflictividad en el marco de las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional de 2025
El último supuesto contemplado corresponde a los delitos relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos en el marco de las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional realizadas en 2025, cerrando así un arco histórico que la ley procura sanar.
La amplitud del listado no debe leerse como impunidad irrestricta. La ley fue construida con precisión quirúrgica: al tiempo que abre la puerta para quienes incurrieron en conductas vinculadas a la conflictividad política, la cierra con firmeza frente a delitos que, por su naturaleza, no admiten relativización. En Venezuela, el debate sobre dónde trazar esa línea fue uno de los más intensos del proceso legislativo, y el texto resultante deja pocas dudas sobre cuál fue la respuesta.
El propio espíritu de la norma descansa en esa distinción. Amnistiar no es borrar; es reconocer que detrás de muchos expedientes hay motivaciones políticas que el Estado decide dejar atrás, sin que eso signifique extender el mismo gesto a quienes actuaron con violencia extrema o con fines delictivos ajenos a la disputa cívica. Lo que sigue es el perímetro que la ley traza con exactitud.
Delitos excluidos de la Ley de Amnistía General
El mapa de exclusiones no es un detalle menor: define el carácter de la ley y la distingue de cualquier lectura que pretenda ver en ella una amnistía sin condiciones. Venezuela no renuncia a perseguir los crímenes más graves; decide, en cambio, cerrar capítulos donde la política fue el motor y la cárcel o el exilio, las consecuencias.
Violaciones graves a los Derechos Humanos (DD.HH.). Los actos que impliquen vulneración sistemática o severa de los derechos fundamentales quedan fuera del beneficio, conforme a estándares nacionales e internacionales.
Homicidio intencional. La privación deliberada de la vida no encuentra cobertura en la norma, independientemente del contexto político en que hubiera ocurrido.
Tráfico de estupefacientes. Los delitos relacionados con el comercio ilícito de drogas permanecen sujetos al ordenamiento penal ordinario.
Delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción. Las conductas tipificadas como corrupción pública o privada no hallan amparo en la amnistía.
Acciones armadas o de fuerza contra Venezuela por parte de actores extranjeros. Quedan excluidas las personas que promuevan, instigen, financien o participen en acciones contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras.
Lo que sigue ahora es el trámite final: la revisión por parte de los órganos de administración de justicia y la promulgación mediante la Gaceta Oficial.
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