Diputados concluyen que Milei promovió $Libra en violación a la ética pública
El informe final de la Comisión señala que el presidente Javier Milei y su hermana Karina fueron clave para que se lleve a cabo la operación, investigada como una presunta estafa de alcance internacional.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de Argentina sobre la criptomoneda $Libra presentó su informe final este martes, en el que recomienda que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente Javier Milei incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El documento señala que existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, al promover un negocio privado utilizando su investidura presidencial.
El informe destaca que las afirmaciones de Milei de no conocer los pormenores del proyecto carecen de sustento fáctico. Según la investigación, el mandatario actuó sin consultar a organismos técnicos o jurídicos del Estado, omitió la debida diligencia y desatendió los procedimientos de control institucional.
Esta conducta, según el grupo parlamentario, se replicó en la promoción de otra criptomoneda, KIP, en diciembre de 2024, lo que sugiere una conducta reiterada orientada a eludir mecanismos formales de supervisión.
La comisión confirmó vínculos económicos directos entre actores clave del lanzamiento de $Libra: el empresario estadounidense Hayden Davis, quien fue recibido por Milei en la Casa Rosada el 30 de enero; los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. Un análisis técnico de la blockchain detectó flujos de fondos coincidentes con montos y fechas de un supuesto acuerdo para monetizar la imagen del presidente.
Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, se registraron 16 reuniones en la Casa Rosada y la residencia de Olivos con estos involucrados, de las cuales solo cuatro fueron declaradas oficialmente. La hermana del presidente, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, facilitó el acceso a las instalaciones oficiales, lo que, según el informe, permitió llevar a cabo un hecho investigado como una presunta estafa de alcance internacional.
Según datos técnicos analizados, 114.410 billeteras digitales sufrieron pérdidas, incluyendo 498 inversores que perdieron más de 100.000 dólares cada uno. En contraste, 36 personas obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares. En este contexto, la jueza federal estadounidense Jennifer Rochon señaló en un fallo que los beneficiarios principales podrían ser Javier y Karina Milei.
Además de remitir todas las actuaciones a la Justicia, la comisión resolvió denunciar penalmente a varios funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación $LIBRA, María Florencia Zicavo; el jefe de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el presidente de la CNV, Roberto Silva; y el fiscal Paul Starc, por posible incumplimiento de deberes de funcionario público.
También se solicitó la apertura de un jurado de enjuiciamiento contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, por negarse a colaborar con la comisión y obstaculizar su labor investigativa, lo que fue calificado como un hecho de “total gravedad”.
La comisión insistió en que no hubo cooperación institucional del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a pesar de tratarse de una atribución constitucional. Los diputados reiterarán citaciones a Karina Milei y exigirán respuestas del Ejecutivo.
Con anterioridad el fiscal federal Eduardo Taiano ordenó el peritaje de los teléfonos celulares del presidente Javier Milei y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación por la megaestafa internacional vinculada a la criptomoneda $Libra, el primer gran escándalo que golpeó al Gobierno de La Libertad Avanza.
La medida buscaba determinar si existieron comunicaciones directas entre los Milei y los promotores del token, Hyden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, así como también establecer posibles vínculos con otros implicados en la operatoria, entre ellos Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según la resolución, el análisis revisaría todas las conversaciones, tanto individuales como grupales, y en la totalidad de las aplicaciones de mensajería, incluidas WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn y SMS tradicionales.
El objetivo de la Fiscalía era determinar el nivel de conocimiento y participación que habrían tenido funcionarios del entorno presidencial en la difusión de un activo digital cuya cotización se desplomó horas después de ser promovido por el propio Javier Milei en redes sociales, lo cual provocó la pérdida de grandes sumas de dinero por personas que decidieron invertir en el token motivado por las referencias que dio el mandatario.
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