Organizaciones defensoras de los ddhh se movilizan en Ecuador contra la Ley de Inteligencia

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Taller Comunicación Mujer, Libre Tecnologías Comunitarias y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron, consideran que parte de esa disposición viola derechos fundamentales.

Entre ellos mencionan la libertad de expresión, el acceso a la información pública, el derecho a la protección de datos personales, la intimidad, la inviolabilidad de la correspondencia, el debido proceso y la seguridad jurídica.

De acuerdo con esos colectivos, los artículos impugnados contravienen tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El activista Jonathan Finlay expresó preocupación por que esa Ley pueda usarse para la represión política y porque “más allá de fortalecer la seguridad genera un marco de impunidad muy injusto”,

“Esta Ley faculta al Estado ordenar la persecución o recolección de datos masivos a través de todos los medios posibles sin fiscalización, simplemente a su voluntad”, advirtió.

Por su parte, Andrea Toapanta, asesora legal de Inredh, explicó que parte de los artículos demandados son los que permiten la vigilancia estatal y la recolección de datos al obligar a instituciones públicas y privadas a darlos, “lo cual vulnera los derechos a la intimidad y la libertad”.

Esta es la segunda demanda de inconstitucionalidad que se presenta contra la Ley de Inteligencia, pues anteriormente otras organizaciones sociales, como el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores y Unión General de Trabajadores, presentaron una queja similar.

Con esa normativa, los servicios de inteligencia del Estado podrán solicitar información a operadoras telefónicas sin orden judicial, la única condición es que la solicitud esté justificada y se maneje como información secreta.

La disposición, aprobada el pasado 10 de junio en la Asamblea Nacional (Parlamento) y vigente desde el pasado martes, no establece mecanismos de control ni instancias de apelación ciudadana, por lo cual genera preocupación.

Noboa impulsó la norma en el contexto de su estrategia de seguridad, con la que busca desmantelar organizaciones criminales que operan en el país, uno de los que más homicidios reporta en la región.