El Tribunal Supremo impone la tobillera electrónica a Bolsonaro
- La primera sala de la Corte Suprema de Brasil juzga desde hoy y hasta el lunes la orden de uno de sus ministros de colocar una tobillera electrónica al expresidente Jair Bolsonaro para evitar su fuga.
De manera inesperada, la Policía Federal realizó este viernes un registro en una casa capitalina del exmandatario, a quien se señala como responsable de financiar acciones de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, en Estados Unidos para defender sanciones contra autoridades del país, incluidos jueces del Supremo Tribunal Federal (STF).
La orden a la PF fue dada por el ministro del STF Alexandre de Moraes, quien impuso medidas cautelares que incluyen el uso del dispositivo electrónico en uno de los tobillos del excapitán del Ejército.
También el político ultraderechista tiene prohibido el acceso a redes sociales y restricciones de movimiento ante el riesgo de huida.
Respaldadas por la Fiscalía General, las medidas responden a indicios de que Bolsonaro intentaba evadir el proceso judicial que lo investiga por liderar un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción al poder del actual gobernante Luiz Inácio Lula da Silva.
Durante los registros en la vivienda del ex jefe de Estado, los agentes decomisaron unos 14 mil dólares y ocho mil reales en efectivo (mil 440 dólares), recursos presuntamente vinculados al financiamiento de actividades de su descendiente en Estados Unidos, quien fomenta acciones ante el Gobierno de Donald Trump para presionar al Supremo.
Según la orden del letrado, Bolsonaro deberá permanecer en su domicilio entre las 19:00 y 07:00, hora local, no podrá comunicarse con diplomáticos extranjeros ni con otros investigados en el caso, y su ubicación será monitoreada las 24 horas mediante el aparato digital.
El expresidente está acusado ante el Supremo de delitos como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, asociación para delinquir, obstrucción a la justicia y amenaza a la soberanía nacional.
Al exmilitar se le identifica como líder de un grupo que planeaba mantener ilegalmente su administración (2019-2022), incluso después de su derrota electoral ante Lula.
Su staff jurídico se expresó «sorprendido e indignado» por la imposición de disposiciones preventivas y aseguró que su defendido siempre cumplió con las órdenes de la corte superior.
El sonado caso refleja la tensión entre la independencia del sistema judicial brasileño y las presiones externas, reafirmando la postura del Gobierno de defender la autonomía nacional frente a intervenciones foráneas.
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