La Corte Constitucional de Ecuador evaluará las preguntas de Referendum convocado por Noboa

El envío de los textos abre una nueva fase legal en medio de la tensión entre el Ejecutivo y la Corte, que recientemente admitió demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes impulsadas por el mandatario y suspendió, de forma temporal, artículos clave de esas normas.

Los jueces deberán pronunciarse sobre el procedimiento aplicable a cada uno de los temas presentados por Noboa, la validez de los textos introductorios y la constitucionalidad de las preguntas.

Por sorteo, la magistrada Alexandra Cárdenas será ponente en la propuesta para permitir casinos y salas de juego en hoteles de lujo.

Mientras que la jueza Claudia Salgado asumirá los temas de trabajo por horas, reducción de asambleístas, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la inclusión de un juicio político a los propios magistrados constitucionales.

De las siete preguntas propuestas, cuatro irían a referendo, porque implican cambios en la Carta Magna.

Lo que la Corte debe definir es si la vía para la modificación es una enmienda o una reforma parcial, caso que implicaría un trámite en la Asamblea Nacional con dos debates y una posterior revisión judicial.

Dos de las propuestas —eliminar la prohibición de establecer bases militares en el país y suprimir el financiamiento estatal a partidos políticos— ya pasaron por la Asamblea y se encuentran en revisión final de constitucionalidad.

La idea de regresar a las urnas este mismo año ha generado reacciones tanto de respaldo como de rechazo por parte de diversos actores políticos, sociales y académicos.

Desde el oficialismo, las autoridades cerraron filas en apoyo a la propuesta del gobernante, mientras que organizaciones sociales, líderes indígenas y figuras de la oposición han cuestionado la pertinencia y el contenido de la consulta.

El asambleísta por la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, cuestionó que Noboa quiera realizar un proceso consultivo, pues según su criterio, el país tiene otras prioridades.

Se estima que el monto para realizar la consulta sería de más de 60 millones de dólares.