Milei avanza en privatización de AySA y permite el corte de agua
La empresa AySA presta un servicio esencial a millones de habitantes en la zona más poblada del país, por lo que los cambios en su marco legal son un paso clave en su traspaso a manos privadas.
El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, aprobó este jueves un nuevo marco regulatorio para la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que, por primera vez, autoriza la interrupción del servicio por falta de pago, como paso previo a su privatización.
La medida se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, el cual redefine el funcionamiento legal de la compañía que suministra agua potable y servicio de cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El texto habilita explícitamente el corte del suministro a usuarios residenciales tras 60 días de mora y a entidades comerciales después de 15 días, con una notificación previa de siete días hábiles.
El Ejecutivo justificó la reforma al señalar que busca «dar certeza jurídica» antes de licitar el 49 por ciento de las acciones de la empresa. De ese total, un 44 por ciento se destinará a inversores privados y el 5 por ciento restante al Programa de Propiedad Participada para los trabajadores. El objetivo final, ratificado en normativas previas, es la venta del 90 por ciento del capital accionario de AySA.
Según el nuevo artículo 81 del marco regulatorio, la habilitación para interrumpir el suministro tiene como fin «favorecer la rentabilidad y sustentabilidad de un futuro operador privado». El Gobierno también argumentó que la actualización corrige «errores materiales» en la normativa anterior, principalmente en el sistema tarifario que generaba disparidades en la facturación.
Este decreto se sustenta en la Ley 27.742, aprobada el año pasado, que declaró a AySA «sujeta a privatización». En agosto, el Ministerio de Economía formalizó el proceso mediante la Resolución 1198/25, fijando un plazo de ocho meses para completar la venta. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de contratar un banco estatal para realizar la valuación de la compañía.
La acelerada privatización de AySA y la autorización del corte del servicio de agua por falta de pago evidencian el compromiso del Gobierno de Milei con el desmantelamiento del Estado social y la entrega de servicios esenciales al capital privado. Esta política profundiza la brecha social y amenaza el acceso a derechos básicos, alineándose con la agenda neoliberal de recortes y mercantilización.
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