Trump elimina la base legal de la regulación climática en Estados Unidos
La Academia Nacional de Ciencias advierte que la amenaza del cambio climático está «fuera de toda disputa científica», pero la Casa Blanca insiste en que la medida «ahorrará 1,3 billones de dólares»
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) revocará este jueves el dictamen científico que desde 2009 establece que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública. La medida desmantelará la base regulatoria de las normas climáticas bajo la Ley de Aire Limpio y podría impedir que futuras administraciones demócratas regulen las emisiones de automóviles y plantas eléctricas.
«Esta será la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos y le ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares en regulaciones asfixiantes», afirmó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.
El «hallazgo de peligrosidad» concluyó que seis gases de efecto invernadero —incluidos el dióxido de carbono y el metano— ponen en peligro la salud y el bienestar públicos al impulsar el cambio climático. Esta determinación se derivó de una decisión de la Corte Suprema de 2007 que reconoció a estos gases como contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio.
Aunque inicialmente se aplicó solo a las emisiones de vehículos, el dictamen se incorporó posteriormente a otras normativas federales. Su eliminación significaría el fin inmediato de los estándares federales de emisiones para automóviles.
Una encuesta del Pew Research Center indica que un 52% de los estadounidenses opina que las condiciones económicas del país «han empeorado» debido a las políticas implementadas por el presidente Donald Trump https://t.co/e73HVNHqAd
— teleSUR TV (@teleSURtv) February 5, 2026
La EPA planea argumentar que la contaminación de los vehículos estadounidenses es un porcentaje pequeño de la contaminación global y que el cambio climático es un fenómeno que Estados Unidos no puede resolver por sí solo. También sostendrá que la Ley de Aire Limpio fue diseñada para abordar contaminación «local o regional», aunque esta frase no aparece en el texto legal.
Benjamin DeAngelo, ex funcionario de la EPA que redactó el hallazgo de 2009, calificó la medida como «un mínimo histórico» para la agencia. «La base científica ha resistido la prueba del tiempo y se ha fortalecido», señaló DeAngelo, quien ahora enseña en la Universidad Howard.
Desde que la EPA emitió el dictamen hace 16 años, los científicos han reforzado la certeza sobre los peligros de los gases de efecto invernadero. En respuesta a la propuesta de revocación presentada el año pasado, la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina declaró que la realidad y amenaza del cambio climático está «fuera de toda disputa científica«.
Roger Pielke Jr., investigador del American Enterprise Institute, advirtió que no existe base científica o legal para revocar el hallazgo debido a la amplitud con que está redactada la Ley de Aire Limpio. «El efecto práctico de revocar o no el hallazgo de peligrosidad puede ser mucho menor de lo que la mayoría desea», afirmó.
La medida forma parte de la agenda energética de Trump para apuntalar la industria del carbón y asegurar la posición de la industria petrolera y gasífera, mientras frena proyectos eólicos, solares y de vehículos eléctricos impulsados por la administración Biden.
La revocación enfrentará una batalla legal que podría extenderse hasta 2028, consumiendo el segundo mandato de Trump. Si los tribunales anulan la medida y mantienen el hallazgo vigente, fortalecerían a un potencial sucesor demócrata para emitir nuevas regulaciones.
El plan cuenta con el respaldo de la mayoría conservadora de la Corte Suprema, que en 2022 limitó la autoridad climática de la EPA sobre las plantas eléctricas y otorgó más poder a los jueces para anular regulaciones.
Estados Unidos ya se retiró completamente de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, convirtiéndose en la única nación del planeta que rehúsa incluso participar en conversaciones sobre el tema.
Mientras tanto, la aplicación de normas ambientales se desplomó 76 por ciento durante el primer año del segundo mandato de Trump, según un informe del grupo de vigilancia Environmental Integrity Project. Las demandas civiles presentadas por el Departamento de Justicia en casos referidos por la EPA cayeron a solo 16, comparado con 67 en el primer año de la administración Biden.
La EPA formalizó en diciembre una nueva política de «cumplimiento primero» que prioriza trabajar con presuntos infractores para corregir problemas antes de lanzar acciones formales que podrían resultar en multas. Entre enero y septiembre del año pasado, la agencia impuso 41 millones de dólares en sanciones, ocho millones menos que en el mismo período bajo Biden, ajustado por inflación.
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