Damasco enfrenta nuevas condiciones de EE.UU. a un año del derrocamiento de Al-Assad
Siria vive hoy una transición marcada por masacres, colapso de seguridad, deterioro institucional y graves violaciones de derechos humanos.
Un año después del derrocamiento del Gobierno de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, Estados Unidos (EE.UU.) ha incluido en el borrador de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026 una disposición que deroga formalmente la Ley de Protección Civil de César Siria de 2019, marcando un giro significativo en su política exterior hacia Damasco.
La medida, aún pendiente de aprobación por la Cámara de Representantes, condiciona el levantamiento progresivo de las sanciones secundarias a una serie de exigencias que el nuevo Gobierno sirio, liderado por Ahmad al-Sharaa, deberá cumplir bajo supervisión estadounidense.
El texto legislativo recién revelado establece de forma explícita: “Se deroga por la presente la Ley de Protección Civil de César Siria de 2019…”, lo que implicaría el fin de las medidas impuestas desde 2020 que obstaculizaron la reconstrucción del país y limitaron la cooperación internacional.
Sin embargo, la derogación no es automática ni definitiva: el presidente de Estados Unidos deberá certificar ante comités del Congreso, en un plazo inicial de 90 días y luego cada 180 días durante cuatro años, que el Gobierno sirio está tomando “medidas tangibles” en áreas clave.
A un año del derrocamiento del Gobierno de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 a manos de una coalición liderada por la organización Hayat Tahrir al-Sham (HTS), encabezada por el actual gobernante de facto, Ahmad al-Sharaa, una nueva encuesta en Siria, publicada por Política…
— teleSUR TV (@teleSURtv) December 8, 2025
Estas áreas incluyen: la eliminación de ISIS (Daesh) y otros grupos terroristas, el respeto a los derechos de las minorías, la abstención de acciones militares contra países vecinos, la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen anterior y la erradicación de la producción de drogas. En caso de que, en dos períodos consecutivos de informe, el presidente determine que no se cumplen estas condiciones, las sanciones podrían restablecerse de forma inmediata.
La iniciativa legislativa responde a una serie de movimientos diplomáticos y administrativos ya en curso. En noviembre de 2025, la administración estadounidense utilizó su facultad ejecutiva para suspender las sanciones por períodos de 180 días, mientras avanzaba en gestiones con el nuevo liderazgo sirio. Este proceso se aceleró tras una reunión en mayo entre el entonces presidente Donald Trump y Ahmad al-Sharaa en Arabia Saudita, que derivó en una orden ejecutiva en junio para levantar formalmente las sanciones integrales.
Posteriormente, en julio de 2025, el Departamento de Estado revocó la designación de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) como Organización Terrorista Extranjera, y el 7 de noviembre eliminó a al-Sharaa de la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados. Estas decisiones representan un cambio drástico respecto a la política mantenida durante más de una década, centrada en aislamiento diplomático y presión económica.
La Ley César, promulgada en 2019, fue presentada como un mecanismo para responsabilizar al Gobierno de al-Assad por supuestos abusos de derechos humanos y uso de armas químicas. No obstante, críticos denunciaron que sus sanciones secundarias generaron una crisis humanitaria profunda, afectando desproporcionadamente a la población civil. Ahora, su derogación busca abrir una vía condicionada hacia la normalización, aunque sin renunciar al control de la conducta del nuevo gobierno sirio.
El borrador de la NDAA incluye además disposiciones sobre la presencia militar estadounidense en Siria. El Departamento de Defensa deberá presentar informes al Congreso sobre los centros de detención de ISIS en territorio sirio y, en coordinación con el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), evaluar la postura de la fuerza militar estadounidense, incluyendo la ubicación de bases y actividades operativas.
Paralelamente, el contexto interno de Siria sigue siendo crítico. Tras el golpe de Estado que derrocó a al-Assad, el país atraviesa una fase transitoria marcada por masacres en la región costera y Sweida, colapso de la seguridad, deterioro institucional y violaciones continuas de derechos humanos, según informes de la ONU. Estas incluyen asesinatos extrajudiciales, secuestros, violencia sexual, detenciones arbitrarias y saqueos, a menudo dirigidos contra comunidades alauitas, drusas, cristianas y beduinas.
La ONU ha señalado además que la integración de antiguos grupos armados en las fuerzas de seguridad, sin supervisión suficiente, ha contribuido al deterioro del orden público, agravado por los repetidos ataques militares israelíes que causan daños civiles. El Alto Comisionado de la ONU ha llamado a una “investigación independiente y exhaustiva” y ha subrayado que “la justicia, la paz y la seguridad son esenciales para el éxito de la fase transitoria”.
La legitimidad internacional del presidente transitorio Ahmad al-Sharaa —quien ascendió al poder al frente de una coalición liderada por HTS— sigue generando preocupación tanto dentro como fuera de Siria. Aunque busca presentarse como garante de estabilidad, su pasado controversial y la fragilidad del Estado central dejan en entredicho su capacidad real para reconstruir el país y garantizar una transición sostenible.
En este contexto, la derogación de la Ley César representa tanto una oportunidad como un riesgo: por un lado, abre la puerta a la reconstrucción y alivio humanitario; por otro, mantiene un mecanismo de presión que podría revertirse si EE.UU. considera que Damasco no avanza en los compromisos exigidos. La evolución de esta política dependerá tanto de las acciones del gobierno sirio como de la disposición del Congreso estadounidense a ratificar el cambio de rumbo.
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