El Juicio por el caso Odebrecht en Panamá pospuesto para 2026

Según la nota del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, la nueva audiencia con 26 impugnados, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014)- pero asilado en Colombia-; y Juan Carlos Varela (2014-2019), será ahora el 12 de enero del próximo año.

En el comunicado de la jueza Baloisa Marquínez se precisa que optó por celebrar el juicio en la fecha alterna, debido a que no se ha podido ubicar la dirección y notificar de la vista al expresidente Martinelli.

Tampoco esa instancia había recibido las asistencias judiciales requeridas a Brasil y Perú, en las que se solicitaba tomar declaración a varios testigos, agrega la nota.

La falta de esta asistencias provocó la suspensión del juicio del pasado 20 de enero, cuando estaba previsto celebrarse.

Hasta ahora, Marquínez ha fijado tres fechas distintas para el inicio del juicio de la constructora brasileña. Primero lo programó para el 15 de julio de 2024 (con fecha alterna el 16 de septiembre).

Luego lo reprogramó para el 12 de noviembre de 2024 (con fecha alterna el 20 de enero de 2025). Y, finalmente, lo dejó para este 11 de noviembre de 2025 (con fecha alterna el 12 de enero de 2026), que era la audiencia prevista en cinco días.

En Panamá, Odebrecht pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios de alto rango e intermediarios, según revelaron las investigaciones judiciales.

El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.

De acuerdo con la Fiscalía, para ejecutar los pagos ilícitos, Odebrecht estableció una estructura financiera secreta conocida como la «División de Operaciones Estructuradas», un mecanismo interno diseñado para gestionar sobornos a través de sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales, utilizadas por intermediarios designados por funcionarios panameños.

El propósito de los sobornos era claro: obtener contratos millonarios de obras públicas en el país, una práctica que se repitió en diversos proyectos estatales.

Panamá es uno de los últimos países en la región en avanzar hacia una audiencia pública sobre la red de sobornos de esa compañía que involucró a exmandatarios, ministros y empresarios.