Comienza en Brasil fase de interrogatorios de crucial núcleo golpista
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil comienza hoy el interrogatorio del llamado núcleo crucial de una tentativa golpista, compuesto por el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete integrantes de su Gobierno (2019-2022).
Las audiencias se realizarán de forma presencial en la capitalina sede del STF, salvo la del general Walter Braga Netto que comparecerá por videoconferencia debido a su condición de prisión preventiva.
El primer interrogado será Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y colaborador de la Justicia, en una sesión que comenzará a las 14:00, hora local, y se extenderá hasta las 20:00.
Cid es una figura clave en la investigación, tras haber entregado documentos y testimonios que comprometen directamente al exmandatario ultraderechista y a su círculo más cercano.
Si fuera necesario continuar con las interpelaciones, De Moraes ya dispuso de fechas adicionales: 10, 11, 12 y 13 de junio.
El magistrado subrayó que los acusados tienen el derecho constitucional de declarar o guardar silencio, sin que ello implique perjuicio para su defensa.
Una vez concluidos los requerimientos, el juez elaborará un informe detallado del caso y emitirá su voto.
El documento servirá como base para el juicio en la primera sala del Supremo, formada por los ministros Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia Antunes, Flávio Dino, Luiz Fux y el propio De Moraes como relator del caso.
No hay una fecha definida para la conclusión del informe ni para el inicio del análisis, aunque se espera que el proceso sea incluido en la agenda del STF entre septiembre y octubre.
Tal juicio es considerado uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil, por involucrar a una figura central de la política nacional y abordar la gravedad de los intentos de subversión del orden democrático.
El núcleo crucial, según la Fiscalía General, planificó acciones para impedir la transmisión pacífica del poder al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras ganar las justas comiciales de 2022.
Los acusados fueron imputados por los delitos de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, daños calificados y deterioro de bienes inmuebles.
En conjunto, las penas pueden alcanzar los 43 años de cárcel.
Investigaciones revelaron documentos, reuniones clandestinas y un borrador de decreto que contemplaba la intervención de las Fuerzas Armadas y la anulación del resultado electivo.
El proceso podría sentar un precedente perentorio en la defensa de las instituciones democráticas en América Latina.
npg/ocs
Relacionado
