Alianza por la Solidaridad •  Red21 •  Internacional •  08/08/2018

Aumenta el acoso y la criminalización a líderes y lideresas indígenas que defienden sus derechos

Se celebra un Día Internacional de los Pueblos Indígenas trágico, ante el aumento de la presión, las amenazas y la violencia contra líderes sociales indígenas en toda Latinoamérica.

Aumenta el acoso y la criminalización a líderes y lideresas indígenas que defienden sus derechos

La situación de las lideresas y de los líderes indígenas que actúan como defensores de derechos y de los bienes naturales empeora por momentos en América Latina. Alianza por la Solidaridad, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra 9 de agosto, destaca la persecución, acoso, criminalización y muerte que sufren las personas que defienden los derechos en países de Centroamérica y en Colombia, en los que trabaja la organización desde hace décadas y donde se constata cómo la presión de grupos ilegales o de estamentos económicos están provocando un incremento del número de víctimas.

En el caso de Colombia, desde la firma de los acuerdos de paz a finales de 2016 ya son 65 los líderes indígenas que han perdido la vida en varias regiones del país, según los últimos datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Detrás de estos crímenes se encuentran grupos ilegales que impunemente llegan a las comunidades indígenas para asentar sus actividades ilícitas, en un contexto de desprotección por parte de las autoridades. Los líderes indígenas que se enfrentan a su presencia, en defensa de sus tierra y sus recursos naturales, son perseguidos y asesinados, sin que lleguen a esclarecerse los casos. Hay que recordar que en Colombia coexisten 102 pueblos indígenas,  de los que 64 se encuentra en riesgo de extinción física y cultural.

En el caso de países como Guatemala también aumenta el acoso a las lideresas y líderes que, en este caso, defienden los bienes naturales frente a la llegada de inversores empresariales, quienes apoyados desde estamentos oficiales, afectan directa y negativamente los derechos de los pueblos indígenas. Sólo entre enero y julio, han sido asesinados 13 personas defensoras de derechos humanos en el país centroamericano y ha habido 135 casos de agresiones y 76 de criminalización, según datos de la organización UDEFEGUA. De este total, 32 agresiones han sido contra mujeres líderes.

Un ejemplo de estas situaciones ha sido el caso de la empresa española Ecoener-Hidralia, cuyo proyecto de construir una presa en el río indígena Cambalán provocó graves conflictos: persecución, asesinatos, criminalización y encarcelamientos de los líderes indígenas que defendían los derechos de sus comunidades. Aunque el proyecto fue desestimado a finales de 2016, tras la campaña de Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala, con más de 20.000 firmas de apoyo, las heridas en las comunidades indígenas continúan. Por ello, Alianza por la Solidaridad recuerda con un documental en el Día de los Pueblos Indígenas que la mejor manera de acabar con los conflictos es prevenirlos.

Además, la organización recuerda la situación del líder q’eqchi’ Bernardo Caal Xol, encarcelado desde enero en una prisión en Cobán, en infames condiciones, tras haber denunciado a dos hidroeléctricas (OXEC y Renace) que han colapsado el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz. El caso de Caal Xoc pone de manifiesto la persecución judicial, con acusaciones falsas, que sufren los representantes indígenas en un país señalado por la corrupción política. Empresas transnacionales se aprovechan de estas circunstancias para sus negocios, obviando que se incumple la legislación internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

La campaña TieRRRa (para promover las inversiones responsables) de Alianza continúa recogiendo firmas para exigir la puesta en libertad de Bernardo Caal Xoc.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Alianza por la Solidaridad exige el cese de  la presión y acoso a las lideresas y líderes de los pueblos indígenas, así como normativas nacionales e internacionales que promuevan las inversiones empresariales responsables con  recursos naturales  de los que dependen las comunidades para su supervivencia.

En el caso de España, pedimos a la nueva Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que tome medidas urgentes para que las empresas españolas dejen de vulnerar los Derechos Humanos en países en desarrollo. Hace un año que se firmó el Plan de Acción Nacional Derechos Humanos y Empresas y es el momento de dotarlo de medidas encaminadas a que sea efectivo.

Asimismo, exigimos otras medidas, como el apoyo a la elaboración de un tratado jurídico internacional,  la revisión de la política de apoyo a la internacionalización de la empresas y la puesta en marcha de un programa de protección de defensores de los derechos humanos, con un incremento de las partidas presupuestarias a ello a través de la AECID, medidas que ya se recogen en la Proposición no de Ley sobre la responsabilidad de las empresas españolas transnacionales respecto a los derechos humanos y medioambientales, que fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en marzo de este año y aprobada  el 26 de junio.  Desde Alianza por la Solidaridad igualmente se insta al Gobierno a llevarlas a cabo de la manera más urgente posible.


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