La violencia y la intolerancia se cobran otra víctima entre la comunidad indígena de Honduras

Lesbia Yaneth, originaria del municipio de Marcala (La Paz), era una destacada líder comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas contra el golpe de estado en Honduras del 2009 y una activa militante en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente y contra la construcción del proyecto hidroeléctrico «Aurora I», de la localidad de San José, «en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López» -afirma la entidad en un comunicado.

Según indican, el asesinato de Lesbia Yaneth se da en el marco del proceso de consulta llevado a cabo por el Gobierno hondureño los pasados 4 y 5 de julio acerca de la aprobación del Proyecto de Ley de Reglamentación del Mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada a la que tienen derecho las comunidades indígenas amparadas en la la legitimidad histórica y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este asesinato se produce pasados cuatro meses del crimen de Berta Cáceres y según denuncia el COPINH, «confirma la puesta en marcha de un plan» para hacer desaparecer a quiénes defienden la naturaleza y el medio ambiente agrupados en la organización indígena.

«La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta» -insisten desde el COPINH-. 

El Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras responsabiliza «directamente» del asesinato al Gobierno de Honduras a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todas las instituciones gubernamentales «que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza». También, de igual forma, a Gladys Aurora López y su consorte Arnold Castro «por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz».

El COPINH exige que cesen los asesinatos contra sus integrantes, acompaña en el dolor a la familia de Lesbia Yaneth y exige que se haga justicia en encontrar a los culpables del asesinato para que crímenes como este y el de Berta Cáceres «no queden en la impunidad». 

IMPLICARSE EN LA DEFENSA DE LA NATURALEZA PUEDE COSTAR LA VIDA EN MUCHOS PAÍSES 

Según el último informe de la ONG Global Witness, el año 2015 fue el peor de la historia en lo que respecta al asesinato de ambientalistas, pues un total de 185 personas fueron asesinadas en todo el mundo por su oposición a proyectos de empresas transnacionales del sector hidroeléctrico, extractivo o agroindustrial, y que representa más del doble del número de periodistas asesinados en zonas de conflicto el año pasado. 

En 2015 los países más letales para los activistas ambientales fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33, que representan cifras nunca vistas en estos países, seguidos de Colombia (con 26 muertes), Perú (12), Nicaragua (12) y la República Democrática del Congo (11). Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería (en 42 casos), la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).  

Global Witness considera que «proteger a los defensores de la tierra y el medio ambiente es vital, no sólo por una cuestión de justicia y derechos humanos fundamentales, sino por nuestra supervivencia colectiva«. Porque estas personas son las guardianas de los recursos naturales del planeta «en un contexto de cambio climático vertiginoso y una miríada de problemas ambientales que amenazan a la humanidad«.