Pruebas documentales esclarecen el vínculo del gerente de DESA y los asesinos de Berta Cáceres

Durante las dos semanas de audiencias, en la Sala I del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa, el Ministerio Público (MP), ha evacuado en su totalidad las pruebas testificales, para dar paso a la presentación de los medios probatorios documentales.

Entre las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía se dio a conocer un acta de diligencia investigativa en la cual se estable que Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas y ya condenado por la autoría material, aseguró al Ministerio Público que él recibió una propuesta de Douglas Geovanny Bustillo, empleado de DESA, de darle muerte a Berta Cáceres.

Lo anterior vincula a Roberto David Castillo, puesto que en su declaración de Díaz Chávez aseguró que le ofrecieron el pago de 500 mil lempiras por ejecutar el asesinato, dinero que sería entregado por el gerente de DESA.

En ese sentido, la abogada Carmen Haydee López, integrante de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, señala que las pruebas documentales han construido el perfil de Roberto David Castillo, “que es un oficial de inteligencia militar y con vínculo laboral de directivo de DESA en el momento del asesinato”.

“Se empieza a esclarecer lo que ha sido su vinculación con las personas ya condenadas en el juicio del 2018 en calidad de autores materiales”, puntualiza López e indica que el Tribunal admitió como medios de prueba peritajes socio-económicos “que vienen a implicar algo muy novedoso, en el sentido que las líneas investigativas no suelen tomar en cuenta estos elementos al analizar los crímenes que están vinculados con el despojo en las comunidades”.

La Misión de Observación resalta que otro de los puntos más relevantes en el desarrollo del juicio contra Roberto David Castillo es la declaración del oficial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que estuvo a cargo del caso.

“Este agente de investigación declaró que el asesinato tiene como causa principal el trabajo de Berta en todo lo que era protesta y denuncia para evitar la ilegal implementación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en territorio indígena lenca”, explica López, integrante de la Misión.

Agrega que con la declaración del agente de la ATIC “se desestima la primera línea de investigación que intentó posicionar la Policía Nacional en el sentido que el asesinato de Berta era un crimen pasional.

El asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), puede considerarse como un feminicidio, afirma López: “se podría catalogar como un feminicidio político, porque Berta Cáceres no era una mujer en el sentido tradicional, se mezclan otros elementos como el liderazgo que vino a perturbar distintos espacios políticos, siempre cuestionando y posicionándose frente a las causas justas, y opuesta a cualquier tipo de corrupción”.

En las audiencias del Juicio contra Roberto David Castillo, serán presentadas extracciones telefónicas con las que la fiscalía del Ministerio Público argumentará ante el Tribunal la planificación de los ataques, persecución y el asesinato de Berta Cáceres, crimen ejecutado por Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez condenados a penas de 16, 30 y 34 años presión.

Juicio contra David Castillo: Día 9 https://t.co/A8EQs5aEVZ

— COPINH (@COPINHHONDURAS) May 5, 2021

Denuncian que siguen impunes los asesinos de Berta Cáceres

La comitiva, encabezada por la hija de Berta Cáceres, Laura Zúñiga, informó que tras varias suspensiones, en unos días concluirá el juicio contra David Castillo, el exoficial de la inteligencia militar de Honduras, quien fue gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) y habría fungido como «enlace» entre quienes ordenaron la ejecución y los sicarios.

Sin embargo, advirtieron, Castillo «es solo un eslabón de una estructura criminal”, pues señalaron como responsables intelectuales a varios miembros de la familia Atala, accionistas de Desa –compañía hidroeléctrica contra la que luchó Cáceres—, además de una complicidad del Estado que implica a funcionarios de gobierno y de las fuerzas armadas.

“Él no es el autor intelectual y varias de las personas judicializadas han expresado que el problema de mi madre se discutía a nivel de la junta directiva de la empresa (…) No hay voluntad política del Estado de investigar su responsabilidad y participación en el crimen», enfatizó Berta Zúñiga, hija de la ambientalista.

Aseveró que el juicio contra Castillo debe ser la base para descubrir a la “estructura criminal” que asesinó a su madre y sigue violentando a defensores del ambiente y comunidades, incluidos los vínculos con autoridades. En ese juicio, reiniciado tras 19 días de suspensión, los familiares y compañeras de lucha de Berta lograron que el Tribunal garantice a Laura Zúniga, el derecho de víctima a estar presente.