Familia de pescador colombiano asesinado por EE.UU. presenta denuncia ante la CIDH
“Están aterrorizando a la gente, esto es terrorismo. La gente tiene miedo de salir a pescar, han sumido a toda la región en un estado de miedo, que es lo que pretenden”, señaló el abogado Dan Kovalik.
La familia de Alejandro Carranza Medina, pescador colombiano asesinado en un ataque en el mar Caribe, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), señalando que se trató de una ejecución extrajudicial.
El caso, considerado el primero de este tipo en relación con los operativos militares estadounidenses en la región, fue formalizado este martes por el abogado Dan Kovalik, defensor del presidente colombiano Gustavo Petro tras su inclusión en la llamada “lista Clinton”.
Kovalik, especialista en derechos humanos, afirmó que el ataque constituye una práctica sistemática de terrorismo de Estado. “Están aterrorizando a la gente, esto es terrorismo. La gente tiene miedo de salir a pescar, han sumido a toda la región en un estado de miedo, que es lo que pretenden”, declaró el abogado, quien además aseguró que buscarán reparación para la familia de la víctima y que esta acción es “un buen primer paso” para detener lo que calificó como una práctica ilegal.
La denuncia responsabiliza directamente al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, de ordenar el bombardeo contra embarcaciones como la de Carranza y el asesinato de sus ocupantes. El documento subraya que “el secretario Hegseth ha admitido que dio dichas órdenes a pesar de desconocer la identidad de las personas que eran objeto de estos atentados y ejecuciones extrajudiciales”.
Por su parte, la CIDH expresó profunda preocupación por la serie de ataques letales realizados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental. El organismo recordó que la obligación de proteger el derecho a la vida y garantizar el debido proceso se extiende incluso a operaciones extraterritoriales. En este sentido, instó a Washington a “abstenerse de emplear fuerza militar letal en el contexto de operaciones de seguridad pública” y a investigar de manera pronta, imparcial e independiente cualquier muerte causada en estos operativos.
Desde agosto de 2025, Estados Unidos mantiene un despliegue militar frente a las costas de Venezuela bajo la operación “Lanza del Sur”, con el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, organismos internacionales como la ONU y la DEA han señalado que Venezuela no constituye una ruta principal del tráfico de drogas hacia EE.UU., ya que más del 80 % de los estupefacientes ingresan por el Pacífico.
En este contexto, más de 80 personas han sido asesinadas en bombardeos contra unas 20 embarcaciones sin pruebas de vinculación con el narcotráfico, acciones que expertos de Naciones Unidas han calificado como “ejecuciones extrajudiciales”.
La denuncia presentada por la familia de Carranza busca abrir un precedente jurídico en la región y poner en evidencia las consecuencias de los operativos militares estadounidenses en aguas del Caribe. El abogado Kovalik concluyó que, pese a las dificultades políticas, continuarán con el proceso legal para garantizar justicia y reparación.
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