Asamblea Nacional de Venezuela repudia expolio de CITGO por parte de EE.UU.
La Asamblea Nacional de Venezuela repudió unánimemente el «expolio» de CITGO por EE. UU. en complicidad con la «extrema derecha nacional». El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, propuso retirar la nacionalidad a los dirigentes involucrados.
En una sesión Especial Extraordinaria, la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) condenó unánimemente este martes la «ilegal» venta de la petrolera CITGO, el principal activo del país en Estados Unidos. Además, propuso retirar la nacionalidad a «cabecillas» de la «extrema derecha venezolana» implicados en el «expolio».
El cuerpo legislativo aprobó el proyecto de acuerdo que repudia la venta de la empresa venezolana por el gobierno estadounidense y «sectores de la derecha fascista nacional«, en consonancia con el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
Durante el debate, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, enfatizó la necesidad de aplicar la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Libertador Simón Bolívar para «castigar» a los responsables. Propuso exhortar al Ejecutivo Nacional a retirar la nacionalidad a José Ignacio Hernández, Dinora Figuera, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y Horacio Medina, señalados como los «principales cabecillas» del «gigantesco robo» de CITGO.
Rodríguez argumentó que el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, base para la redacción de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, establece el deber de los venezolanos de «honrar y defender la Patria», así como «resguardar y proteger la soberanía». Quien incumple este deber, insistió, niega su condición de venezolano y, por ende, no es merecedor de la nacionalidad.
Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN y presidente de la comisión investigadora de la refinería venezolana, destacó que la aprobación de la venta irregular de CITGO evidencia la falta de respeto de Estados Unidos al derecho a la propiedad. Infante sentenció que «el planeta tiene que saber, cualquier Estado o país y empresario tiene que saber que si a EEUU le da la gana le roba su empresa, que es lo que está pasando hoy con CITGO». Enfatizó también el rechazo a la negación de la posibilidad de que Venezuela recupere su activo.
Esta situación, según Infante, se agrava por la decisión de un juez de vender forzosamente la compañía, valorada aproximadamente en 12 mil millones de dólares, por solo 5 mil novecientos millones de dólares. En este sentido, aseveró que CITGO, el séptimo complejo refinador más grande de Estados Unidos, posee cerca de 4.200 estaciones de servicio y genera anualmente entre 4 mil y 5 mil millones de dólares en utilidades, fondos que podrían destinarse a la protección social y economía del pueblo venezolano.
Las averiguaciones identificaron a 351 responsables del «expolio», quienes serán objeto de sanciones. Entre ellos se cuentan 94 exparlamentarios de la legislatura de 2015. Asimismo, 108 pseudofuncionarios vinculados a instituciones paralelas. Finalmente, 149 directivos de ONG que habrían recibido financiamiento de la Fundación Simón Bolívar de CITGO. La diputada Iris Varela solicitó la publicación y confiscación de los bienes de los colaboradores.
La autorización fraudulenta de la venta de CITGO
En un acto que consolida una de las mayores expropiaciones de la era moderna, un juez federal de los Estados Unidos avaló la venta forzosa de CITGO Petroleum, la principal filial internacional de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Este fallo, emitido por el juez Leonard P. Stark en Delaware, representa la culminación de un largo proceso jurídico-politizado destinado a despojar al Estado venezolano de un activo estratégico valorado en miles de millones de dólares.
La transacción, aprobada por un monto de 5.900 millones de dólares a favor de la empresa Amber Energy, constituye un verdadero «robo» según análisis expertos, dado que el valor real de la empresa se sitúa entre los 11.000 y 13.000 millones. El profesor y analista Werther Sandoval lo describe sin ambages: «el contubernio, aquelarre, entente jurídico-político de la jurisprudencia estadounidense con el fantoche gobierno y los buitres acreedores… le robarán CITGO a Pdvsa con la trácala de cobrar una deuda que no es de Pdvsa, sino de la República Bolivariana de Venezuela».
El mecanismo para este despojo se puso en marcha tras el ilegítimo reconocimiento por parte de la administración Trump de un gobierno paralelo en Venezuela en 2019. Sandoval explica que fue entonces cuando «el parapeto [gobierno de Guaidó] disparó [la deuda] a 23.600 millones para hacerla impagable y con ella exacerbar la hambruna crematística de los acreedores para demandar y apropiarse de Citgo». Esta estrategia violó el principio jurídico capitalista del alter ego o velo corporativo, que protege a una subsidiaria de las deudas de su matriz.
Como detalla el análisis, «previo a la usurpación de Guaidó, CITGO jamás estuvo sobre endeudada… Venezuela incluso hasta 2019, antes de la autoproclamación, cumplía cabalmente con sus compromisos de pago». La toma ilegal de la junta directiva por parte de figuras afines a la oposición, como Luisa Palacios y Carlos Jordá, allanó el camino para que los acreedores buitre presentaran demandas masivas en cortes estadounidenses.
El doble objetivo
La ambición sobre CITGO no es nueva. Sandoval recuerda que advertencias históricas, como las del expresidente Carlos Andrés Pérez, alertaban que poseer una refinería al 100% en EE.UU. la hacía «vulnerable y propicia para hacerla objeto de medidas proteccionistas». El objetivo dual era, por un lado, estrangular una fuente vital de divisas para la nación bolivariana y, por otro, apoderarse de un complejo industrial rentable que por décadas ha beneficiado desproporcionadamente a la economía norteamericana.
«Citgo fue adquirida para enviar petróleo venezolano a precios por debajo del valor medio del mercado, a descuento, lo cual redunda en la entrega de altas sumas impositivas al fisco de EEUU, a costa de menores dividendos y casi nulos pagos de impuestos al Estado venezolano», señala Sandoval. Su control total era una pieza clave en la guerra económica multidimensional contra Venezuela.
Este fallo, que el Gobierno Bolivariano ha denunciado enérgicamente como un atraco en plena luz del día, tendrá graves repercusiones. Sandoval advierte que «toda relación y acuerdo de EEUU con Venezuela estarán marcados por el antecedente de haberse robado CITGO, un acto delictual que estará siempre latente… generando desconfianza y elevando los costos de cualquier negociación bilateral».
El Estado venezolano ha dejado claro que agotará todas las vías legales a nivel internacional para recuperar lo que legítimamente le pertenece. La venta, que aún requiere aprobaciones regulatorias y no se concretaría hasta 2026, se alza como un monumento a la doble moral y la lawfare (guerra jurídica) empleada por el imperio y sus colaboradores locales.
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