Sindicatos argentinos impugnarán la reforma laboral aprobada por el Congreso
La estrategia judicial consistirá en presentar varios argumentos para invalidar el nuevo marco normativo, entre los cuales se encuentran: que este es contrario al principio de progresividad establecido en la Constitución del país y que obstaculiza principios de organización y protesta sindical.
La Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT), planea impugnar desde el lunes, por medio de presentaciones frente a la Justicia, la reforma laboral sugerida por presidente Javier Milei y que fue aprobada el viernes en el Congreso nacional.
La estrategia judicial consistirá en presentar varios argumentos para invalidar el nuevo marco normativo, entre los cuales se encuentran: que este es contrario al principio de progresividad establecido en la Constitución del país y que obstaculiza principios de organización y protesta sindical.
La ley, que modifica una normativa de 1976, ofrece alternativas al pago de horas extras, disminuye las indemnizaciones con un nuevo cálculo, permite que se paguen en cuotas y faculta la fragmentación de las vacaciones. Sin embargo, también reduce la base para calcular las indemnizaciones en perjuicio de los trabajadores.
Asimismo, reduce el derecho a la huelga y la actividad sindical por medio de diversas acciones: expande la lista de sectores que se consideran esenciales, los cuales no pueden recibir menos del 75 por ciento el servicio en caso de protestas; califica como infracciones «muy graves» las tomas o bloqueos de establecimientos; y suprime que un convenio colectivo permanezca vigente después de su vencimiento hasta que uno nuevo sea firmado.
El proyecto de reforma laboral fue aprobado por el Senado argentino el viernes en la noche, con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones; el Gobierno de Milei lo celebró diciendo que generará un estímulo para registrar más trabajadores y ofrecer más empleos.
Por otra parte, desde diversos ámbitos del sindicalismo argentino sostienen que el texto de la reforma laboral aprobada contraviene el principio de progresividad de la Constitución, también llamado de no regresividad, que prohíbe el recorte de los derechos laborales previamente establecidos mediante nueva legislación.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en una columna del medio La Nación local publicada el miércoles, aseguró que «defender la no regresividad en materia laboral no es una postura ideológica: es cumplir, con rigor constitucional y compromiso democrático, que el trabajo siga siendo un derecho y no se convierta en una mera variable de ajuste«.
Carla Gaudensi, secretaria de Géneros de la CGT y secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), le comentó a la agencia EFE que la reforma es inconstitucional y una «aberración«.
En respuesta a que la ley 12.908, que garantizaba los derechos de todos nosotros y protegía el trabajo periodístico, fue eliminada por la reforma aprobada, Gaudensi dijo: «Seguiremos en la calle protestando y también haciendo presentaciones judiciales para insistir en la inconstitucionalidad de todos estos aspectos, que derogan un montón de leyes protectorias para el trabajo y que además garantizaban derechos para todos nosotros«.
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