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La CE le da la razón al BNG e inicia el procedimiento de infracción contra el Estado español por incumplir la normativa de seguridad ferroviaria

24/01/2019

La eurodiputada del BNG valora muy positivamente esta decisión que servirá para conocer “por fin” la verdad sobre el accidente de Angrois.

Bruselas, 24 de enero de 2019.- Tras el anuncio realizado hoy por la Comisión Europea del inicio del expediente contra el Estado español por infracción del Derecho Comunitario por incumplimiento de las obligaciones de seguridad ferroviaria sobre la evaluación específica del control de riesgos, que no se cumple en el momento actual, la eurodiputada del BNG Ana Miranda destaca que “llega desde Europa el momento de la verdad y de la justicia, algo que no se ha producido en el Estado”.

Ana Miranda considera que el hecho de que la Comisión Europea decida iniciar este proceso “le da la razón al BNG” tras su largo e intenso trabajo desarrollado en Europa con el objetivo de buscar verdad y justicia para las víctimas. “Es una negligencia y una irresponsabilidad poner en marcha una línea en la que no se hicieron los controles pertinentes, por lo que seguiremos vigilantes en estos dos meses que tiene el Estado español para contestar al requerimiento de la Comisión”, señala Miranda.

Este inicio de procedimiento da respuesta a la denuncia presentada por la eurodiputada nacionalista contra el Estado Español (Gobierno, Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles, ADIF y Renfe Operadora) el 7 de julio de 2017, justo un año después de que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) entregara a la Asociación de Víctimas del Alvia 04155 y al BNG el informe que cuestionaba la independencia de la investigación realizada por la CIAF.

En el documento, el BNG denunciaba al Estado Miembro por infracción de la normativa comunitaria en materia de seguridad ferroviaria referida a la evaluación de riesgos de la línea 082 por la que circulaba el tren Alvia, en la que tuvo lugar el dramático accidente de Angrois el 24 de julio de 2013 en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Se denunciaba al Estado por no hacer la evaluación de riesgos, tanto en relación con el aspecto del control integral como respecto a los cambios sustancias en la seguridad ferroviaria que se hicieron en el proyecto de la línea Ourense-Santiago, tren Alvia de Viajeros de Larga Distancia 150/151 de Renfe Operadora, compuesto de 13 vehículos y en las condiciones de seguridad del “proyecto en la Bifurcación A Grandeira”.

Normativa de Seguridad

La normativa comunitaria exige que el Estado español debía haber porque RENFE y ADIF aplicaran obligatoriamente las medidas necesarias de control de riesgos con el objetivo de que hubiera una explotación segura del sistema ferroviario, tal y como señala la Directiva Marco de Seguridad Ferroviaria de 2004 y el Reglamento del Método Común de Seguridad de 2012. Esa normativa base es la que exige realizar una evaluación de riesgos integral en los sistemas estructurales (Infraestructura, energía, control de mando y señalización, sistemas de gestión del tráfico ferroviario...). Miranda recuerda que según la normativa aplicable, ADIF tenía que haber realizado un análisis integral de riesgos para la puesta en servicio de la línea AV 82, tanto identificando los posibles peligros en la conducción por la interacción de los subsistemas, como el factor humano, como el diseño de la línea.

Riesgo actual

"Existía un riesgo de descarrilamiento claro y evidente”, señala la eurodiputada nacionalista, quien lamenta que no existiesen sistemas de seguridad complementarios y se dejase todo el peso en manos del maquinista. “Lo peor de todo es que a día de hoy, tal como se desprende de la decisión de la Comisión Europea de abrir procedimiento de infracción, no se realizaron los cambios necesarios y por tanto, eso significa que en el momento del accidente hace cinco años tampoco se hicieran", señala la eurodiputada del BNG.

Respuesta al trabajo continuo

El inicio de este procedimiento es consecuencia del concienzudo trabajo efectuado por Ana Miranda en Europa, que ya en noviembre de 2015 gestionó la posibilidad de que las víctimas mantuvieran reuniones en Bruselas con los responsables comunitarios en seguridad ferroviaria, a partir de los que fue elaborado el Informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) en julio de 2016. También hizo posible posteriores encuentros con el Director de la ERA y, ya en junio de 2018, una reunión con la Comisaria de Transportes, Violeta Bulc, quien siempre mantuvo un gran interés y empatía por esta tragedia.

Ademáis, la eurodiputada del Bloque llevó a cabo la intermediación necesaria para que la ERA enviara al juez instructor del accidente -después de que el documento desapareciera misteriosamente-, la respuesta a un cuestionario que concluye que no se realizaron los necesarios controles de evaluación de riesgos en la vía y en el tren y, por tanto, en el sistema de doble verificación que exige el Reglamento comunitario aplicable.