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La Xunta de Galicia puso en riesgo a un ave en peligro de extinción al autorizar una batida de jabalí en una zona protegida de la Red Natura 2000

30/06/2017

La Sociedade Galega de Historia Natural  reclama una investigación en profundidad por parte de los responsables de la Consellería de Medio Ambiente del incidente sucedido el pasado 21 de mayo en la Zona Especial de Conservación del Sistema Fluvial Ulla-Deza (ZEC ES1140001), en el que participaron decenas de cazadores con perros en una actividad presuntamente autorizada por la Administración autonómica.

La subespecie lusitanica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus) se encuentra en peligro de extinción / flickr.com

El lugar donde se realizó la batida, el denominado "Canaval do Ulla", cuenta con la subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus), ave incluída en la categoría de "en peligro de extinción" en los catálogos gallego y español de especies amenazadas, según el Decreto 88/2007 y Real Decreto 139/2011.

Según informa el colectivo, el Canaval do Ulla está catalogado como "Área prioritaria de conservación" y es "una de las zonas vitales para la supervivencia y recuperación de la subespecie" al ser utilizada para su reproducción y alimentación.

Sin embargo, el pasado día 21 de mayo -denuncia la SGHN-, se autorizó en el lugar una batida de jabalí "en plena temporada de reproducción y crianza tanto del escribano palustre como de multitud de especies de fauna con diversas categorías de protección a nivel autonómico, estatal y europeo".

La entidad recuerda que, según la Ley estatal 42/2007, "queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico". Por eso, la SGHN ha solicitado a la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia que proporcione toda la información relativa al caso, junto con los criterios seguidos para su aprobación y el nombre o nombres y cargos que ocupan la persona o personas responsables de su aprobación, y que se proceda "a la apertura inmediata de un expediente informativo para depurar las posibles responsabilidades administrativas y penales" del responsable o responsables que dieron luz verde a semejante actuación, "claramente contraria al espíritu y la letra" de la actual legislación estatal y autonómica.