El largo historial de incumplimientos ambientales de Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas hace inviable la reapertura de la mina de Touro

Para la agrupación vecinal «cabe preguntarse» como es posible construir «el mejor proyecto industrial-minero de Europa», como afirma el CEO de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira, «cuando la empresa que comanda acumula expedientes sancionadores», como el que la Junta de Andalucía le impuso a la minera en 2016 por graves incumplimientos en materia de seguridad laboral y protección medioambiental por superar el volumen de polvo en suspensión en la carga y vaciado de estériles en las escombreras de la mina onubense de Riotinto, que se suman a las sanciones recibidas a lo largo de años por vertidos no autorizados al dominio público hidráulico. En este sentido, «fueron los propios técnicos del Gobierno andaluz los que advirtieron del peligro de caída y volcado en las operaciones de vertido de estériles en depósitos y taludes que carecían de estudios geotécnicos de estabilidad» -señalan desde Cornado Mina Non-.

«Por otra parte y tan sólo dos años más tarde» -indica el colectivo-, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la autorización ambiental del proyecto «por obviar el procedimiento de exposición pública». Además, según se expuso en sede judicial en su momento, la mina había incumplido las condiciones impuestas tras el vertido de lodos al 70% de concentración en las balsas mineras, provocando filtraciones en la base de los muros por el efecto de las lluvias.

En estas circunstancias, «y en un ejemplo de libro de Greenwashing» -denuncia Cornado Mina Non-, desde la empresa se habla ahora de «balsas de residuos totalmente revestidas de plástico de descarga cero», olvidando que «la instalación obligatoria de geotextiles no soluciona en muchos casos el problema de los vertidos en minería a cielo abierto».

Situación equiparable en Explotaciones Gallegas

Cornado Mina Non señala que por su parte, «si Atalaya Mining tiene un pasado lleno de incumplimientos no hay más que echar una ojeada al de Explotaciones Gallegas para darse cuenta de que cualquier proyecto que planteen estas empresas va a ser problemático tanto para el medio ambiente como para la propia población».

Según detallan en su comunicado, Explotaciones Gallegas también acumula expedientes sancionadores, como los dos impuestos en 2018 y 2019 de 20.000 y 30.00 euros respectivamente por los vertidos de aguas residuales por desbordamiento al río Brandelos a la altura de la corta minera de Bama. En total, en los últimos años la mercantil ha recibido de Augas de Galicia hasta cuatro expedientes sancionadores que superan los 60.000 euros, conllevando «estas gravísimas irregularidades» la actuación por parte de la Fiscalía tras los reiterados episodios de vertido de la balsa de Bama al río Brandelos, alfuente del Ulla, y los vertidos tóxicos de la balsa de Angumil al dominio público hidráulico.

El nuevo proyecto de la mina de Touro es inviable a nivel ambiental y social 

Para Cornado Mina Non, «teniendo en cuenta estos hechos la realidad es que ni Atalaya Mining ni Explotaciones Gallegas como copartícipes de la empresa instrumental Cobre San Rafael están en condiciones de hablar públicamente de conceptos como ‘minería sostenible’, ‘minería responsable’ o de elaborar proyectos ‘con filosofía de vertido cero’ cuando ni tan siquiera son capaces de aplicarlos en su actividad cotidiana».

En este sentido, a juicio del colectivo, «la minera parece olvidar que la Administración gallega ya se ha posicionado por dos veces en contra de la reapertura del complejo minero» al afirmar que «no garantizaba la sostenibilidad ambiental» y la seguridad para la salud humana y los ecosistemas tras recibir informes técnicos «desfavorables» e «insalvables» de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia.