Redacción •  Galicia •  13/07/2025

Un tribunal dictamina la vulneración de la legislación sobre derechos humanos en un caso histórico de contaminación de la ganadería industrial

  • La población de As Conchas lleva años sufriendo la contaminación severa del embalse y del río : problemas de salud sin explicación, brotes severos de cianobacterias, un olor insoportable en el entorno, y todo debido a la contaminación por nitratos y bacterias de sus acuíferos.
Un tribunal dictamina la vulneración de la legislación sobre derechos humanos en un caso histórico de contaminación de la ganadería industrial

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dictado una sentencia histórica que confirma que las autoridades estatales y regionales han vulnerado los derechos humanos de los residentes, tanto según la Constitución Española como según la legislación europea de derechos humanos, al no gestionar la contaminación sin precedentes generada por cientos de explotaciones porcinas y avícolas en la comarca de A Limia.

La Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil han sido obligadas a adoptar de forma inmediata las necesarias para poner fin a los malos olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas y sus alrededores, restaurando así el pleno disfrute del derecho a la vida.

«Esta sentencia es una victoria sin precedentes frente a la ganadería industrial. Estamos muy esperanzadas por está nueva vía que se abre para todas las comunidades afectadas por la contaminación procedente de macroexplotaciones ganaderas. Por fin la población de As Conchas puede respirar tranquila, después de tantos años soportando un ambiente insalubre», ha valorado Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra.

Según la responsable de la organización ambientalista, «ahora las administraciones tendrán que tomar y estaremos vigilantes para lograr que se cumplan. Necesitamos un plan de reducción de la ganadería industrial y facilitar medidas la transición hacia una ganadería extensiva, la agroecología y modelos que respeten los límites de los ecosistemas y contribuyan a mantener un mundo rural vivo. Las administraciones deben velar por los derechos y la salud de la ciudadanía, y no dejaremos de reivindicarlo y apoyar a las comunidades locales que lo necesiten».

Las abogadas de ClientEarth y Amigas de la Tierra afirman que este caso abre el camino para que comunidades afectadas en toda Europa puedan presentar demandas similares y exigir justicia y protección a sus autoridades.

«El fallo decisivo de hoy marca el inicio del camino hacia la justicia para los demandantes, que llevan años sufriendo sin la protección de sus autoridades. También representa una oportunidad sin precedentes para las comunidades que viven en las llamadas ‘zonas de sacrificio’ en toda Europa», ha señalado Nieves Noval, abogada de ClientEarth.

«Este caso no se limita a Galicia; estos focos de contaminación están presentes en todas partes. Seguiremos apoyando a las personas que viven en “zonas de sacrificio” para exigir un cambio sistémico en nuestros sistemas alimentarios y para proteger sus derechos fundamentales», ha añadido.

La población de As Conchas lleva años sufriendo la contaminación severa del embalse y del río : problemas de salud sin explicación, brotes severos de cianobacterias, un olor insoportable en el entorno, y todo debido a la contaminación por nitratos y bacterias de sus acuíferos. Esta situación ha puesto en jaque a los negocios locales y la vida en el municipio se ha hecho totalmente inviable. A pesar de las pruebas científicas sobre la contaminación del embalse, las autoridades han seguido ignorando el problema, e incluso llegando a autorizar la celebración de un torneo de piragüismo durante uno de los muchos episodios de proliferación de cianobacterias tóxicas.

Un grupo de nueve demandantes, personas y organizaciones, entre las que se encuentra la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, apoyada por ClientEarth y Amigas de la Tierra, ha llevado el caso ante los tribunales . Se trata de una demanda histórica contra diversas administraciones, incluida la Xunta de Galicia, que denuncia, entre otras cuestiones, la inacción institucional frente a los impactos en la salud y el medio ambiente, y la permisividad de la expansión descontrolada de la ganadería industrial , a pesar de los reiterados daños demostrados.

Durante las vistas judiciales, los peritos presentaron pruebas con las que demostraban que los niveles de contaminación por nitratos en el embalse y la cuenca del río Limia han llegado incluso a superar en 1.000 veces lo permitido . Los nitratos son un factor de riesgo reconocido de diversos tipos de cáncer, como el de tiroides, mama, ovario, estómago, páncreas y vejiga. Los peritos también presentaron evidencias de la presencia de superbacterias resistentes a antibióticos, consideradas una de las diez principales amenazas para la humanidad.

«Después de tantos años de lucha incansable, de sentirnos abandonados y abandonados, ignorados por quienes debían protegernos, hoy por fin nos han escuchado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha reconocido lo que llevamos tanto tiempo denunciando: nuestros derechos han sido vulnerados por la inacción de las administraciones frente a la contaminación de la ganadería industrial», ha declarado Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos local y demandante en el caso.

En la sentencia histórica publicada hoy, el tribunal establece lo siguiente:

«Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes. Asi un medio ambiente sostenible es necesario para el pleno disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado, y al agua potable y el saneamiento, a la vivienda, a la participación en la vida cultural y al desarrollo».

Este caso histórico marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales frente a la contaminación de acuíferos ocasionada por la ganadería industrial . El mismo se basa en la Constitución española, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en normativa medioambiental europea y estatal para demostrar que las autoridades han incumplido su obligación legal de proteger a la población frente a los daños provocados por la contaminación del río Limia y del embalse de As Conchas.


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