La Tienda Republicana

Reunión estatal sobre Patrimonio con participación de Camineros

14/10/2019

Del 10 al 12 de este mes se ha celebrado en Málaga un encuentro de organizaciones defensoras del patrimonio procedentes de todo el Estado.  De la Sierra de Guadarrama han participado la Sociedad Caminera del Real de Manzanares y el Observatorio para la Conservación del Patrimonio de la Sierra. En las Jornadas han participado  entre otras docenas de asociaciones en defensa del Patrimonio, SOS Monuments, ICOMOS, Málaga REC, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Salvemos Cuatro Caminos, Federación por el Patrimonio de Castilla y León, APUDEPA, o ACRE.

El principal resultado del encuentro es la constitución de una Plataforma a nivel estatal en defensa del Patrimonio que sirva de centro de estudios y denuncia de la situación de nuestro patrimonio, a la vez que interlocutor con las distintas administraciones.

Los asistentes coincidieron en denunciar el incumplimiento sistemático por la Administración central y autonómica de su obligación constitucional de defender el patrimonio cultural español. Se analizaron y denunciaron varios casos sangrantes del abandono, cuando no connivencia con intereses privados, a la hora de conservar el patrimonio de todos.

La Sociedad Caminera destaco la importancia de los caminos públicos para conservar el patrimonio rural y como demasiados están cortados a su paso por fincas privadas,  la necesidad de unir voces para que se escuche a los pueblos que, aunque no tengan un gran patrimonio, el que tienen es una seña de identidad fundamental para ellos. Los casos del complejo KODAK de Las Rozas, del Palacio del Canto del Pico en Torrelodones, del poblado de Navalquejio en el Escorial, de la contaminación del cauce del rio Guadarrama, los molinos medievales en el Manzanares y el Guadarrama, o la olvidada calzada XXIV de Antonino,  entre otros ejemplos, fueron presentados como casos emblemáticos del abandono del patrimonio cultural.

La ponencia del Observatorio para la Conservación del Patrimonio de la Sierra destaco la necesidad de hacer o actualizar los catálogos de patrimonio municipales, que, pese a la obligación legal, muchos ayuntamientos serranos no tienen actualizado.

LAS ASOCIACIONES REUNIDAS EN LAS XV JORNADAS EN DEFENSA DEL PATRIMONIO ESPAÑOL CELEBRADAS EN MÁLAGA COINCIDEN EN DENUNCIAR QUE “LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SON CÓMPLICES EN LA DESTRUCCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL”.

Las XV Jornadas en Defensa del Patrimonio Español, organizadas por Málaga REC con la colaboración de SOS Monuments -bajo el título Ciudad VS Marketing-han tenido lugar en Málaga entre el 11 y el 13 de octubre, con sesiones en la Sala Cajamar de la Alameda, el Museo de la Aduana y el Centro Pastoral Pedro Arrupe. Esta cita de asociaciones, que se celebra anualmente, sigue trabajando sobre las premisas establecidas el año pasado en el Manifiesto de Boadilla:

Las asociaciones y plataformas participantes han coincidido en que las administraciones públicas incumplen sistemáticamente por acción u omisión con su obligación constitucional de defensa y preservación del Patrimonio Cultural.

Particularmente, se aprecia la constante connivencia de los responsables públicos con operaciones urbanísticas que amenazan edificaciones históricas, estén o no catalogadas, e incluso las reconocidas como Bienes de Interés Cultural (BIC).

Asimismo, las autoridades desprecian el papel de las asociaciones civiles que defienden los patrimonios amenazados, rechazando protegerlos, y obligando a la ciudadanía a recurrir a largos y penosos pleitos para impedir su destrucción.

Lejos de preservar el Patrimonio, estas malas prácticas administrativas están generando pérdidas irreversibles con una dinámica destructiva, produciendo un continuo deterioro de nuestras ciudades y paisajes.

Las asociaciones denuncian el incumplimiento constante del artículo 46 de la Constitución Española que establece que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”;e igualmente denuncian que los intereses particulares priman sobre los generales, cuestionando el carácter democrático de nuestra sociedad.

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