CGT-RENFE-ADIF de Barcelona: "una situación inadmisible"

21/02/2019

En el actual sistema ferroviario priman las grandes obras que dejan grandes beneficios a las empresas constructoras. Por lo visto no interesan las obras normales de construcción, renovación y mejora ferroviaria. A la lista del derroche en aeropuertos y autopistas innecesarias, ya se pueden sumar unas cuantas actuaciones en materia ferroviaria, sin olvidar que además el despilfarro en esas innecesarias infraestructuras implica durante muchos años una sangría de recursos para el mantenimiento, que en ningún caso estarán cubiertas con su explotación comercial e impiden otro tipo inversiones imprescindibles.

Foto: @laiiacamps

CGT-RENFE-ADIF de Barcelona expresamos nuestra preocupación por los trágicos sucesos acontecidos recientemente en la red de Cercanías de Catalunya. En tres meses la línea R-4 norte acumula dos víctimas mortales y un importante número de heridos, sin que por el momento haya visos de solución.

Unos acontecimientos, relacionados con el mundo del ferrocarril, que tienen el mismo origen que otros que vienen sucediendo en otros territorios del estado español y que también son noticia: líneas de tren obsoletas o semiabandonadas, retrasos injustificables, personas que se quedan literalmente “tiradas” y que han pagado su billete para viajar en un servicio público: el tren.

El Estado y sus sucesivos gobiernos, solo apuestan por las grandes obras de la alta velocidad y se han desentendido sin ningún escrúpulo de las inversiones necesarias para el mantenimiento de la red ferroviaria que se usa para las cercanías, los trenes regionales de media distancia y las mercancías.

En paralelo, hemos visto publicados en importantes medios de comunicación como desde el Tribunal de Cuentas se denunciaban los inadmisibles sobrecostes acumulados en la ejecución de proyectos vinculados al AVE (7.600 millones de euros en grandes estaciones) y, en particular, el cuantificado en Barcelona La Sagrera, donde el incremento supera el 500% respecto a los presupuestos iniciales. Con el dinero que literalmente “se ha evaporado” de las manos del Ministerio de Fomento y Adif, se podría haber modernizado la red ferroviaria de tipo convencional, mejorando las vías, sistemas de seguridad, trenes, talleres, etc.

También hemos visto publicado, el pasado mes de enero, como se cuestionaba desde la Unión Europea la imparcialidad y los métodos de trabajo vinculados a organismos públicos que desempeñan tareas de investigación de accidentes ferroviarios (Angrois, O Porriño, entre otros), así como el sistema de homologación de líneas y trenes, hasta el punto de anunciarse formalmente la apertura de un procedimiento de infracción a España.

No hace falta ser malpensado para vincular unos datos con otros y llegar a establecer algunas conclusiones incuestionables. La primera de ellas es que nuestras autoridades hace años que no tienen como prioridad el bienestar de la ciudadanía sino la satisfacción de un puñado de grandes empresarios.

En el actual sistema ferroviario priman las grandes obras que dejan grandes beneficios a las empresas constructoras. Por lo visto no interesan las obras normales de construcción, renovación y mejora ferroviaria. A la lista del derroche en aeropuertos y autopistas innecesarias, ya se pueden sumar unas cuantas actuaciones en materia ferroviaria, sin olvidar que además el despilfarro en esas innecesarias infraestructuras implica durante muchos años una sangría de recursos para el mantenimiento, que en ningún caso estarán cubiertas con su explotación comercial e impiden otro tipo inversiones imprescindibles.

Otra conclusión evidente es que las prioridades y métodos de los sucesivos gobiernos no son los que a nuestra organización y a la mayoría de las plataformas ciudadanas de usuarios del ferrocarril entendemos como preferentes en función del servicio público que la sociedad necesita.

Se hace necesario, entonces, cuestionar las actuales políticas ferroviarias y sus estrategias de faraónicas y costosísimas obras. Estas luego carecen del valor para adaptarlas realmente a las necesidades, tanto de seguridad como de funcionalidad ferroviaria, y no repercuten en un beneficio a la ciudadanía ni a la tranquilidad de las personas que viajamos en un tren que es de todos y para todos, no solamente para las élites.

Sin olvidar el necesario control presupuestario y de las cuentas públicas que nos permita disponer del ferrocarril que nos merecemos, en lugar de padecer las consecuencias de otra estafa social que se tiñe de negro por el duelo de las víctimas.

En el ferrocarril vivimos una situación absolutamente inaceptable. Como inaceptable es que algunos colectivos de trabajadores del ferrocarril como buena parte de la ciudadanía que utiliza el servicio de Rodalies (sobre todo en la R-4), ante la magnitud de lo acontecido en estos días, empiece a asomar un sentimiento de inseguridad y desconfianza hacia los organismos que deben de velar por la seguridad de un servicio público indispensable.

El servicio entre las estaciones de Sant Vicenç de Castellet y Manresa permanece interrumpido desde el fatídico accidente del pasado 8 de febrero. Para el Adif, responsable de la infraestructura y la circulación ferroviaria, la situación ha vuelto a la normalidad. A petición de Renfe Viajeros no circulan trenes.

Desde CGT nos reiteramos en nuestra oposición a que se reanude el servicio mientras no se adopten las medidas necesarias para evitar que se produzca de nuevo situaciones similares y que la seguridad en la circulación quede plenamente garantizada.

El aumento de circulaciones en la R-4 hace necesario que se invierta en la modernización y el mantenimiento de la línea y los dispositivos que controlan el tráfico ferroviario, siendo el tramo de Terrassa a Manresa uno de los que dispone de los sistemas más anticuados de gestión de tráfico, condición que no contribuye a reducir el número de incidencias.

CGT defiende un ferrocarril público y social.

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