Ganemos Madrid: «poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios de la EMVS»

Uno de los sustanciales cambios impulsados por Ahora Madrid desde el gobierno del Ayuntamiento de la capital fue que la EMVS suspendiese los procedimientos de lanzamiento sobre sus viviendas en septiembre de 2017, favoreciendo así que dejasen de producirse desahucios en propiedades de este organismo público. Se trataba de un pequeño pero positivo paso adelante en la línea de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. Además, desde los departamentos de servicios sociales, especialmente de las juntas de distrito, se han dedicado muchos esfuerzos para evitar desahucios o desalojos de primera vivienda y para garantizar alternativas habitacionales caso de no poder frenarlos.

Sin embargo, en el último mes la política en materia desahucios del Ayuntamiento de Madrid ha cambiado, aunque lamentablemente no lo ha hecho con el fin de dar cumplimiento a los compromisos electorales de Ahora Madrid. Las últimas decisiones en materia de vivienda han marcado un triste hito, un camino extremadamente grave que ni puede ni debe continuarse. En el último mes, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo,  financiada con dinero público, ha ejecutado un desahucio en el distrito de Moratalaz y tenía previsto otro el 4 de abril en Moncloa-Aravaca, que debido al esperable despliegue policial ha desembocado en la entrega de llaves por parte de la cabeza de familia, la cual sólo cuenta con 460 euros de ingresos. En ambos casos hay menores entre las familias afectadas. Este próximo viernes 6 de abril, si no se logra un aplazamiento, se producirá un nuevo desahucio de una persona vulnerable a instancia de la EMVS en el distrito de Latina.

Esta decisión de denunciar desde el Ayuntamiento a personas que residen en viviendas de la EMVS viene a terminar con los efectos de la resolución que el pasado mes de agosto la delegada del Área de Derechos Sociales, Marta Higueras, dictó con el fin de paralizar cautelarmente el desahucio de familias que estuvieran habitando en viviendas públicas. Esta orden se dictó, según declaró la propia Marta Higueras, para responder a situaciones en las que quedaba en entredicho el derecho universal a una vivienda digna y adecuada, tal como establecen las legislaciones europea e internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 47 de la Constitución Española.

Es alarmante que el propio Ayuntamiento de Madrid asimile el perverso papel de las entidades bancarias y se convierta en promotor y agente necesario en los procesos de desahucio, denunciando a familias que actualmente habitan en viviendas de la EMVS, con la gravedad añadida de dejar en la calle a menores sin ofrecer una alternativa habitacional, negando así el derecho ya reconocido por la sentencia 1797/2017 del Tribunal Supremo, que obliga a los poderes públicos a proteger a los menores ante situaciones de riesgo. De igual manera se ignora la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que son las administraciones públicas las garantes y responsables últimas del derecho a la vivienda y, por tanto, quienes deben procurar una solución habitacional frente a los desalojos forzosos, en especial cuando afecta a colectivos vulnerables como son los niños y las niñas.

Nuestro mensaje en 2015 era claro: “Nos comprometemos a poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda, así como para garantizar una alternativa habitacional a sus habitantes”. Un Madrid sin desahucios fue uno de los ejes fundamentales sobre los que se construyeron los acuerdos que posibilitaron, primero, la configuración de Ahora Madrid y, unos meses después, nuestra entrada en el gobierno municipal.

No es aceptable que desde el Ayuntamiento de Madrid se fomente la competitividad entre los más pobres y mucho menos que se dé de lado a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema sin ofrecer una alternativa habitacional digna.

Por lo expuesto, instamos a poner en marcha medidas de calado tales como la construcción de vivienda social, a movilizar el amplio parque de vivienda vacía que hay en toda la ciudad, la mayor parte de las veces en manos de especuladores que solo buscan el beneficio propio, aplicando para ello todas las medidas tributarias, jurídicas o de otra índole, que puedan facilitarlo.
Primero dar una solución estable para las familias afectadas por los lanzamientos ejecutados, así como paralizar inmediatamente cualquier otro lanzamiento que pudiese tener previsto.