Eduardo Montagut Contreras •  Memoria Histórica •  16/03/2017

Argumentario de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía

Incluimos en este artículo el argumentario del PSOE-Andalucía sobre la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Parlamento de Andalucía:

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Argumentario

15-03-17

 (…) “si hay algo inobjetable desde cualquier punto de vista -por imperativo del respeto debido a la dignidad de todas las personas (art. 10,1º de la Constitución), y hasta por razones de policía sanitaria mortuoria- es que los restos de quienes hubieran sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento. Y tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles”

Auto del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012

 

“La transición a la democracia,vista en perspectiva del tiempo transcurrido, dio unos resultados políticos positivos, ya que permitió superar la división creada por la Guerra civil y la dictadura, institucionalizó la vida democrático y creó espacios de convivencia”.

Exposición de motivos (apartado II) del Dictamen de Ley de Memoria Democrática aprobada en la Comisión de Cultura el 22-02-2017

 

¿POR QUÉ UNA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA EN ANDALUCÍA?

·         Andalucía con esta ley de Memoria Democrática salda una deuda con las víctimas de la represión franquista y con sus familiares. Son miles los andaluces y andaluzas a los que va dirigida, miles de familiares que llevan décadas demandando amparo por parte de los diferentes gobiernos del Estado y que solo en Andalucía están viendo recogidas sus aspiraciones de verdad, justicia, reparación y no repetición con las víctimas.

·         Hace más fuerte y sólida a nuestra democracia. Solo conociendo la verdad se pueden evitar actitudes del pasado

·         Una Ley de todos/as y para todos/as que no pretende reabrir heridas, sino cerrarlas definitivamente para las víctimas y sus familiares.

·         Un proyecto que asume las recomendaciones de la ONU en el ámbito de nuestras competencias. Las políticas de memoria de la Junta de Andalucía van en línea con los diferentes informes de Naciones Unidas en los que se pide que las políticas memorialistas pasen del ámbito privado al público.

·         El Gobierno central ha dejado de aplicar de facto la Ley de Memoria Histórica de 2007 al suprimir las dotaciones presupuestarias para su desarrollo. Los organismos internacionales han criticado severamente la política del Gobierno de la nación en esta materia. Se trata de un desprecio absoluto a las víctimas y a sus familiares.

¿DE DÓNDE VENIMOS? EL PSOE-A COMPROMETIDO CON LA MEMORIA

·         El Grupo Parlamentario Socialista varias enmiendas ha presentado enmiendas al texto que han mejorado su redacción y que recogen demandas del movimiento memorialista. 

·         Este proyecto de ley se sustenta en sólido pilares y en una experiencia de casi 20 años de políticas de memoria en nuestra CCAA

·         Andalucía como pionera en el desarrollo de políticas de memoria en España

·         Es la culminación de proceso que nace en el año 2001 con el Decreto de indemnizaciones a expresos/as políticos y que ha desarrollado normas tan determinantes como:

–          Decreto 333/2003, de 2 de diciembre, por el que se establecen indemnizaciones a ex-presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por un período superior a tres meses e inferior a tres años, como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

–          Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra.

–          Decreto 372/2010, de 21 de septiembre, por el que se establecen indemnizaciones a mujeres que sufrieron formas de represión de la dictadura franquista sobre su honor, intimidad y propia imagen.

–          Creación del Comisariado para la Memoria Histórica de Andalucía en el año 2005 como oficina de atención a las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista.

–          Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía.

·         Este proyecto de ley desarrolla muchos aspectos de la Ley de Memoria Histórica de 2007 en consonancia con lo expresado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que consideró la norma estatal como de “limitado alcance”.

UN PROYECTO BASADO EN EL PRINCIPIO DE COLABORACIÓN

·         Es la reparación de las víctimas y sus familiares el principal objetivo de este proyecto de ley por ello se ha contado con ellas en la redacción del proyecto y en el trámite parlamentario para que pongan “voz” a esta ley.

·         Se trata de un proyecto de ley que nace con la participación directa de las víctimas y de muchas asociaciones memorialistas de Andalucía y que se ha visto enriquecido en su trámite parlamentario.

·         Andalucía es un ejemplo a seguir en políticas públicas de Memoria Democrática.

·         Desde la Junta se ha trabajado y se seguirá haciendo en colaboración y el máximo rigor posible. Solamente cooperando es posible hacer una política de memoria efectiva.

·         El papel de los Ayuntamientos es clave en la mayoría de las actuaciones que se están llevando a cabo en Andalucía. Su interlocución con los familiares-vecinos es fundamental.

·         La implicación de las Diputaciones ha sido fundamental para llevar a cabo muchas actuaciones. La Diputación de Cádiz tiene un servicio exclusivo de atención a víctimas de la represión franquista.

·         Las Universidades han sido (Mapa de fosas, investigación de los Tribunales de Responsabilidades políticas, etc.) y serán claves para el desarrollo de esta ley.

 

 

La reparación y las garantías de no repetición no deben ser asuntos de política partidista, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos los ciudadanos

 


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