España mantiene transferencias de material militar israelí para Airbus tres meses después de aprobar el embargo

Tres meses después de que el Gobierno aprobara un embargo de armas a Israel como gesto político ante la ofensiva en Gaza, España sigue autorizando la transferencia de material militar y tecnológico de origen israelí. La decisión ha reavivado las críticas sobre el alcance real de la medida y ha puesto en cuestión la coherencia de la política exterior del Ejecutivo.

La última autorización, conocida a finales de diciembre, permite la incorporación de tecnología israelí a programas industriales vinculados a la defensa europea, en particular a proyectos desarrollados por Airbus. Desde el Ministerio de Defensa se insiste en que se trata de componentes de carácter “industrial” o “de doble uso” y que no están destinados directamente a operaciones militares, una distinción que el Gobierno considera clave para justificar la excepción.

El Gobierno mantiene que estos proyectos de Airbus “se consideran indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y para preservar miles de empleos de alta cualificación en España” y “que no existen alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles”.

Sin embargo, esta interpretación choca con el espíritu del embargo aprobado en septiembre, que fue presentado como una suspensión de las relaciones militares con Israel. El decreto, impulsado tras semanas de presión parlamentaria y movilización social, prohibía la exportación, importación y tránsito de material militar y de doble uso susceptible de emplearse con fines armamentísticos. La expectativa, tanto dentro como fuera del Congreso, era que la medida supusiera un corte efectivo de los vínculos en este ámbito.

Un embargo con excepciones

La autorización concedida a Airbus ha sido defendida por el Ejecutivo como una decisión pragmática. Según Defensa, no existen alternativas inmediatas para sustituir ciertos componentes israelíes sin poner en riesgo programas estratégicos y miles de empleos asociados a la industria aeronáutica. El Gobierno sostiene que romper de forma abrupta estos contratos tendría un impacto económico y tecnológico difícil de asumir.

Estas excepciones vacían de contenido el embargo. El Ejecutivo mantiene, de facto, una cooperación militar encubierta bajo la etiqueta de “interés nacional”. La distinción entre material militar e industrial resulta artificial cuando se trata de tecnologías desarrolladas por empresas profundamente ligadas al complejo militar israelí.

“La medida se presentó como un embargo total, pero en la práctica se ha convertido en un embargo selectivo”, critican fuentes parlamentarias, que hablan de una brecha entre el discurso político del Gobierno y sus decisiones administrativas.

La decisión ha tenido efectos dentro de la propia coalición de gobierno. Algunos socios parlamentarios que respaldaron el embargo han expresado su malestar y reclaman mayor transparencia sobre las autorizaciones concedidas desde su entrada en vigor. El debate ha reabierto viejas tensiones sobre el papel de España en el comercio internacional de armas y el peso que la industria de defensa sigue teniendo en la toma de decisiones.

Más allá del ámbito político, el caso ha erosionado la credibilidad del embargo como herramienta de presión diplomática. Para buena parte de la opinión pública que apoyó la medida como una respuesta ética a la guerra en Gaza, la continuidad de las transferencias confirma que el embargo fue, en gran medida, simbólico.

Críticas

Izquierda Unida criticó duramente que el Gobierno retrasara repetidamente la aprobación del decreto de embargo de armas, acusando al PSOE de incumplir acuerdos de coalición y de debilitar la respuesta política frente a la guerra en Gaza. Antonio Maíllo, coordinador general de IU, llegó a proponer que los ministros de Sumar no asistieran a Consejos de Ministros hasta que se aprobase el embargo. En octubre, IU advirtió de que no se puede “violar” el embargo de armas, respaldando investigaciones a empresas que supuestamente habían vendido acero para material militar a Israel, y subrayando la necesidad de una aplicación firme del compromiso ético contra un Estado acusado de genocidio.

Sumar ha pedido además al Gobierno que publique un calendario claro para sustituir progresivamente la tecnología militar israelí usada en programas españoles y europeos, reclamando más transparencia y compromiso con la independencia tecnológica en defensa.

Podemos ha denunciado que, mucho antes de que entrara en vigor el embargo, el Gobierno no solo no había detenido el comercio armamentístico, sino que en algunos casos lo había continuado de facto. Belarra y otros portavoces han sostenido que España sigue manteniendo relaciones tecnológicas y militares con Israel, lo que convierte al decreto en “una norma que no cambia nada real” y que permite que las transacciones de armas y material sigan ocurriendo.

Aunque finalmente Podemos votó a favor de la convalidación del decreto para asegurar que saliera adelante en el Congreso, la formación lo hizo con fuertes reservas y bajo la advertencia de que seguirían presionando para que se aprobasen medidas más contundentes. Por ejemplo, expresaron que su apoyo no debía servir de excusa para que el PSOE no profundizase en la ruptura total de relaciones militares con Israel.

Por su parte, la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel denuncia que la luz verde a nuevas transacciones con Israel “demuestra lo que alertamos desde hace meses: que este Real decreto-ley no es un embargo integral de armas a Israel”, y añade que “cada cláusula de excepción es un agujero por el que se cuela la complicidad. No es un texto que frene todo el comercio de armas con Israel”.

Concluyen que la «decisión convierte en papel mojado el compromiso anunciado por el Ejecutivo y demuestra lo que ya venimos alertando desde hace meses: el RDL es un colador lleno de agujeros y ahora el Gobierno ha puesto en práctica el más peligroso, las excepciones. Lo decimos alto y claro: no pueden haber excepciones con un estado que está cometiendo un genocidio«.