Denuncian el intento de legalizar el criadero de mosca soldado negra junto al río Guadarrama
- La Plataforma Ecologista Madrileña solicita que se emita informe de impacto ambiental negativo del proyecto de cría de la mosca soldado negra en Navalcarnero por omitir actividades industriales relevantes y situarse en una zona ambientalmente protegida y con riesgo de inundación y por haberse iniciado sin autorización. También alerta de la acumulación de productos químicos peligrosos cerca del río, del elevado consumo de agua, de una deficiente gestión de las aguas residuales y de su inviabilidad urbanística.

La Plataforma Ecologista Madrileña formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, ha presentado alegaciones al procedimiento de evaluación ambiental simplificada del proyecto de “Producción y transformación de Hermetia illucens como conversor de materia orgánica” que la empresa OGIC Informática SLU desarrolla en la antigua fábrica de cartón Papelera de Centro SA (cerrada desde diciembre de 2008), situada junto al río Guadarrama, en el municipio madrileño de Navalcarnero. Denuncian que la actividad se ha iniciado sin autorización previa y que el Ayuntamiento ha tenido que cercar las instalaciones tras comprobar su funcionamiento irregular, según publicaron diversos medios de comunicación.
El proyecto consiste en la cría de la mosca soldado negra ( Hermetia illucens ) para la transformación de las larvas en productos como grasas, ácidos grasos y proteínas con destino a la fabricación de harina para alimentación animal. Una actividad que se considera agropecuaria. En un intento de legalizar esta actividad y sus instalaciones, el promotor ha solicitado al Ayuntamiento de Navalcarnero la concesión de calificación urbanística que requiere de una evaluación ambiental previa. La evaluación ambiental es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid a quien se ha dirigido el Ayuntamiento de Navalcarnero para que proceda a su tramitación.

Para poder evaluar ambientalmente el proyecto, el promotor, está obligado a presentar un documento ambiental en el que se recoja toda la información de la actividad y una descripción de los posibles efectos ambientales. Los colectivos ecologistas critican que ese documento ambiental describe de manera insuficiente la actividad principal y sus efectos pero además, introducen una segunda actividad industrial que sigue operando en paralelo: la fabricación o manipulado de cartón que se intuye pero no se describe. Esta omisión impide una evaluación real del impacto ambiental conjunto, al no haber analizado el efecto acumulativo de ambas operaciones.
Las asociaciones que forman la Plataforma Ecologista Madrileña alertan también sobre la ubicación del proyecto en suelo no urbanizable de protección, donde el plan general de ordenación urbana de Navalcarnero no permite la actividad industrial. Está dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, con parte de sus instalaciones ocupando zona inundable e invadiendo la zona servidumbre pública. A ello se suma el uso de un pozo situado en zona de máxima protección del Parque Regional, con una concesión de agua que ya se vería superada en el segundo año de actividad, sin garantía de sostenibilidad ni de que no se estén utilizando otras captaciones no autorizadas.
Otro motivo de preocupación es el almacenamiento de productos peligrosos como ácido clorhídrico y sosa cáustica, necesarios en los procesos de la transformación de las larvas de la mosca soldado negra, a escasos metros del río y sin haber definido adecuadamente el tratamiento de las aguas residuales. Tampoco se incluye en el documento un estudio del impacto sobre la fauna piscícola del río Guadarrama, a pesar del evidente riesgo de contaminación por vertidos accidentales.
Por todo ello, ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura , solicitan a la Consejería de Medio Ambiente que emita un informe de impacto ambiental desfavorable , que se exija la paralización inmediata de toda actividad y que se descarte autorizar ningún proyecto industrial en una zona de tan alta sensibilidad ecológica.