«El confesionalismo de las instituciones y autoridades públicas granadinas»: Balance anual 2025 de Granada Laica

Granada Laica ha presentado un balance o informe sobre las vulneraciones a la aconfesionalidad del Estado en la provincia granadina durante 2025 por parte de las instituciones y autoridades públicas.

Denuncia que, como cada año, se han sucedido los agravios a la ciudadanía por parte de quienes, desde sus cargos públicos, olvidan que deben respetar las diversas convicciones de las personas, evitando favorecer o menoscabar a unas u otras de cualquier modo, lo que incluye no participar a título público en actos de carácter religioso como misas, procesiones, ofrendas u otros, ni otorgarles ningún tipo de prebenda.

La larga «lista de la vergüenza» de autoridades e instituciones que en 2025 agraviaron con su comportamiento discriminatorio a la ciudadanía, Granada Laica la resume señalando cronológicamente los principales hitos confesionales durante el año. Entre ellos, destacan los actos religioso-militares del día de la Toma (2 de enero), la invasión cofradiera de las calles en semana santa (pero también el resto del año), los actos del Corpus, los honores y cultos a la Virgen de las Angustias durante todo septiembre, y la proliferación de belenes y más simbología religiosa por Navidad.

En 2025, las cofradías recibieron al menos 300.000 euros del Ayuntamiento, la Diputación, y la Junta de Andalucía, además de otros tipos de ayudas y prerrogativas. Sumen los gastos que sus actividades generan en Policía municipal, limpieza de calles, etc.

En las fechas señaladas y otras, y en casi todos los municipios de la provincia, participaron en cultos, procesiones y ofrendas religiosas la mayoría de los alcaldes o alcaldesas, más concejales, diputados, autoridades de la Policía, Guardia civil y Fuerzas Armadas, y en ocasiones de la Judicatura y la Universidad. Ha destacado la frecuente participación en eventos religiosos de la alcaldesa de Granada y otros políticos del PP, pero no se han quedado muy atrás los del PSOE y VOX. Y, entre la presencia militar, ha sobresalido (por su frecuencia y porque se ocupa de la gestión del conocimiento, formación y desarrollo doctrinal del Ejército), la beatería del MADOC.

Se han nombrado 3 nuevas alcaldesas o alcaldes perpetuos en la provincia, y ya van 23. Los honores civiles y militares a entes del más allá suman ya 44, y, es muy lamentable que, de ellos, 38 se hayan producido en democracia y sólo 6 sean del franquismo. Es uno de los indicadores de que, medio siglo después de la muerte del dictador, su infame legado nacionalcatólico sigue demasiado vivo.

La televisión pública municipal de la capital, TG7, exhibió un confesionalismo continuo, más propio de un medio de la Iglesia o de ese nacionalcatolicismo.

Granada Laica no olvida que aproximadamente la mitad de los niños y niñas están sometidos a adoctrinamiento religioso en la escuela (otra herencia nacionalcatólica), y algunos han participado en procesiones y otros actos religiosos escolares. También recuerda que no se ha revertido lo más mínimo el expolio que supuso la inmatriculación para la Iglesia en Granada de más de 500 edificios, fincas, solares y casas. Y que deja de pagar casi 3 millones de euros cada año por el IBI.

El año lo ha rematado el Ayuntamiento con el voto a la Virgen de las Angustias para que proteja a la capital de los terremotos. Este esperpento indica que estamos ante un confesionalismo antidemocrático que no sólo no respeta la neutralidad estatal en cuestiones de creencias, ni por tanto a la ciudadanía, sino que carece de sentido del ridículo.

Granada Laica concluye su balance de 2025 exigiendo que las instancias, autoridades y cargos públicos, civiles y militares, se abstengan en adelante de participar en actos de cualquier ideología o creencia particular (los aquí citados y tantos otros), y de otorgar privilegios a organizaciones religiosas. Además, apremia a las fuerzas políticas para que se reviertan las prerrogativas hasta ahora concedidas en diversos ámbitos, en acatamiento de la aconfesionalidad estatal y por respeto a toda la ciudadanía.