La Confederación de STEs-i se solidariza con el colectivo Preguntar No Es Delito de Cantabria, juzgado por defender la enseñanza pública

En dicho evento titulado “Tengo una pregunta para usted” participaba el entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego, del Partido Popular, que denunció como un supuesto escrache violento lo que simplemente era una protesta pacífica de un grupo de personas (básicamente estudiantes y algún docente) a las que no se había dejado acceder al acto.

Tres años después, y tras un proceso plagado de irregularidades, se está juzgando a seis jóvenes y aun profesor para los que se piden penas de 35.000 euros de multa y un año de prisión e inhabilitación. Todo ello se inscribe dentro de la reacción represiva que mantuvo la Administración del Partido Popular de Cantabria frente a las movilizaciones que venía desarrollando la comunidad educativa en defensa de la enseñanza pública. En aquel mismo contexto también tuvieron  que sentarse en el banquillo dos miembros de la Junta de Personal Docente (uno de ellos liberado del STEC) acusados de desórdenes por haber realizado un encierro en la Consejería de Educación. Ambos salieron absueltos.

Esto es lo que todos y todas deseamos y exigimos: la total absolución de estas siete personas que han demostrado, aportando testigos y vídeos de los supuestos incidentes, que se trató en todo momento de una protesta pacífica y civilizada, como todas las que hubo durante las movilizaciones que en aquellos momentos se llevaron a cabo contra los recortes educativos y la LOMCE.

A esta Confederación le preocupa enormemente que hayan pasado cosas (y puedan seguir pasando) como las que denuncia el colectivo Preguntar No Es Delito: que se prohíba el acceso a un acto abierto en una universidad pública, que se disuelva violentamente la protesta pacífica que se organizó contra esta prohibición, y que después se inicie un proceso judicial en el que se solicitan penas muy graves y que pueden tener consecuencias muy duras para la vida de estos jóvenes. El objetivo parece claro y no es otro que el de criminalizar las movilizaciones, escarmentar a los que participaron y, sobre todo, amedrentar a todas aquellas personas que en el futuro se planteen protestar contra las políticas antisociales de los gobiernos de la derecha. Es por todo ello que la Confederación de STEs-i muestra su total apoyo a estas siete personas y hará todo lo que esté en sus manos por difundir en todos los territorios del Estado español la denuncia de estos hechos tan graves.

Secretariado de la Confederación de STEs-intersindical.

30 de octubre de 2017